San Pedro Sula, Honduras
La contaminación por las aguas residuales en la ciudad es cada vez mayor. Los empresarios, autoridades, exalcaldes, ambientalistas y patronatos están conscientes de ello, aunque también saben el alto costo que representaría para los sampedranos que se cobre el tratamiento vía tarifa.
Han pasado 15 años desde que se le adjudicó el contrato de agua a la empresa Aguas de San Pedro (ASP), en el que se contempla también el tratamiento de aguas residuales.
La administración de Juan Carlos Zúniga adquirió tres predios: en la Rivera Hernández a un costo de L21 millones; en Chotepe a L17 millones y en Cofradía a un precio de L51 millones.
Según el acta corporativa 153, la Corporación de Zúniga resolvió la entregar de las escrituras y la custodia de las tierras a ASP.
Sin embargo, Maurizio Chiovelli, presidente de la concesionaria, dice que las tierras se compraron según la manifestación pública y que el problema es que el Plan Maestro no está aprobado y sin eso no se puede proceder.
El empresario explica que ahí se tienen que especificar varias cosas. “Las tierras no han sido entregadas y si Aguas de San Pedro construye las plantas tiene que subir la tarifa a los consumidores”, aseguró.
Según el ejecutivo, el costo de las plantas de tratamiento, los colectores y las redes ascendería a unos $200 millones; es decir, L4,400 millones.
“Llevamos años esperando y estamos listos, pero la alcaldía no se decide”, expresa Chiovelli.
“Desinterés”. El exalcalde Roberto Larios Silva refiere que lastimosamente la cobertura para tratar las aguas negras no se ha dado por la falta de interés de las diferentes corporaciones al no proporcionar los terrenos que, según el contrato de concesión, es obligación de la Municipalidad para poder operar allí las plantas de tratamiento.
“Tengo entendido que esta Corporación está consciente de la urgencia y está tomando cartas en el asunto con el agravante de que el costo de estas plantas que en el año 2000 era de $80-90 millones, ahora ha aumentado a $180-190 millones, lo que es imposible amortizar a pura tarifa”, expone Larios Silva.
A juicio del exalcalde las autoridades están obligadas a buscar otros recursos como se ha hecho en otras ciudades del mundo; recurrir a instituciones de desarrollo y buscar largos plazos e intereses muy bajos o en todo caso donativos de países amigos.
El regidor Luis Cardona dice que hay distintas temáticas que discutir con ASP y ese es uno de ellos. En este punto, menciona que se hará un planteamiento a la empresa.
“La población no podría pagar”
Un estudio de tarifas para alcantarillado sanitario (Inecon, 2012) indicó que la inversión requerida para la instalación de redes de alcantarillado, macro-colectores y plantas de tratamiento es de $181 millones (solo las plantas implican el 70% de la inversión), menciona Diana Betancourt, ambientalista.
“El costo promedio de la operación de las plantas en los próximos 15 años sería de más o menos un millón de dólares al año. El estudio concluyó que los costos por la inversión en alcantarillado y tratamiento de aguas residuales no son socialmente ni políticamente viables, ya que la población no podría pagarlos”.
Betancourt sugirió que las inversiones en tratamiento se trasladen al Gobierno central o sean realizadas por la cooperación internacional. Sin embargo, tiene claro que “el obstáculo de esta recomendación es que ni el Gobierno central, ni la cooperación internacional estarán en la disposición de financiar tales inversiones para que una empresa privada se lucre. La ciudad está en una difícil situación porque no es sujeta de financiamiento no reembolsable por la privatización que hizo de los servicios de agua y saneamiento”.
“Para solventarlo lo que cabe es negociar con la empresa concesionaria la modificación del contrato de concesión para facilitar a la Municipalidad el acceso a financiamiento no reembolsable. Caso contrario, continuaremos con la masiva contaminación en el río Chamelecón y debemos asumir las consecuencias ambientales”.
