Enfática, clara e invocando la carta “esplendor de la verdad” de Juan Pablo Segundo, la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira pidió al presidente Porfirio Lobo Sosa y al del Legislativo, Juan Orlando Hernández, que le digan la verdad al pueblo hondureño. “Señores, no traten de justificar algo injustificable. Señores, la Constitución de la República se respeta, en Honduras, el presidente de la República y el del Congreso juraron respetar la Constitución y las leyes, cosa que ustedes señores no han hecho a cabalidad”, afirmó Cruz.
A raíz de la separación el pasado 12 de diciembre de los magistrados Rosalinda Cruz Sequeira, Gustavo Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gaekel y José Antonio Gutiérrez Navas de sus cargos en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la crisis judicial se ha prolongado.
Ayer los magistrados destituidos, con la excusa de Gutiérrez Navas que se encuentra en París, Francia, acudiendo a instancias internacionales, rechazaron la conformación de la nueva Sala Constitucional, la cual quedó conformada por Óscar Chinchilla, como presidente; Silvia Santos, German García, Víctor Lozano y Elmer Lizardo
“Lamentamos que en un Estado de derecho se esté haciendo esto, hoy (ayer) es un jueves negro para Honduras, porque se está conflagrando un golpe de Estado en su plenitud, se está perpetrando el delito de traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Los actos que ellos -los nuevos magistrados- realicen son nulos absolutamente y es una vergüenza internacional y nacional que las autoridades de Honduras estén procediendo de esta manera y lo digo enfática y claramente con la verdad en las manos”, manifestó Cruz.
“Se les cae la mentira”
Según Cruz Sequeria, desde 2010 el Ejecutivo y el Legislativo se vienen enfrentado con el Poder Judicial, específicamente con la Sala Constitucional, por declarar inconstitucionales algunas leyes, lo cual ha molestado a los otros dos Poderes del Estado.
“Realmente el hecho de no poder manejar a cuatro magistrados, los que siempre estuvimos apegados a derecho y al no encontrar ningún motivo, ninguna causal, improvisaron acusándonos de que estamos coludidos con el crimen organizado ofreciendo presentar esas pruebas.
Públicamente hemos pedido esas pruebas y ya casi ha pasado un mes y no las han presentado”, expresó la magistrada haciendo referencia a lo que argumentó el titular del Congreso Nacional de tener pruebas de la conducta de los cuatro magistrados como videos de reuniones con miembros del crimen organizado.
“Esta es una absurda acusación, ya llevamos casi un mes y no han presentado esas pruebas. Han ido saliendo mentira sobre mentira porque las razones por las que nosotros fuimos separados de nuestros cargos, se están cayendo por su propio peso.
Las supuestas causas de nuestra separación en la cual es una intervención directa por un proyecto de fallo de la Sala Constitucional que no era firme queda totalmente desvirtuado con la admisión de la Ley Orgánica de la Policía Nacional”, aseguró la magistrada.
Agregó que el Congreso los destituyó por los fallos en contra de proyectos como el de ciudades modelos, ley de iglesias evangélicas y pruebas de confianza a miembros de la Policía Nacional, entre otros.
Maltratos
La magistrada insistió en que han sido amenazados y que han sido tratados por el presidente la CSJ, Jorge Rivera Avilés, no como personas sino como inculpados o posibles delincuentes.
“En primer lugar nos quitaron los vehículos, sin siquiera notificarnos absolutamente nada, a los conductores les quitaron las llaves, cambiaron las llavines de las puertas de nuestros despachos, nos cortaron el acceso a las computadoras y nos intervinieron correos electrónicos.
Por supuesto esto no lo atribuyo al Poder Judicial, pero en el caso de uno de los magistrados fue completamente intervenido. A mí me suspendieron el servicio de Internet estando ya pagado.
Tememos por todo este asunto que ha sido creado por el Legislativo y Ejecutivo de odio contra nosotros cuatro, exponiéndonos con nombre y apellido, incluso fotografías.
En este momento somos un tesoro para el Estado, nos tienen que cuidar porque algo que nos suceda a nuestras familias o a nosotros responsabilizamos a los gobernantes por ello”, reiteró Cruz Sequeira.
Argumentó junto con sus compañeros destituidos que se presentarán a sus labores de manera normal, pues “leglamente continuamos siendo magistrados”.
Los destituidos se declararon perseguidos políticamente porque el diputado Marvin Ponce declaró que su destitución era política, no jurídica.
Por tanto, pidieron protección a organismos de derechos humanos, no descartan acudir a instancias internacionales para que les sean restituidos sus derechos. Asimismo, la posible petición de asilo a un país europeo.
“Hay que actuar con prudencia”
El analista político Matías Funes lamentó que el país haya empezado este año con una situación crítica, no solamente desde el punto de vista económico con un déficit fiscal muy alto, con deuda interna y externa exageradamente altas, sino también con el problema dentro de la Corte Suprema de Justicia.
“Yo creo que los políticos hondureños no han asimilado las lecciones que nos dejó la crisis del año 2009. Este conflicto entre dos Poderes del Estado es grave porque cada uno tiene sus grupos de apoyo”. Dijo que hay que actuar con prudencia y reconocer el artículo 4 de la Constitución, que señala que los Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son independientes y a la vez complementarios y no hay relaciones de subordinación entre ellos. “El no entender la profundidad de ese artículo nos ha traído la crisis actual y de igual forma nos trajo la crisis de 2009. Lamentablemente el perjudicado siempre es el pueblo cuando se vulnera la institucionalidad del país”.
