Tegucigalpa, Honduras.
La reforma hecha por el Congreso Nacional al artículo 184 del Código Procesal Penal fue ratificada en el acta aprobada por los diputados el miércoles de esta semana.
El Legislativo dejó en firme la reforma que les devuelve a los jueces la discrecionalidad para otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva en 21 delitos considerados graves, entre estos defraudación fiscal, cohecho, prevaricato, asesinato, homicidio, secuestro, extorsión, violación, crimen organizado y lavado de activos.
Varios diputados que votaron en contra de la reforma hicieron alegatos en el Congreso para impedir la reforma, pero no fueron escuchados.
Corruptos
Dicha disposición quedó en firme, pese a la reconsideración al acta que hiciera la diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, en el sentido de que no se aprobara en tanto no se escuchara la opinión de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), ya que sus miembros tienen sus reservas respecto a que la misma propiciaba la impunidad.
A criterio de la diputada del Pinu, estas reformas “son un manto protector de funcionarios de este y de otros Gobiernos que resulten involucrados en actos de corrupción, ya que con esta medida nunca irán a la cárcel”.
Expuso que vienen requerimientos contra altas personas que participaron en el lavado de activos en el desfalco del Seguro Social, a quienes según ella les dictarán medidas cautelares para que se defiendan en libertad.
La reforma ahora establece que las medidas sustitutivas de la prisión preventiva no podrán imponerse si existe grave riesgo de que no se logre la finalidad perseguida.
La ley agrega que además de la no concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 178 del Código Procesal Penal, antes de dictar una medida distinta a la prisión preventiva, la defensa debe acreditar, de forma suficiente ante el órgano jurisdiccional, que la persona imputada estará presente en todo el proceso; o sea que no huirá del país.
En el debate, el diputado nacionalista Mario Pérez explicó que la reforma es para evitar la prisión preventiva en dos procesos activos, es decir, a través del prejuzgamiento que se ha vuelto una pena anticipada, que se impone a los encausados que gozan de presunción de inocencia porque todavía no han sido vencidos en juicio.
La reforma a la normativa procesal penal preocupa a la Maccih. Hace dos días el vocero del organismo, Juan Jiménez Mayor, expresó su preocupación por la aprobación de esta iniciativa.
Dijo que la propuesta les tomó por sorpresa y aseguró que a la Misión le preocupaban algunos aspectos vinculados a esta iniciativa.
Señaló que la misma no estaba yendo en el camino de fortalecer, sino probablemente de generar algunas fallas en el sistema.
La reforma hecha por el Congreso Nacional al artículo 184 del Código Procesal Penal fue ratificada en el acta aprobada por los diputados el miércoles de esta semana.
El Legislativo dejó en firme la reforma que les devuelve a los jueces la discrecionalidad para otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva en 21 delitos considerados graves, entre estos defraudación fiscal, cohecho, prevaricato, asesinato, homicidio, secuestro, extorsión, violación, crimen organizado y lavado de activos.
Varios diputados que votaron en contra de la reforma hicieron alegatos en el Congreso para impedir la reforma, pero no fueron escuchados.
Corruptos
Dicha disposición quedó en firme, pese a la reconsideración al acta que hiciera la diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, en el sentido de que no se aprobara en tanto no se escuchara la opinión de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), ya que sus miembros tienen sus reservas respecto a que la misma propiciaba la impunidad.
A criterio de la diputada del Pinu, estas reformas “son un manto protector de funcionarios de este y de otros Gobiernos que resulten involucrados en actos de corrupción, ya que con esta medida nunca irán a la cárcel”.
Expuso que vienen requerimientos contra altas personas que participaron en el lavado de activos en el desfalco del Seguro Social, a quienes según ella les dictarán medidas cautelares para que se defiendan en libertad.
La reforma ahora establece que las medidas sustitutivas de la prisión preventiva no podrán imponerse si existe grave riesgo de que no se logre la finalidad perseguida.
La ley agrega que además de la no concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 178 del Código Procesal Penal, antes de dictar una medida distinta a la prisión preventiva, la defensa debe acreditar, de forma suficiente ante el órgano jurisdiccional, que la persona imputada estará presente en todo el proceso; o sea que no huirá del país.
En el debate, el diputado nacionalista Mario Pérez explicó que la reforma es para evitar la prisión preventiva en dos procesos activos, es decir, a través del prejuzgamiento que se ha vuelto una pena anticipada, que se impone a los encausados que gozan de presunción de inocencia porque todavía no han sido vencidos en juicio.
La reforma a la normativa procesal penal preocupa a la Maccih. Hace dos días el vocero del organismo, Juan Jiménez Mayor, expresó su preocupación por la aprobación de esta iniciativa.
Dijo que la propuesta les tomó por sorpresa y aseguró que a la Misión le preocupaban algunos aspectos vinculados a esta iniciativa.
Señaló que la misma no estaba yendo en el camino de fortalecer, sino probablemente de generar algunas fallas en el sistema.
