Tegucigalpa, Honduras
Un dato escalofriante del informe establece que la corrupción pública causó un perjuicio al Estado de al menos 179 millones de dólares, alrededor de 4,000 millones de lempiras, de los cuales 118.9 millones de dólares (2,713 millones de lempiras) corresponden al
megafraude del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El sistema de justicia de Honduras ha sido totalmente ineficiente en la judicialización y castigo de los casos de corrupción pública denunciados en los últimos ocho años, de acuerdo a una investigación efectuada entre 2008 y 2015.
Un informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revela que en ese periodo de tiempo se presentaron 3,471 denuncias de corrupción, pero solo 238 casos se transformaron en requerimientos fiscales presentados ante los tribunales.
Lo anterior equivalió a un requerimiento fiscal por cada 12 denuncias recibidas por el Ministerio Público.
La investigación reveló que del total de imputados, la mayoría fueron funcionarios o empleados públicos de nivel bajo y medio y apenas un funcionario fue condenado a pena de prisión durante el periodo analizado.
A la presentación del documento estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rolando Argueta, el fiscal general del Estado Óscar Fernando Chinchilla y Jan Michael Simon jefe de la unidad contra la corrupción de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih).
 Miembros de la Comisión de Depuración de la Policía de Honduras asistieron al evento.
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 La ASJ presentó el resultado de un estudio elaborado sobre la revisión de 110 expedientes de corrupción pública.
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