Desde que el cobro de la tasa de seguridad entró en vigor se han recaudado 550 millones de lempiras y, de acuerdo con cálculos, será difícil alcanzar la meta de L1,500 millones proyectada para el cierre del año.
Reinaldo Sánchez, secretario privado del presidente Lobo y miembro del comité técnico que administra el fideicomiso de seguridad, reveló lo que considera cifras desalentadoras y sostuvo que al Gobierno le corresponderá financiar los recursos restantes con el propósito de llegar a la meta anual de los 1,500 millones de lempiras para combatir la criminalidad.
Desde que entró en vigor pleno la Ley Temporal de la Tasa de Seguridad a inicios del segundo trimestre del año se comenzaron a recaudar unos nueve millones de lempiras diarios. Luego el monto cayó a siete millones y actualmente la colecta es de cinco millones de lempiras diarios con una tendencia a la baja.
El asunto fue abordado en la asamblea general extraordinaria del Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), donde se anunció que ya está listo el proyecto para modificar esta normativa, el cual será remitido al Congreso Nacional en los próximos días. Sería la cuarta reforma que se le haría a la ley. Eduardo Facussé, representante del sector privado ante esta comisión, dijo que se proponen una serie de cambios, entre los que se encuentra modificar el artículo que faculta conformar un fideicomiso social con los recursos captados por encima de los 1,500 millones de lempiras de la tasa de seguridad. Facussé propone que estos recursos sean administrados, también, por este comité.
Fue del parecer que las demás modificaciones serán informadas a la opinión pública cuando sean elevadas al Congreso Nacional. Recientemente, el presidente Porfirio Lobo advirtió en el Consejo de Ministros que tenían indicios de evasión en el pago de la referida tasa y que se aplicarían correctivos.
Se han invertido unos 55 mil dólares en la reparación de dos helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña necesarios para combatir al crimen organizado.
Cuentas en el extranjero
El banquero Eduardo Atala reconoció que la misión de un buen administrador es evitarle pérdidas de recursos a la empresa y quizás por esta razón mermó la recaudación del referido tributo en el sistema bancario.
Para el financista, el cobro de este impuesto es una copia de un tributo aplicado en Colombia a inicios de la década de los 90. Casi 20 años después, la realidad de las instituciones financieras de Honduras es otra porque les permite a las empresas trasladar sus recursos a bancos en países vecinos y efectuar transacciones locales.
“Con estas operaciones nos hemos dado cuenta de que Honduras es un país muy globalizado”, indicó.
Actualmente, continuó, las empresas encontraron la manera de evitar que las cuentas tengan un monto de menos de 120 mil lempiras establecidos en la formativa para cancelar el 3% por millar.
Para el banquero, estas acciones no pueden contemplarse como evasión de la ley, sino que maximizan sus fondos de una forma que impida el pago de esta tasa.
Atala coincidió en que es necesario que el Congreso apruebe la cuarta reforma de una manera más democrática porque la medida se politizó cuando las autoridades establecieron un techo de 120 mil lempiras para comenzar a pagar este impuesto.
El financista recordó que desde el Cohep y la Ahiba (Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias de Honduras) se dieron “cientos” de recomendaciones para que el Gobierno y el Congreso Nacional las tomaran en cuenta.
“El cobro podía estar indexado al impuestos sobre venta, al precio de la gasolina, y no solo mediante las transacciones bancarias”, indicó.
Para Atala, el sector privado sabe que es necesario contribuir con el financiamiento de la lucha contra la criminalidad, pero debe hacerse de una manera que incluya a todos los sectores.
“No solo los empresarios, sino cualquier persona que disponga de 120 mil lempiras en su cuenta, busca la manera de que no le quiten el monto de la tasa de seguridad”, indicó.
Directivos del Cohep aprueban la reelección
En una asamblea general extraordinaria fue aprobada ayer la reelección de los miembros de la junta directiva del Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) por un período adicional.
Aline Flores, presidenta actual, explicó que los estatutos aprobados en 1992 no contemplaban la figura de la reelección en cualquiera de los cargos directivos.
“Gracias a las determinaciones tomadas ayer por los representantes de las 62 gremiales del Cohep se permitirá que los directivos se reelijan por un período”, expresó. Los miembros de este organismo gremial nombran a sus autoridades de manera alterna, o sea que sustituyen a la mitad de la junta cada dos años.
Opinó que la reelección del presidente del Cohep dependerá del trabajo en el cargo y si las gremiales así lo desean. Se podrán presentar planillas alternas para competir con transparencia.
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