Tegucigalpa, Honduras.
La Operación Avalancha tiene un estrategia definida: golpear donde más le duele a los extorisionadores, es decir, sus bienes.
Las autoridades plantean que al menos unos 700 aseguramientos de bienes serán realizados por la operación a la mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 y otras organizaciones independientes de menor poder, por que fueron “adquiridos con el cobro del impuesto de guerra”, confió una fuente de Inteligencia del Estado.
Estos 700 bienes fueron comprados por unas 20 organizaciones de estas asociaciones ilícitas.
Solo en el primer golpe hecho el martes anterior, las fuerzas de seguridad del Estado ejecutaron 102 aseguramientos a una estructura de la MS-13 dedicada a la extorsión, por lo que quedaría por asegurar un poco menos de 600.
El aseguramiento es la medida de congelamiento de un bien, es decir, la prohibición decretada por un juez para que el mismo no sea vendido, donado o arrendado.
Posteriormente se procede a la incautación, o sea, cuando se toma posesión física de la propiedad, mientras la justicia determina si el bien es declarado en comiso.
El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, dijo esta semana que la Operación Avalancha apenas ha tocado la décima parte de las bandas extorsionadoras.
La fuente consultada no descartó que, incluso, el decomiso de bienes lleguen a superar el millar.
“Solo es la punta de la madeja, un golpe a una célula de la mara Salvatrucha”, dijo la fuente.
Los reportes de inteligencia indican que las bandas han tomado sus precauciones, tratando de movilizar sus centros de operaciones a otras localidades, llevando consigo los menajes y ganancias generadas por el “impuesto de guerra” y otras actividades ilícitas. Cada movimiento es vigilado por los agentes de campo, las capturas se darán hasta que se tenga ubicado a cada miembro, dijo.
Cada casa, negocio, computadora asegurada, permitirá profundizar en las pesquisas y determinar qué otros actores de la vida política u operadores de justicia están coludidos con los mareros.
Otras bandas
La Operación Avalancha no es exclusiva contra la MS-13, otras pandillas y bandas de extorsionadores independientes están incluidos en las investigaciones.
Las autoridades tienen también en la mira a más alcaldes municipales del norte y occidente del país, así como a expolicías asociados a los mareros y otros que han organizado sus propias bandas.
Los datos que poco a poco se revelan sugieren que hasta jueces han sido favorecidos por los pandilleros.
Un caso de esta naturaleza ya se ventila en los juzgados de San Pedro Sula, en el que una jueza con jurisdicción nacional benefició a un pandillero a cambio de importantes sumas de dinero.
“No es la primera vez, ni será la última, que un juez se venda, las sospechas de otros impartidores de justicia coludidos están en el tablero de investigación”, aseguró el consultado.
Mutación
La Operación Avalancha tiene un estrategia definida: golpear donde más le duele a los extorisionadores, es decir, sus bienes.
Las autoridades plantean que al menos unos 700 aseguramientos de bienes serán realizados por la operación a la mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 y otras organizaciones independientes de menor poder, por que fueron “adquiridos con el cobro del impuesto de guerra”, confió una fuente de Inteligencia del Estado.
Estos 700 bienes fueron comprados por unas 20 organizaciones de estas asociaciones ilícitas.
Solo en el primer golpe hecho el martes anterior, las fuerzas de seguridad del Estado ejecutaron 102 aseguramientos a una estructura de la MS-13 dedicada a la extorsión, por lo que quedaría por asegurar un poco menos de 600.
El aseguramiento es la medida de congelamiento de un bien, es decir, la prohibición decretada por un juez para que el mismo no sea vendido, donado o arrendado.
Posteriormente se procede a la incautación, o sea, cuando se toma posesión física de la propiedad, mientras la justicia determina si el bien es declarado en comiso.
El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, dijo esta semana que la Operación Avalancha apenas ha tocado la décima parte de las bandas extorsionadoras.
La fuente consultada no descartó que, incluso, el decomiso de bienes lleguen a superar el millar.
“Solo es la punta de la madeja, un golpe a una célula de la mara Salvatrucha”, dijo la fuente.
Los reportes de inteligencia indican que las bandas han tomado sus precauciones, tratando de movilizar sus centros de operaciones a otras localidades, llevando consigo los menajes y ganancias generadas por el “impuesto de guerra” y otras actividades ilícitas. Cada movimiento es vigilado por los agentes de campo, las capturas se darán hasta que se tenga ubicado a cada miembro, dijo.
Cada casa, negocio, computadora asegurada, permitirá profundizar en las pesquisas y determinar qué otros actores de la vida política u operadores de justicia están coludidos con los mareros.
Otras bandas
La Operación Avalancha no es exclusiva contra la MS-13, otras pandillas y bandas de extorsionadores independientes están incluidos en las investigaciones.
Las autoridades tienen también en la mira a más alcaldes municipales del norte y occidente del país, así como a expolicías asociados a los mareros y otros que han organizado sus propias bandas.
Los datos que poco a poco se revelan sugieren que hasta jueces han sido favorecidos por los pandilleros.
Un caso de esta naturaleza ya se ventila en los juzgados de San Pedro Sula, en el que una jueza con jurisdicción nacional benefició a un pandillero a cambio de importantes sumas de dinero.
“No es la primera vez, ni será la última, que un juez se venda, las sospechas de otros impartidores de justicia coludidos están en el tablero de investigación”, aseguró el consultado.
Mutación
Las maras en Honduras han mutado de ser simples organizaciones que pelean barrios para distribuir drogas a participar en la red internacionales de estupefacientes.
Por eso, la Operación Avalancha, liderada por la Agencia Técnica de Investigación (Atic), recibió el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.
La investigación interncional también detectó que los pandilleros están lavando dinero en Colombia a través de sus socios sudamericanos.
El embajador norteamericano en Honduras, James Nealon, confirmó esa cooperación en través de su Twitter.
Las investigaciones también apuntan a la conexión de los barones de la droga extraditados con los pandilleros en el país y sus intermediarios.
El Poder Judicial ha emitido casi 20 órdenes de captura específicamente contra los principales líderes de los carteles de las drogas y sus socios.
Sin embargo, la Operación Avalancha no ha detenido hasta el momento a un solicitado en extradicción por Estados Unidos u otro Gobierno extranjero.
Una fuente de la Corte Suprema de Justicia informó que la secretividad con la que se manejan las solicitudes dificulta detallar si un detenido en la Operación Avalancha es reclamado por un Gobierno extranjero.
Bienes y recursos
Los fiscales se concentran en las sociedades mercantiles, bienes muebles e inmuebles y en seguir la pista del dinero en efectivo.
En la primera etapa de la Operación se pretende confiscar al menos 50 millones de lempiras.
Sin embargo, no se descuidarán las capturas de los implicados en las redes de extorsión.
Las autoridades pretenden hacer efectivas otras órdenes de detención emitidas por el juez.
De las primeras 15 órdenes de captura, hasta el momento se han ejecutado 10 y se detuvo a tres personas más que estaban en los lugares que allanaron las fuerzas de seguridad.
