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Ley Kingpin nunca se había aplicado a un banco: Hernández Alcerro

  • 22 octubre 2015 /

Caso Rosenthal: Jorge Ramón Hernández Alcerro dijo que no hay experiencias previas con lo que ha sucedido con Banco Continental.

Tegucigalpa, Honduras

El ministro coordinador del Gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández Alcerro, confirmó que la Ley Kingpin de Estados Unidos nunca se había aplicado a una institución bancaria, al referirse a la designación de Banco Continental.

'Esta es una situación sin precedente, nunca en la aplicación de la Ley Kingpin de los Estados Unidos se había procedido en contra de una institución bancaria y muy pocas veces en contra de un conglomerado empresarial tan amplio (Grupo Continental), en esta caso alrededor de 47 empresas', dijo Alcerro la mañana de este jueves en el programa de televisión Frente a Frente.

El funcionario recordó que 'hay que tener en cuenta que no hay experiencias previas, ni siquiera Estados Unidos, con lo que ha sucedido con esta institución financiera'.

También indicó que 'es muy difícil el tratamiento de un conglomerado tan amplio, tan diverso, con giros tan distintos de cada una de las empresas'.

Para Hernández Alcerro, los efectos que causa en Honduras la aplicación en Estados Unidos de la Ley Kingpin son varios. 'Primero, el congelamiento de todos los bienes de las personas y empresas que han sido nominadas están inmovilizados completamente'.

'Segundo, la prohibición para los ciudadanos y empresas norteamericanas de hacer cualquier tipo de operación con esas personas o empresas que están nominadas; y tercero, la posibilidad de que si hay alguien que haga una operación con esas empresas o con esas personas puede ser sujeto al mismo tipo de sanciones', comentó.

Agregó que 'la aplicación de esa disposición en los Estados Unidos tiene el efecto prácticamente de sacar del sistema de pago internacional a la institución bancaria y a las empresas que han sido designadas. No se puede realizar ningún tipo de operación. Es como si usted está en la sala de cuidados intensivos llega alguien y cierra la válvula de oxígeno, así de dramática es el efecto que tiene sobre las empresas y personas que han sido designadas'.

'Hay cosas que están bajo el control de la aplicación de esa ley (Kingpin) y otras que nosotros podemos hacer. Es más aún las cosas que pudiéramos hacer acá, muchas empresas, muchas instituciones financieras se han abstenido de actuar por temor a que puedan tener algún tipo de contagio y repercusión hacia ellos', manifestó.

Hernández Alcerro reiteró que prácticamente hay una prohibición absoluta de hacer cualquier tipo de operación con esas empresas.

'Ayer la oficina Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros) emitió una resolución mediante la cual dice que todas la operaciones que tengan que ver con la liquidación y el cierre de Banco Continental pueden ser hechas sin que para ellos esto tenga consecuencias', anunció Alcerro. 'Eso facilita el proceso de liquidación y la venta de activos, la subasta que está haciendo la Comisión de Bancos y Seguros'.

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Empresas incautadas

Francisco Zavala Brizuela, director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), aclaró que 'el aseguramiento es una medida cautelar así como en un proceso penal hay prisión preventiva, puede haber firmar un libro una vez a la semana que es cautelar y no presupone una sentencia declaratoria de algún tipo de responsabilidad, razón por la cual se han asegurado algunas empresas y solo se han incautado Banco Continental y Alimentos Continental de las cuales se está tomando decisión de administración en procura de preservar los derechos y los compromisos laborales y la operatividad de las mismas'.

'El fin de la ley de privación de dominios es desapoderar de los bienes a las organizaciónes criminales. Este es un tema de lucha frontal a la criminalidad organizada', dijo.

Para el director de la Oabi, 'la Constitución establece que la propiedad privada se respeta, pero debe de servir a una función social; entonces un bien adquirido ilícitamente o destinado para un ilícito no está sirviendo a esa función social'.

También recordó que 'la empresa que no es factible o que siga operando por una inyección de capital ilícito o con una administración con anomalías se estará dando información a la población para que entienda y comprenda'.