Comisión dirigirá proceso de depuración policial por un año

Tegucigalpa, Honduras.

Por amplia mayoría y con el respaldo de todos los partidos políticos, el Congreso Nacional aprobó ayer el decreto mediante el cual se declara situación de emergencia y de seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por un termino excepcional de doce meses.

La iniciativa de ley enviada por el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, sufrió algunas modificaciones por parte de la comisión de dictamen compuesta por los diputados Tomás Zambrano, Yuri Sabas, Luis Redondo, Juan Carlos Valenzuela, Gerardo Martínez, Irma Aída Reyes, César Agurcia y Rafael Nordarse.

A propuesta del jefe de la bancada nacionalista, Óscar Álvarez, al proyecto se le dispensaron dos debates y se aprobó en uno solo con amplias manifestaciones de los representantes de los partidos que coincidieron en la necesidad que este nuevo intento de depuración debe ser expedito, efectivo y duradero en el tiempo.

Bajo este decreto se establece un estado de naturaleza excepcional de doce meses para la expulsión de todos los oficiales y agentes que estén implicados en actos reñidos con la ley o no reúnan los criterios de idoneidad o confianza para continuar en la institución.

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Comisión especial

Este nuevo proceso de depuración y transformación de la Policía estará a cargo de una comisión especial nombrada por el Poder Ejecutivo e integrada por personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, y presidida por el secretario de Seguridad.

Sin embargo, se establece que corresponderá al titular de Seguridad cancelar los acuerdos de los policías que no cumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el decreto.

También se faculta al ministro para que proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía con la responsabilidad de pagarles los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda.

Se establece como causas de cancelación por despido la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza. En ese sentido, la idoneidad, pérdida de confianza y demás criterios establecidos en el decreto se aplicaran según lo establecido en la Ley de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Confianza y su reglamento.

En el caso de retiro voluntario se procederá al reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales siempre que el solicitante no sea objeto de investigación formal o tenga denuncia por la supuesta comisión de un delito, para los cuales podrá establecer convenios de pago.

La comisión especial concederá a los miembros de la Policía audiencias de descargo para que gocen del derecho de defensa, previa notificación de los cargos, denuncias o medidas disciplinarias que se le imputen. Para tal efecto se establecerá el mecanismo de notificaciones de manera personal, por tabla de avisos o medios electrónicos.

En lo concerniente a los fondos que ocupará el Gobierno para el pago de los derechos laborales de los policías despedidos, la diputada liberal Gabriela Núñez propuso una nueva redacción al artículo 6 del decreto relacionado a ese punto para no darle al Ejecutivo un cheque en blanco para que disponga de fondos a discrecionalidad.

El artículo 6 original facultaba al Ejecutivo suscribir empréstitos, emitir bonos soberanos en el mercado doméstico o internacional, titularizar en condiciones de mercado por medio de la banca estatal o privada, flujos de efectivo propiedad del Estado de Honduras y colocarlos en el mercado por medio de la bolsa de valores o en forma directa para el pago de prestaciones.

Sin embargo, bajo la nueva redacción se autoriza a la Secretaría de Finanzas a crear las partidas presupuestarias para el pago de los pasivos laborales de los policías, las cuales se imputarán al límite de crédito interno del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Además se agregó que en el caso de la necesidad de mayores recursos se solicitará al Congreso Nacional la respectiva ampliación presupuestaria para tal efecto.

Pago de prestaciones

Se faculta al Ejecutivo a la contratación de un banco estructurador o organismo financiero para el pago de los compromisos laborales.

Núñez argumentó que esto se hace para salvaguardar las finanzas públicas, ya que estimó que en el pago de prestaciones se desembolsarán entre L 200 millones y 300 millones.

Nuevos artículos. El proyecto de decreto experimentó varios cambios y agregados durante el proceso de discusión en el pleno, concretamente los artículos 4 y 6.

El diputado César Agurcia sugirió que en el artículo 4 se agregará un nuevo párrafo estableciendo como una cuarta atribución de la Comisión Especial la rendición de informes trimestrales del proceso de depuración policial, moción que fue aceptada por el pleno.

De igual manera, el liberal Darío Banegas propuso que se incorporara un nuevo artículo dirigido a establecer mecanismos de protección para todos los periodistas, familiares de las víctimas y testigos que hayan intervenido en las denuncias que originaron esta emergencia.

Argumentó que esta situación se trata de un caso especial que amerita una atención especial para velar por la seguridad de todas estas personas.

La propuesta fue aceptada bajo el entendido que se ofrecerá protección a todos los ciudadanos que colaboren con información que lleve a policías implicados en delitos ante la justicia.

Atribuciones

La Comisión Especial de Depuración tendrá como atribución determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo policía.

Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados.

Remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los expedientes de todas las personas canceladas por la comisión de un ilícito.