Tegucigalpa, Honduras.
La falta de equipo y personal limita en cierta forma los trabajos de la Junta Nominadora para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.
Ricardo Rodríguez, presidente de la Junta, manifestó que carecen de computadoras, conserjes, técnicos y vehículos. “Necesitamos dos secretarias, técnicos en programación, un conserje, algunas computadoras, vehículos para movilizar equipo. Hay bastantes limitantes”.
Sin embargo, contó que están por recibir apoyo de la Corte y de la Unah. El Poder Judicial ya les asignó un local, dos computadoras, un escáner y una persona que lo utilizará. En cambio, la Unah les mandará una persona de apoyo.
Rodríguez ya solicitó a los diputados del Congreso Nacional que presenten un proyecto de ley para aprobar un presupuesto que sirva para cubrir todos los gastos del trabajo que realiza la Junta.
Según el abogado, este monto podría ser de 1.5 millones de lempiras, ya que es un gasto cada siete años.
Sugirió que el fondo puede ser anexado a la Corte Suprema o al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Recordó, que según la ley, la Junta Nominadora no tiene ningún presupuesto y los fondos que maneja son aportaciones que hicieron las instituciones que la integran.
Reveló que se le solicitó a cada entidad 50,000 lempiras, pero no es un monto suficiente para todo lo que se debe hacer. Pese a las limitaciones, hoy continúan las pruebas de confianza que comenzaron el miércoles con el análisis sicométrico; esta prueba concluye el martes.
El polígrafo comenzó a aplicarse desde ayer a dos grupos de 18 aspirantes cada uno.
“La preguntas lo que van buscando en realidad es qué tipo de nexos tiene uno con el narcotráfico, qué tiene que esconder y si tiene relaciones delictivas”, comentó un abogado que labora de forma privada desde hace 40 años.
Indicó que esta es una prueba necesaria por que “aquellos que van a la Corte Suprema de Justicia tienen que ser limpios, gente decente que no tenga nexos con ningún tipo de organizaciones delictivas”.
El abogado Caleb Avilés detalló que en las preguntas se le consultó sobre la vida personal, la relación con los clientes “de si están o no dentro del marco de la ley”.
Félix Ávila, candidato a magistrado, se sometió ayer a la prueba poligráfica. Consideró que el proceso se ha realizado de forma correcta. Indicó que lo único que espera de la Junta Nominadora es que actúe con imparcialidad.
Otras de las preguntas a las que los aspirantes supuestamente tuvieron que responder era de qué forma habían obtenido sus bienes y si estos fueron comprados con dinero del narcotráfico o crimen organizado.
Además se les consultó si alguna vez vendieron un juicio o si cobraron u ofrecieron dinero a operadores de justicia para obtener resoluciones favorables.
Rafael Canales, miembro de la Junta, exteriorizó que los resultados de todas las pruebas las tendrán cinco días después de que concluyan las cuatro evaluaciones.
Reiteró que los resultados serán confidenciales, pero sí serán sumados en la parte de idoneidad. De acuerdo con Canales, el polígrafo es un examen que mide las conductas pasadas de los precandidatos, lo que permite un “análisis de riesgo” para cada uno de ellos.
La falta de equipo y personal limita en cierta forma los trabajos de la Junta Nominadora para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.
Ricardo Rodríguez, presidente de la Junta, manifestó que carecen de computadoras, conserjes, técnicos y vehículos. “Necesitamos dos secretarias, técnicos en programación, un conserje, algunas computadoras, vehículos para movilizar equipo. Hay bastantes limitantes”.
Sin embargo, contó que están por recibir apoyo de la Corte y de la Unah. El Poder Judicial ya les asignó un local, dos computadoras, un escáner y una persona que lo utilizará. En cambio, la Unah les mandará una persona de apoyo.
Rodríguez ya solicitó a los diputados del Congreso Nacional que presenten un proyecto de ley para aprobar un presupuesto que sirva para cubrir todos los gastos del trabajo que realiza la Junta.
Según el abogado, este monto podría ser de 1.5 millones de lempiras, ya que es un gasto cada siete años.
Sugirió que el fondo puede ser anexado a la Corte Suprema o al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Recordó, que según la ley, la Junta Nominadora no tiene ningún presupuesto y los fondos que maneja son aportaciones que hicieron las instituciones que la integran.
Reveló que se le solicitó a cada entidad 50,000 lempiras, pero no es un monto suficiente para todo lo que se debe hacer. Pese a las limitaciones, hoy continúan las pruebas de confianza que comenzaron el miércoles con el análisis sicométrico; esta prueba concluye el martes.
El polígrafo comenzó a aplicarse desde ayer a dos grupos de 18 aspirantes cada uno.
“La preguntas lo que van buscando en realidad es qué tipo de nexos tiene uno con el narcotráfico, qué tiene que esconder y si tiene relaciones delictivas”, comentó un abogado que labora de forma privada desde hace 40 años.
Indicó que esta es una prueba necesaria por que “aquellos que van a la Corte Suprema de Justicia tienen que ser limpios, gente decente que no tenga nexos con ningún tipo de organizaciones delictivas”.
El abogado Caleb Avilés detalló que en las preguntas se le consultó sobre la vida personal, la relación con los clientes “de si están o no dentro del marco de la ley”.
Félix Ávila, candidato a magistrado, se sometió ayer a la prueba poligráfica. Consideró que el proceso se ha realizado de forma correcta. Indicó que lo único que espera de la Junta Nominadora es que actúe con imparcialidad.
Otras de las preguntas a las que los aspirantes supuestamente tuvieron que responder era de qué forma habían obtenido sus bienes y si estos fueron comprados con dinero del narcotráfico o crimen organizado.
Además se les consultó si alguna vez vendieron un juicio o si cobraron u ofrecieron dinero a operadores de justicia para obtener resoluciones favorables.
Rafael Canales, miembro de la Junta, exteriorizó que los resultados de todas las pruebas las tendrán cinco días después de que concluyan las cuatro evaluaciones.
Reiteró que los resultados serán confidenciales, pero sí serán sumados en la parte de idoneidad. De acuerdo con Canales, el polígrafo es un examen que mide las conductas pasadas de los precandidatos, lo que permite un “análisis de riesgo” para cada uno de ellos.
