Santa Cruz de Yojoa, Honduras.
La precaria situación que atraviesa el Lago de Yojoa pone en evidencia que un decreto, por sí solo, no es suficiente para frenar los problemas ambientales.
En noviembre de 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección del Lago de Yojoa con el fin de “establecer las bases institucionales, técnicas y operativas, los principios, regulaciones y disposiciones para la gestión sostenible del lago (...)”.
Esa ley ordenó la creación de Hondulago como “ente regulador, responsable de hacer cumplir las leyes, ordenanzas, acuerdos, contratos y normativa (...)”.
Después de nueve años de haber entrado en vigor esa ley, el Lago de Yojoa experimenta una reducción en la población de peces a causa de la explotación descontrolada por falta de vigilancia de la Dirección General de Pesca.
En el lago hay una oficina de la Dirección General de Pesca, pero permanece vacía. Esa entidad no ha nombrado personal nuevo luego de que dos inspectores se marcharan por diferencias internas.
Igualmente, por factores climáticos y acciones humanas (deforestación, contaminación, malas prácticas agrícolas e industriales), el lago ha perdido profundidad y se ha retirado de las orillas.
Roberto Pineda, alcalde de Santa Cruz de Yojoa, en una entrevista con LA PRENSA, dijo que “la ley es un fracaso”.
“Nosotros no conocemos quiénes son las personas que trabajan con Hondulago, no sabemos adónde están y no sabemos qué hacen”, dijo Pineda.
El alcalde, quien prefiere guardar silencio sobre el tema de contaminación porque considera que “es peligroso”, expresó que los Gobiernos no han ofrecido apoyo real y suficiente para proteger el lago.
“Nosotros no tenemos autoridad en esto y el único que puede dar protección es el Gobierno”, dijo Pineda, quien preside la directiva de la Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia (Amuprolago), entidad que promueve el desarrollo de la zona.
En medio de las limitaciones, Amuprolago ha logrado atenuar parte de la contaminación que por décadas se originó en los más de 60 negocios de comida situados a la orilla de la carretera.
“Hemos logrado la recolección de grasas y aceites, logramos la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras, que tiene unos dos años de estar operando”, dijo Víctor Manuel Ortiz, oficial de turismo de la mancomunidad Amuprolago.
Esta mancomunidad está compuesta por las municipalidades vecinas de Comayagua (Siguatepeque y San José de Comayagua), Cortés ( Santa Cruz de Yojoa y San Francisco de Yojoa) y Santa Bárbara (Las Vegas, Gualala, Ilama y San Pedro de Zacapa).
Según un dirigente de la comunidad aledaña al lago, consultado por LA PRENSA, “la contaminación sigue afectado gravemente”, pero “este es un tema que no es tratado porque puede hasta causarle la muerte a una persona”.
Relató que hace unos dos años un ciudadano (de nombre Saúl) denunció en un canal de televisión local la contaminación y a los pocos días apareció muerto.
Mecanismos
Diario LA PRENSA le consultó a José Antonio Galdames, ministro de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+), sobre los proyectos que esta entidad desarrollaba en la zona para proteger el lago y él indicó, por WhatsApp, que están trabajando para establecer medidas de control ambiental.
“Hay una instancia, se llama Hondulago. Nosotros la apoyamos, no tenemos proyectos específicos, pero estamos trabajando con organizaciones empresariales para establecer medidas de control ambiental”, dijo.
MiAmbiente+ carece de información científica que demuestre las causas de la crisis del lago; pero tiene en su poder denuncias contra algunas fuentes de contaminación.
Carmen Cartagena, jefa de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (Deca), ejemplificó que en zonas adyacentes al lago, que son prohibidas para la agricultura, hay plantaciones de palma africana y dijo que es posible que industrias pesqueras vecinas contaminen.
A criterio de ella, si existen empresas que causen daños, “será necesario poner medidas de control ambiental más rigurosas”.
