Tegucigalpa, Honduras
La inversión que implica la compra de equipo para poner en práctica los dispositivos de seguridad en las unidades de transporte ha desatado polémica.
Esta es una de las disposiciones contenidas en la nueva Ley General de Transporte Público Terrestre que el Congreso Nacional aprobará en su tercer debate. La comisión de dictamen ha sugerido que este costo lo absorban los transportistas.
Otro punto discordante son los cambios operados por la comisión de dictamen al proyecto de ley que fuera consensuado entre el Gobierno y los transportistas.
En ese sentido, los dirigentes de este sector se reunirán este domingo en Siguatepeque, Comayagua, para definir una posición en torno a decisión del Congreso Nacional de acelerar el debate.
Según el dirigente del transporte urbano, Jorge Lanza, hay 50 artículos que fueron “trastocados” por la comisión de dictamen, ya se han hecho las correcciones, pero el Congreso no se ha pronunciado.
Lanza afirmó que en la reunión de Siguatepeque se decidirá la estrategia a seguir para lograr que se incorporen estas recomendaciones en el dictamen.
El director de Transporte, Yovanny Dubón, admitió que la comisión hizo varios cambios al proyecto que fue consensuado entre transportistas y Gobierno.
El funcionario sostuvo que los diputados no van a legislar por lo que los transportistas o la Dirección General de Transporte quieran, ellos van a legislar en favor de los usuarios, que son una gran mayoría.
Dispositivos
El diputado presidente de la Comisión de Transporte, Edgardo Martínez, dijo que los empresarios del transporte tendrán que pagar la inversión en materia de seguridad para implementar los dispositivos electrónicos.
Justificó que el valor de los equipos debe ser costeado por los dueños de las unidades y no por el Estado, porque “si es propiedad de ellos, lo van a cuidar más”.
Se presume que unos mil dólares por unidad de transporte del servicio público, (unos 22,000 lempiras) será el costo de la tecnología de seguridad que se aplicará con la aprobación de nueva ley. Los mil dólares garantizan cámara, botón de pánico y GPS (control de posicionamiento global) conectados directamente a la Policía para que ellos puedan identificar si se registra alguna emergencia.
La ley toma medidas precautorias para evitar extorsiones, entre las que destacan la tarjeta prepago, el botón del pánico, cámaras en el interior de las unidades y pruebas antidopaje
