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14 hondureños y 24 empresas en la lista de la OFAC

  • 19 octubre 2015 /

El documento establece nombres de personas y empresas ligadas por Estados Unidos en narcotráfico y lavado de activos.

Tegucigalpa, Honduras

Las últimas acusaciones hechas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) elevan a 14 la cantidad de hondureños que integran la 'lista negra' del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también conocida como la 'Lista Clinton'.

El documento también ha contenido los nombres de 24 de empresas y tres bandas instaladas en el país que para el gobierno de Estados Unidos han tenido nexos con dineros del narcotráfico, han sido narcotraficantes o han estado inmersos en delitos de lavado de activos.

De los 14 hondureños ligado a la Lista Clinton, que establece las definición internacional tomada para el “blanqueo de capitales”, seis ya guardan prisión en las cárceles de ese país.

Fuera de Honduras, la lista guarda los nombres de familias y personas ligadas al tráfico de drogas como los Arellano Félix, Caro Quintero, Carrillo Fuentes, Zambada García, Beltran Leyva, González Polanco, Lazcano Lazcano, Treviño Morales, Barrera Barrera, Úsuga David, Lorenzana Lima, Jiménez Urrego, Pérez Henao o Gastelum Serrano.

Asimismo, contiene los nombres de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes como la Familia Michoacana, Los Zetas, Cartel de Sinaloa, Caballeros Templarios, Urabeños, Rastrojos, Cartel Jalisco Nueva Generación o Cuinis.

En Honduras, en los últimos años la lista ha vinculado los nombres de Los Cachiros y Los Valle.

En total, desde junio de 2000, más de 1,800 entidades e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de drogas.

La lista es redactada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y se creó en 1995 durante el mandato del presidente Bill Clinton como parte de una guerra contra el narcotráfico, una herramienta que bloquea a un grupo de personas dentro del mundo financiero, prohibiendo que ejerzan negociaciones con empresas estadounidenses.

Dentro de suelo norteamericano estas empresas o personas, no incurren en delito, pero las empresas de ese país que contraten con ellas sí cometen un ilícito penado por las normas locales.