La precaria situación que atraviesa el Lago de Yojoa pone en evidencia que un decreto, por sí solo, no es suficiente para frenar los problemas ambientales.
En noviembre de 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección del Lago de Yojoa con el fin de “establecer las bases institucionales, técnicas y operativas, los principios, regulaciones y disposiciones para la gestión sostenible del lago (...)”.
Esa ley ordenó la creación de Hondulago como “ente regulador, responsable de hacer cumplir las leyes, ordenanzas, acuerdos, contratos y normativa (...)”.
Después de nueve años de haber entrado en vigor esa ley, el Lago de Yojoa experimenta una reducción en la población de peces a causa de la explotación descontrolada por falta de vigilancia de la Dirección General de Pesca.
En el lago hay una oficina de la Dirección General de Pesca, pero permanece vacía. Esa entidad no ha nombrado personal nuevo luego de que dos inspectores se marcharan por diferencias internas.
Igualmente, por factores climáticos y acciones humanas (deforestación, contaminación, malas prácticas agrícolas e industriales), el lago ha perdido profundidad y se ha retirado de las orillas.
Roberto Pineda, alcalde de Santa Cruz de Yojoa, en una entrevista con LA PRENSA, dijo que “la ley es un fracaso”.
“Nosotros no conocemos quiénes son las personas que trabajan con Hondulago, no sabemos adónde están y no sabemos qué hacen”, dijo Pineda.
El alcalde, quien prefiere guardar silencio sobre el tema de contaminación porque considera que “es peligroso”, expresó que los Gobiernos no han ofrecido apoyo real y suficiente para proteger el lago.
“Nosotros no tenemos autoridad en esto y el único que puede dar protección es el Gobierno”, dijo Pineda, quien preside la directiva de la Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia (Amuprolago), entidad que promueve el desarrollo de la zona.
En medio de las limitaciones, Amuprolago ha logrado atenuar parte de la contaminación que por décadas se originó en los más de 60 negocios de comida situados a la orilla de la carretera.
“Hemos logrado la recolección de grasas y aceites, logramos la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras, que tiene unos dos años de estar operando”, dijo Víctor Manuel Ortiz, oficial de turismo de la mancomunidad Amuprolago.
Esta mancomunidad está compuesta por las municipalidades vecinas de Comayagua (Siguatepeque y San José de Comayagua), Cortés ( Santa Cruz de Yojoa y San Francisco de Yojoa) y Santa Bárbara (Las Vegas, Gualala, Ilama y San Pedro de Zacapa).
Según un dirigente de la comunidad aledaña al lago, consultado por LA PRENSA, “la contaminación sigue afectado gravemente”, pero “este es un tema que no es tratado porque puede hasta causarle la muerte a una persona”.
Relató que hace unos dos años un ciudadano (de nombre Saúl) denunció en un canal de televisión local la contaminación y a los pocos días apareció muerto.
Mecanismos
Diario LA PRENSA le consultó a José Antonio Galdames, ministro de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+), sobre los proyectos que esta entidad desarrollaba en la zona para proteger el lago y él indicó, por WhatsApp, que están trabajando para establecer medidas de control ambiental.
“Hay una instancia, se llama Hondulago. Nosotros la apoyamos, no tenemos proyectos específicos, pero estamos trabajando con organizaciones empresariales para establecer medidas de control ambiental”, dijo.
MiAmbiente+ carece de información científica que demuestre las causas de la crisis del lago; pero tiene en su poder denuncias contra algunas fuentes de contaminación.
Carmen Cartagena, jefa de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (Deca), ejemplificó que en zonas adyacentes al lago, que son prohibidas para la agricultura, hay plantaciones de palma africana y dijo que es posible que industrias pesqueras vecinas contaminen.
A criterio de ella, si existen empresas que causen daños, “será necesario poner medidas de control ambiental más rigurosas”.
