San Pedro Sula, Honduras.
Atraída por los encantos y promesas económicas que ofrece la ciudad, Ana de Jesús Aguilera (80 años) abandonó su natal Jesús de Otoro (Intibucá) y, sin importar las consecuencias, se radicó en un bordo de San Pedro Sula.
Desde hace 15 años, ella y cuatro parientes más viven en una casa de madera (solo la fachada es de concreto) que levantaron en un asentamiento marginal que los habitantes llaman Anexos de Santa Martha.
Antes de vivir en esa modesta casa, tuvo que vivir minutos de vergüenza al experimentar un inesperado desalojo de parte de las autoridades municipales.
“Hace unos 15 años vivíamos en la esquina, pero nos sacaron. Ahora estamos aquí con el permiso de la Municipalidad. Mi hija tienen un carnet”, dijo Aguilera.
Anexos de Santa Martha es un asentamiento que serpentea las orillas de un canal de aguas negras y está constituido por decenas de viviendas construidas al margen de la ley.
Los más de 1,000 habitantes, como Aguilera, viven de manera limitada: no todos tienen trabajos formales, carecen de agua en verano y se desenvuelven en un ambiente hostil.
“Cuando yo vine aquí tenía dos hijas. A una de ellas la mataron”, manifestó la señora, quien desde que llegó a la ciudad (hace 15 años) no ha trabajado.
Aguilar es una de las 16,000 personas (equivalente al 2% de la población de SPS) que se han instalado en áreas prohibidas a expensas de vivir en condiciones de extrema pobreza y de alta inseguridad.
Mientras otras zonas de la ciudad se modernizan gracias a inversiones privadas, los asentamientos periféricos se nutren de más personas y las autoridades se mantienen solo como espectadores.
Rafael Delgado, miembro del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), es del criterio que las autoridades municipales y centrales están obligadas en invertir en desarrollo social para mermar la pobreza y lograr un desarrollo equilibrado en San Pedro Sula.
“Estas situaciones de pobreza debilitan el crecimiento de la ciudad. Vemos inversiones de calidad por un lado y por otro no hay un orden territorial”, dijo Delgado.
En la última década, la Comisión de Acción Social Menonita (CASM) investigó el fenómeno de estos asentamientos y ha presentado propuestas para disolverlos y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
Nelson García Lobo, director de la CASM, lamenta que “las autoridades locales no muestren una voluntad política para resolver este problema”.
“Van a invertir L1,200 millones en el proyecto Siglo XXI, en varilla y cemento, y no pueden destinar L50 millones para trasladar a estas personas”, criticó.
El escenario dramático de pobreza podría borrarse del panorama de San Pedro Sula si las autoridades locales hicieran a un lado los intereses políticos, considera.
Pero, según Lobo “estos bordos son espacios de caudal político: con pocas dádivas estas personas pueden inclinar la balanza”.
En 2008, la Comisión de Acción Social Menonita logró conseguir un terreno de 250 manzanas de extensión en Cofradía para reubicar a una parte de las familias con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional.
Esa organización no logró concretar el proyecto porque la Municipalidad no desembolsó L8,000,000 para comprar el terreno.
En 2015, el programa Invest- Honduras trasladó a más de 160 familias que vivían en el bordo Esquipulas a El Trébol, una colonia construida para ellas en Choloma.
Atraída por los encantos y promesas económicas que ofrece la ciudad, Ana de Jesús Aguilera (80 años) abandonó su natal Jesús de Otoro (Intibucá) y, sin importar las consecuencias, se radicó en un bordo de San Pedro Sula.
Desde hace 15 años, ella y cuatro parientes más viven en una casa de madera (solo la fachada es de concreto) que levantaron en un asentamiento marginal que los habitantes llaman Anexos de Santa Martha.
Antes de vivir en esa modesta casa, tuvo que vivir minutos de vergüenza al experimentar un inesperado desalojo de parte de las autoridades municipales.
“Hace unos 15 años vivíamos en la esquina, pero nos sacaron. Ahora estamos aquí con el permiso de la Municipalidad. Mi hija tienen un carnet”, dijo Aguilera.
Anexos de Santa Martha es un asentamiento que serpentea las orillas de un canal de aguas negras y está constituido por decenas de viviendas construidas al margen de la ley.
Los más de 1,000 habitantes, como Aguilera, viven de manera limitada: no todos tienen trabajos formales, carecen de agua en verano y se desenvuelven en un ambiente hostil.
“Cuando yo vine aquí tenía dos hijas. A una de ellas la mataron”, manifestó la señora, quien desde que llegó a la ciudad (hace 15 años) no ha trabajado.
Aguilar es una de las 16,000 personas (equivalente al 2% de la población de SPS) que se han instalado en áreas prohibidas a expensas de vivir en condiciones de extrema pobreza y de alta inseguridad.
Mientras otras zonas de la ciudad se modernizan gracias a inversiones privadas, los asentamientos periféricos se nutren de más personas y las autoridades se mantienen solo como espectadores.
Rafael Delgado, miembro del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), es del criterio que las autoridades municipales y centrales están obligadas en invertir en desarrollo social para mermar la pobreza y lograr un desarrollo equilibrado en San Pedro Sula.
“Estas situaciones de pobreza debilitan el crecimiento de la ciudad. Vemos inversiones de calidad por un lado y por otro no hay un orden territorial”, dijo Delgado.
En la última década, la Comisión de Acción Social Menonita (CASM) investigó el fenómeno de estos asentamientos y ha presentado propuestas para disolverlos y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
Nelson García Lobo, director de la CASM, lamenta que “las autoridades locales no muestren una voluntad política para resolver este problema”.
“Van a invertir L1,200 millones en el proyecto Siglo XXI, en varilla y cemento, y no pueden destinar L50 millones para trasladar a estas personas”, criticó.
El escenario dramático de pobreza podría borrarse del panorama de San Pedro Sula si las autoridades locales hicieran a un lado los intereses políticos, considera.
Pero, según Lobo “estos bordos son espacios de caudal político: con pocas dádivas estas personas pueden inclinar la balanza”.
En 2008, la Comisión de Acción Social Menonita logró conseguir un terreno de 250 manzanas de extensión en Cofradía para reubicar a una parte de las familias con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional.
Esa organización no logró concretar el proyecto porque la Municipalidad no desembolsó L8,000,000 para comprar el terreno.
En 2015, el programa Invest- Honduras trasladó a más de 160 familias que vivían en el bordo Esquipulas a El Trébol, una colonia construida para ellas en Choloma.
