“Los sampedranos tienen que conocer la verdad y tener a su alcance las pruebas”, dijo ayer la abogada Maribel Espinoza, quien fungió como representante legal de Sulambiente desde su constitución.
La togada considera que han sido dos corporaciones las responsables de la crisis que enfrenta en este momento la Municipalidad: la presidida por Óscar Kilgore por anular el proceso de licitación y la de Rodolfo Padilla por ignorar un acuerdo de transacción que ya estaba firmado, el que de haberse cumplido por la Municipalidad hubiera evitado el pago de la millonaria condena fijada en la sentencia.
Espinoza conversó ampliamente con LA PRENSA.
“Efectivamente, yo representé al consorcio Agac y Otros que estaba formado por un grupo de sociedades italianas siendo la principal accionista Agac s.p.a, la sociedad Acea S.pA., Ama International S.P.A, Heca S.P.A y una participación minoritaria de una entidad hondureña Eterna S.A, de apenas 25 acciones, quienes ganaron una licitación pública internacional y les fue adjudicado el concesionamiento para la recolección de la basura en el municipio de San Pedro Sula”, dijo.
Acciones
Según la abogada, posteriormente a raíz de las decisiones arbitrarias adoptadas por el alcalde Óscar Kilgore en su corporación, mediante las cuales se anuló ilegalmente el proceso licitatorio, sus representadas se vieron en la obligación de interponer las acciones judiciales correspondientes, se ganó el caso, y en ese momento al final del periodo de Óscar Kilgore se buscó una transacción de parte de la Municipalidad”.
Hasta ese momento, según la abogada, sus clientes italianos estuvieron de acuerdo e incluso se firmó un documento en el cual las entidades renunciaban a la indemnización establecida en la sentencia a cambio de celebrar el contrato de servicio.
Pero, sus representadas Enia Y Acea al darse cuenta de la poca seriedad de los funcionarios solicitaron autorización a la propia Municipalidad para vender sus acciones a inversionistas locales y esta lo autorizó en la transacción celebrada.
La profesional del derecho explicó que la sociedad Agac spa, posteriormente denominada Enia SpA, vendió sus acciones, al igual que Acea spA, y quien adquirió esas acciones fue Agac de Centroamérica S.A., una compañía local constituida por accionistas hondureños.
Espinoza dijo no conocer a esos inversionistas. “Esta compañía Agac de Centroamerica S.A., compró un número de acciones muy importantes y representé a las vendedoras en el proceso de venta”.
Refirió que hasta la fecha de su retiro como apoderada quedan únicamente como socios de Sulambiente S.A., la sociedad Agac de Centroamérica S.A., Ama International SpA, Heca SpA que sólo tiene 375 acciones y Eterna que tiene 250 acciones en este momento.
“Quiero dejar constancia de que Eterna S.A. como entidad mercantil y el señor Alberto Díaz Lobo desde que se inició este juicio dejó de participar activamente en la sociedad, es titular de 250 acciones, y no tiene participación ni en la administración de la sociedad ni en ninguna de las decisiones que se han adoptado en la misma”, indicó.
Verdaderos responsables
Manifestó que en 2007 fue nombrada secretaria cuando sus clientes Acea spA y Enia no habían sido totalmente pagadas; pero al haberse cumplido el contrato de compraventa de sus acciones renunció al cargo como secretaria de la sociedad.
Enfatizó que lamentablemente las decisiones adoptadas por el exalcalde Rodolfo Padilla, quien luego de firmado el acuerdo por Kilgore lo ignoró, quedando sin efecto el mismo, causó que la ciudad esté ahora postrada ante una sentencia condenatoria firme.
Señaló que hoy dicen que Sulambiente S.A. es responsable de los daños ocasionados a la ciudad; pero distorsionan los hechos porque la responsabilidad es de los funcionarios que contrariaron la ley.
“Yo ya no soy la apoderada de Sulambiente S.A. porque decidí voluntariamente retirarme del caso y sustituí el poder apartándome definitivamente del caso y tampoco se han cobrado aún judicialmente los honorarios profesionales y para mí es importante que la ciudad de SPS tenga ese conocimiento”, enfatizó.
Explicó que todas las decisiones que tomaron sus representados con respecto a la transacción que se iba a celebrar constan en el registro mercantil y por ende son públicas.
Informe municipal tiene “imprecisiones graves”
La abogada Espinoza criticó el informe elaborado por la Procuraduría Municipal en febrero de 2010 y presentado a la Corporación, lo calificó como un informe inexacto y erróneo.
“Es el acta donde se emitió el último consejo de administración que se encuentra inscrito en el registro público, en donde se eligió a Augusto Montanari presidente, Pier Luigi Bartolini como vocal, Roy Morales Tábora como vocal, Maribel Espinoza como secretaria, y como comisario al señor Francisco Donaldo Montoya”.
Aclaró que las imprecisiones son tan graves que se refieren a la sociedad Aguas de San Pedro S.A, ASP, sin que dicha sociedad o sus socios tengan relación directa o indirecta con Sulambiente S.A. confundiendo al público, pues no tienen ninguna participación accionaria en Sulambiente S.A. ni viceversa.
“Había algunos socios de ASP al inicio del proceso licitatorio; pero ante las arbitrariedades de las administraciones municipales decidieron vender sus acciones y para mí la peor es la de Padilla Sunseri porque al ignorar la transacción a que se había llegado lo único que hizo fue condenar a San Pedro Sula a pagar una millonaria condena de 6 millones de dólares”.
La abogada explicó que la sentencia tiene el carácter de cosa juzgada que nadie en un Estado de derecho puede modificarla, lo que significa que lo único que puede hacer el alcalde Juan Carlos Zúniga es pagar.
