Tegucigalpa, Honduras.
Desde 2009, las terminales de buses, puntos de taxis y las rutas de transporte en las principales ciudades del país, se han teñido de sangre en numerosas ocasiones, enlutando las familias de casi mil obreros del transporte.
“ Nos están matando y es por la extorsión. Han querido hacer ver estos crímenes como que son un problema aislado donde el delincuente de la cuadra se dedica a cobrar la extorsión. Esto es producto del crimen organizado y la sociedad debe saberlo”, indicó un empresario del transporte que paga alrededor de 15,000 lempiras semanales por extorsión a las pandillas que operan en la capital.
Al igual que este empresario del transporte que teme ser asesinado por dar a conocer sus posturas abiertamente sobre el flagelo de la extorsión o dejar de pagarla a los delincuentes, los transportistas están desesperados. La confianza en la autoridad la perdieron desde que identificaron que algunos policías también son parte de la red criminal.
Casi nadie les cree, sin embargo, su denuncia de que miembros de la Policía Nacional los extorsionan, ganó atención luego que la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, asegurara que “existe información de que las patrullas de la Policía cobran incluso el impuesto de guerra a los transportistas”, denunció hace unos días.
Según la Fuerza Nacional Antiextorsión, la mayoría de asesinatos ocurridos en el sector transporte es por drogas y no extorsión como se maneja en el gremio. “Sabemos que a algunos los han asesinado por no pagar la extorsión, pero también sabemos y los transportistas lo saben, que muchos de sus empleados distribuyen droga y los han asesinado porque se han quedado con algún dinero”, expuso enfáticamente un alto funcionario de la FNA.
Las bajas
Y es que no solo la falta de pago de la extorsión puede quitarle la vida a un transportista. “Miguel”, motorista de una unidad de transporte relató a LA PRENSA que a uno de sus mejores amigos lo asesinaron porque no quiso prestar sus rastras para transportar drogas y armas. “Vamos a mandar esto en tu carga y no digas nada, va como encomienda. No quiso y lo asesinaron”, contó.
Las muertes en el sector transporte serán investigadas por fiscales especiales según la nueva Ley de Transporte que fue aprobada en su totalidad hace unas semanas. Ahora los involucrados trabajan en su reglamento.
Para el Observatorio de la Violencia de la Unah, las muertes violentas por extorsión ocupan el tercer lugar después de las relacionados con maras y barras de equipos de fútbol, riñas interpersonales y ajustes de cuentas.
“Son posibles móviles que se analizan en el Observatorio. Tan solo en el departamento de Francisco Morazán se registraron 45 muertes por extorsión y 24 en San Pedro Sula”, informó la coordinadora de esta organización, Migdonia Ayestas.
En lo que va de 2016 ya se reportan 43 muertes en el sector transporte, la mayoría en el departamento de Cortés, adonde la mara Salvatrucha y la 18 controlan el imperio de la extorsión.
Hace unas semanas mediante el operativo Avalancha, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina), le dio un duro golpe a la MS13 asegurando bienes obtenidos por el delito de la extorsión. Entre los detenidos se apresó al alcalde de Talanga, Francisco Morazán, Jorge Romero.
Desde 2009, las terminales de buses, puntos de taxis y las rutas de transporte en las principales ciudades del país, se han teñido de sangre en numerosas ocasiones, enlutando las familias de casi mil obreros del transporte.
“ Nos están matando y es por la extorsión. Han querido hacer ver estos crímenes como que son un problema aislado donde el delincuente de la cuadra se dedica a cobrar la extorsión. Esto es producto del crimen organizado y la sociedad debe saberlo”, indicó un empresario del transporte que paga alrededor de 15,000 lempiras semanales por extorsión a las pandillas que operan en la capital.
Al igual que este empresario del transporte que teme ser asesinado por dar a conocer sus posturas abiertamente sobre el flagelo de la extorsión o dejar de pagarla a los delincuentes, los transportistas están desesperados. La confianza en la autoridad la perdieron desde que identificaron que algunos policías también son parte de la red criminal.
Casi nadie les cree, sin embargo, su denuncia de que miembros de la Policía Nacional los extorsionan, ganó atención luego que la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, asegurara que “existe información de que las patrullas de la Policía cobran incluso el impuesto de guerra a los transportistas”, denunció hace unos días.
Según la Fuerza Nacional Antiextorsión, la mayoría de asesinatos ocurridos en el sector transporte es por drogas y no extorsión como se maneja en el gremio. “Sabemos que a algunos los han asesinado por no pagar la extorsión, pero también sabemos y los transportistas lo saben, que muchos de sus empleados distribuyen droga y los han asesinado porque se han quedado con algún dinero”, expuso enfáticamente un alto funcionario de la FNA.
 En 2016 ya han asesinado 43 miembros del transporte.
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Y es que no solo la falta de pago de la extorsión puede quitarle la vida a un transportista. “Miguel”, motorista de una unidad de transporte relató a LA PRENSA que a uno de sus mejores amigos lo asesinaron porque no quiso prestar sus rastras para transportar drogas y armas. “Vamos a mandar esto en tu carga y no digas nada, va como encomienda. No quiso y lo asesinaron”, contó.
Las muertes en el sector transporte serán investigadas por fiscales especiales según la nueva Ley de Transporte que fue aprobada en su totalidad hace unas semanas. Ahora los involucrados trabajan en su reglamento.
Para el Observatorio de la Violencia de la Unah, las muertes violentas por extorsión ocupan el tercer lugar después de las relacionados con maras y barras de equipos de fútbol, riñas interpersonales y ajustes de cuentas.
“Son posibles móviles que se analizan en el Observatorio. Tan solo en el departamento de Francisco Morazán se registraron 45 muertes por extorsión y 24 en San Pedro Sula”, informó la coordinadora de esta organización, Migdonia Ayestas.
En lo que va de 2016 ya se reportan 43 muertes en el sector transporte, la mayoría en el departamento de Cortés, adonde la mara Salvatrucha y la 18 controlan el imperio de la extorsión.
Hace unas semanas mediante el operativo Avalancha, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina), le dio un duro golpe a la MS13 asegurando bienes obtenidos por el delito de la extorsión. Entre los detenidos se apresó al alcalde de Talanga, Francisco Morazán, Jorge Romero.
