Washington, Estados Unidos.
El presidente Juan Orlando Hernández ayer en su discurso en la Organización de Estados Americanos (OEA) habló de las grandes expectativas que nacen en Honduras con la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Consideró que la derrota definitiva de la impunidad, como la concebimos, requiere, sí, identificar a los delincuentes y los corruptos en todos los ámbitos, públicos y privados, someterlos a la justicia y castigarlos.
Para lograrlo -agregó- no basta simplemente de una ofensiva concebida como una sucesión de batallas.
“Para triunfar en esta guerra necesitamos instituciones bien organizadas, fuertes y efectivas en su accionar, que actúen en forma permanente y con reglas claras”, detalló.
Recordó que ni la justicia ni la honestidad ni la confianza se decretan y que no basta con proclamarlas; todas deben construirse, deben ser producto del ejercicio sostenido de la voluntad política, de la articulación de consensos, la participación de los ciudadanos, la constante valorización de la transparencia y la operación continuada de instituciones buenas y fuertes.
En su discurso destacó que la responsabilidad de construir la transparencia es de todos.
Recordó que el día que asumió la presidencia se comprometió a combatir la corrupción en todas sus formas, de frente, sin cuartel, dando la cara, en todo momento y se encuentre donde se encuentre.
Debe haber “dignidad y honestidad arriba, para exigirlas en igual medida de los servidores públicos de todos los niveles y reclamarla de todos los actores sociales, económicos y políticos de Honduras”, sentenció. Este esfuerzo se materializó sobre tres líneas estratégicas: la actualización de las leyes, el fortalecimiento y reforma de las instituciones, y la obtención de resultados que hicieran posible la legitimación de los cambios y la colaboración activa de los ciudadanos en su implementación.
Grandes males
El presidente Juan Orlando Hernández ayer en su discurso en la Organización de Estados Americanos (OEA) habló de las grandes expectativas que nacen en Honduras con la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Consideró que la derrota definitiva de la impunidad, como la concebimos, requiere, sí, identificar a los delincuentes y los corruptos en todos los ámbitos, públicos y privados, someterlos a la justicia y castigarlos.
Para lograrlo -agregó- no basta simplemente de una ofensiva concebida como una sucesión de batallas.
“Para triunfar en esta guerra necesitamos instituciones bien organizadas, fuertes y efectivas en su accionar, que actúen en forma permanente y con reglas claras”, detalló.
Recordó que ni la justicia ni la honestidad ni la confianza se decretan y que no basta con proclamarlas; todas deben construirse, deben ser producto del ejercicio sostenido de la voluntad política, de la articulación de consensos, la participación de los ciudadanos, la constante valorización de la transparencia y la operación continuada de instituciones buenas y fuertes.
En su discurso destacó que la responsabilidad de construir la transparencia es de todos.
Recordó que el día que asumió la presidencia se comprometió a combatir la corrupción en todas sus formas, de frente, sin cuartel, dando la cara, en todo momento y se encuentre donde se encuentre.
Debe haber “dignidad y honestidad arriba, para exigirlas en igual medida de los servidores públicos de todos los niveles y reclamarla de todos los actores sociales, económicos y políticos de Honduras”, sentenció. Este esfuerzo se materializó sobre tres líneas estratégicas: la actualización de las leyes, el fortalecimiento y reforma de las instituciones, y la obtención de resultados que hicieran posible la legitimación de los cambios y la colaboración activa de los ciudadanos en su implementación.
Grandes males
Hernández dijo que desde un comienzo el Gobierno identificó y atacó frontalmente las manifestaciones más destructivas, como la pérdida de libertad de los ciudadanos, las familias y las comunidades, producto de la violencia creciente con un costo de miles de vidas, la extorsión generalizada, el pasaje y tráfico de drogas por el territorio nacional y el desplazamiento del crimen organizado internacional hacia la región.
Reconoció que el Estado no estaba preparado para enfrentarlo y además el crecimiento de redes de corrupción pública y privada sustentado en niveles crecientes de impunidad. Hizo hincapié en que se trabajó en la captura y verdadera ocupación forzada de áreas críticas del Estado y la Administración por parte de individuos y estructuras delictivas dedicadas a explotar las organizaciones públicas en beneficio propio. Mencionó casos como la malversación de recursos públicos en casos como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social y los escandalosos desvíos en la compra y distribución de medicamentos, la evasión y desvío de recursos fiscales en la Dirección Ejecutiva de Ingresos y las aduanas.
Aseguró que ninguno de estos fenómenos puede definirse como una sucesión de hechos
delictivos aislados porque tienen el común denominador de la impunidad. “La impunidad resulta del progresivo deterioro en la integración y funcionamiento de la justicia y todos sus operadores: la Policía y su capacidad de prevenir, investigar y reprimir el delito; el Ministerio Público y su capacidad de investigar y judicializar a los delincuentes,
el Poder Judicial y su capacidad de operar con independencia, celeridad y oportunidad en la aplicación de las leyes, y los centros de reclusión y su capacidad efectiva de contener y reeducar a los transgresores”.
Acciones
El gobernante indicó que se necesita profundizar la certificación y capacitación del personal de los operadores de justicia, socializarlo en buenas prácticas y dotarlo de la tecnología y el equipo que les permita combatir con éxito delitos cada vez más complejos y delincuentes cada vez más sofisticados.
Se necesita dotarlos de verdadera independencia y blindarlos frente a los embates de circuitos delictivos empeñados en involucrarlos como parte de su lógica, transformándolos en engranajes de sus actividades criminales, añadió.
El Gobierno de Honduras se comprometió a brindar todo el apoyo a la organización y operación de un Observatorio del Sistema de Justicia Penal, construido y constituido con la participación plural de la sociedad civil hondureña.
