Tegucigalpa, Honduras.
El presidente Juan Orlando Hernández vetó la semana anterior la contrarreforma al artículo 184 del Código Procesal Penal argumentando que debería dársele un mayor análisis a la propuesta.
Sin embargo, el Poder Legislativo no lo ha sometido a discusión del pleno. Tras el veto, el Congreso Nacional tiene la facultad de aprobarlo o improbarlo. No obstante, se necesitará la mayoría calificada, es decir, 86 diputados, para dejar firme la contrarreforma, de lo contrario quedaría aprobado el veto. A juicio del jurista José Antonio Ávila, el mandatario hizo bien en vetar dicha enmienda, porque los delitos que se estaban tomando en consideración son de orden grave. “Debemos estimar que lo que hizo el Presidente fue lo correcto”.
La abogada Selma Estrada cuestionó tal decisión porque atenta contra los derechos humanos de los acusados.
“Por mucha excusa, aun poniendo a la sociedad primero, es inaceptable por la orientación de este Código Penal y violatorio totalmente a los derechos humanos”.
También dijo que “si se tiene miedo que los jueces hagan y deshagan, para eso está la institucionalidad en la Corte Suprema de Justicia para seguirle a cumplir la ley. Pero no se puede restringir el derecho al juez a impartir justicia”.
La polémica contrarreforma iba encaminada a otorgarles discrecionalidad a los jueces para dictar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
El presidente Juan Orlando Hernández vetó la semana anterior la contrarreforma al artículo 184 del Código Procesal Penal argumentando que debería dársele un mayor análisis a la propuesta.
Sin embargo, el Poder Legislativo no lo ha sometido a discusión del pleno. Tras el veto, el Congreso Nacional tiene la facultad de aprobarlo o improbarlo. No obstante, se necesitará la mayoría calificada, es decir, 86 diputados, para dejar firme la contrarreforma, de lo contrario quedaría aprobado el veto. A juicio del jurista José Antonio Ávila, el mandatario hizo bien en vetar dicha enmienda, porque los delitos que se estaban tomando en consideración son de orden grave. “Debemos estimar que lo que hizo el Presidente fue lo correcto”.
La abogada Selma Estrada cuestionó tal decisión porque atenta contra los derechos humanos de los acusados.
“Por mucha excusa, aun poniendo a la sociedad primero, es inaceptable por la orientación de este Código Penal y violatorio totalmente a los derechos humanos”.
También dijo que “si se tiene miedo que los jueces hagan y deshagan, para eso está la institucionalidad en la Corte Suprema de Justicia para seguirle a cumplir la ley. Pero no se puede restringir el derecho al juez a impartir justicia”.
La polémica contrarreforma iba encaminada a otorgarles discrecionalidad a los jueces para dictar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
