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DIECP alista investigación por muerte de 149 personas

  • 05 diciembre 2012 /

Autoridades esperan obtener mayores detalles de policías que estarían involucrados en crímenes.

Las autoridades de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial) le solicitaron al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Unah el informe completo en que se da a conocer que 149 hondureños han perecido a manos de la “acción policial”.

El director nacional adjunto de la entidad que investiga y evalúa la carrera policial, Mario Enrique Chinchilla, y el secretario general de esa institución, Julián Oyuela, se presentaron a la Unah para pedir oficialmente el informe con el fin de analizarlo y establecer rutas de investigación penal que aclaren la participación delictiva de miembros de la carrera policial en los crímenes contra la vida.

Chinchilla explicó: “La intención es obtener la información de fondo que permitió los hallazgos presentados en un informe público con el fin de contrastarla con las investigaciones que tenemos en curso y que vinculan a policías en casos de homicidios contra ciudadanos hondureños”.

El informe sobre criminalidad policial presentado por la rectora de la Unah, Julieta Castellanos, comprende un período de 23 meses, que van de enero de 2011 a noviembre de 2012, en el que se establece que la muerte de 149 hondureños en diversas dinámicas y prácticas policiales contrarias a los mandatos de derechos humanos consta en fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad mediante la Dirección Nacional de Estadísticas y en publicaciones de los medios impresos de circulación nacional.

Castellanos manifestó: “Tenemos 149 víctimas por la Policía; 149 personas, la mayoría, más del 60%, jóvenes que han sido asesinados por la Policía y eso es inadmisible”.

En esos términos se pronunció la rectora universitaria al dar a conocer el informe el lunes anterior.

Cifras de muerte

En el documento se establece que, de acuerdo con el día de la semana en que fueron cometidos los homicidios, el miércoles ocupa el primer lugar con 25 víctimas, que significan el 16.7%. Sigue el jueves con 24, que son el 16.1%; el martes y domingo con 21 muertes cada uno, es decir el 14.1%.

En relación con la distribución espacial o geográfica, los “homicidios policiales” se concentran en los cuerpos policiales asignados a los siguientes municipios: Distrito Central, Francisco Morazán, con 34 víctimas, que son el 22.8%; San Pedro Sula con 27 víctimas, el 31.5%; La Lima con 11 víctimas, que son el 7.4%; Catacamas con 10, o sea el 6.7%, y La Ceiba con 6, que son el 4%.

El informe establece que los municipios de Choloma y Trujillo comienzan a presentar niveles de alerta con cinco muertes cada uno. En relación con la cantidad de víctimas por escena de crimen, refleja que en 78 escenarios se mató a una persona, o sea el 52.3%; en 14 escenarios resultaron dos víctimas, que son el 9.4%, y en 10 escenarios resultaron muertas 3 o más víctimas, o sea el 6.7%.

Entre ellos sobresale la masacre de cinco miembros de la Policía de La Ceiba a manos de uno de sus propios compañeros asignado a la Dirección Nacional de Investigación.

El vocero de la Secretaría de Seguridad, subcomisionado Héctor Iván Mejía, manifestó: “Es injusto generalizar al señalar a toda la institución policial. No podemos hablar a esta fecha de una Policía criminal. Creo que es injusto porque no soy criminal y así como Héctor Iván Mejía hay miles de policías que en estos momentos están poniendo el pecho por enfrentarse y proteger a la gente”.

Resaltó que los delincuentes, mareros, extorsionadores, narcotraficantes y todos los que delinquen en el país escuchan tales señalamientos y opinó que eso no es adecuado.

“Tenemos que ser responsables y no decir Policía Nacional porque se le provoca un daño a la institución y al Estado y se está permitiendo que los criminales, que son los que matan allá afuera, se sientan con el derecho de faltarle el respeto no solo al ciudadano común”.

Concluirán auditorías

El TSC (Tribunal Superior de Cuentas) se apresta a concluir la investigación de 115 oficiales y de escala básica por enriquecimiento ilícito. La investigación de los bienes patrimoniales de los policías se efectúa atendiendo petición de la DIECP, que envió dos listados, incluidos mandos superiores.

“Hace más de dos meses hemos estado investigando más de 100 casos”, informó la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta. Las investigaciones de las declaraciones juradas de bienes de los policías y sus parientes mostrarán si hay presunción de enriquecimiento ilícito, agregó, sin revelar mayores detalles.

“Se acaba el reino de la impunidad”

El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, aseguró que a los malos policías hondureños se les está terminando el “reino de impunidad” que habían creado luego de que el Congreso Nacional cambiara en 2008 la Ley Orgánica de Policía.

Custodio opinó que la inseguridad en el país se debe en parte a ese cambio de la ley, en la que se les dio todos los poderes a los miembros del cuerpo encargado de la seguridad nacional.
“Estos son polvos de aquellos lodos”, señaló el defensor de los derechos humanos.

De acuerdo con el ombudsman hondureño, los malos policías deben entender que se les está terminando ese “reino de impunidad” que habían creado. Agregó que con policías corruptos será difícil cambiar la inseguridad en el país.

Declaró que, pese a los obstáculos, la depuración está en marcha y se refleja en la captura constante de policías vinculados con el crimen organizado y con la comisión de delitos.

Prosiguió que la depuración policial es un acto de soberanía y que no habrá poder del mundo que la detenga.

“Estamos empeñados en una tarea y no habrá poder del mundo que nos detenga en la depuración policial”.

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