Tegucigalpa, Honduras.
En atención a una disposición superior, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) desalojó al exadministrador regional de esa dependencia César Andrés Salgado de una lujosa vivienda en la distinguida colonia Zerón de San Pedro Sula, la cual ocupaba irregularmente desde el año anterior.
El desalojo recién se efectuó y el inmueble fue traspasado para uso provisional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en apoyo al renglón seguridad y justicia.
Salgado ocupaba la residencia desde el 14 de enero de 2014, cuando su suegro Humberto Palacios Moya, a la sazón director de la Oabi, firmó con él un contrato de arrendamiento de la vivienda por cinco años a cambio que el pago del alquiler equivalente a unos 6,000 lempiras mensuales se saldara con la inversión en mejoras y reparaciones de la casa.
Salgado fue cancelado a mediados de 2014 por las nuevas autoridades de la Oabi tras detectar una serie de anomalías; sin embargo, seguía habitando la vivienda bajo el argumento que lo hacía amparado en el contrato de alquiler que firmó con su suegro y exjefe.
Una fuente de la Oabi confirmó que el desalojo se ejecutó por orden de las autoridades superiores y que Salgado estuvo presente en el momento de hacerlo efectivo.
Además de la vivienda, el exfuncionario se había apropiado de menaje y otros bienes administrados por la Oabi; pero, según la fuente, “todavía no hay una orden para que tomemos posesión de más bienes de este caso”.
Investigado por corrupción
Salgado es investigado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública del Ministerio Público por supuestos actos de corrupción y abuso de autoridad cometidos durante su gestión al frente de la oficina regional de la Oabi en la ciudad de San Pedro Sula.
Una exhaustiva investigación realizada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en coordinación con la Oabi permitió determinar una serie de malos manejos en los bienes que estaban bajo su responsabilidad, lo que causó un perjuicio económico al Estado de alrededor de 13.2 millones de lempiras.
Durante su gestión, Salgado contaba con una flotilla de vehículos para uso personal y de su familia. Además se detectó el saqueo del menaje y objetos de valor de varias residencias incautadas a grupos criminales y del narcotráfico que operaban en el norte y occidente del país.
Gabriela Castellanos, directora del CNA, confirmó que la labor del Ministerio Público está bien avanzada y que hay más de una persona involucrada de forma directa en este caso.
En atención a una disposición superior, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) desalojó al exadministrador regional de esa dependencia César Andrés Salgado de una lujosa vivienda en la distinguida colonia Zerón de San Pedro Sula, la cual ocupaba irregularmente desde el año anterior.
El desalojo recién se efectuó y el inmueble fue traspasado para uso provisional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en apoyo al renglón seguridad y justicia.
Salgado ocupaba la residencia desde el 14 de enero de 2014, cuando su suegro Humberto Palacios Moya, a la sazón director de la Oabi, firmó con él un contrato de arrendamiento de la vivienda por cinco años a cambio que el pago del alquiler equivalente a unos 6,000 lempiras mensuales se saldara con la inversión en mejoras y reparaciones de la casa.
Salgado fue cancelado a mediados de 2014 por las nuevas autoridades de la Oabi tras detectar una serie de anomalías; sin embargo, seguía habitando la vivienda bajo el argumento que lo hacía amparado en el contrato de alquiler que firmó con su suegro y exjefe.
Una fuente de la Oabi confirmó que el desalojo se ejecutó por orden de las autoridades superiores y que Salgado estuvo presente en el momento de hacerlo efectivo.
Además de la vivienda, el exfuncionario se había apropiado de menaje y otros bienes administrados por la Oabi; pero, según la fuente, “todavía no hay una orden para que tomemos posesión de más bienes de este caso”.
Investigado por corrupción
Salgado es investigado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública del Ministerio Público por supuestos actos de corrupción y abuso de autoridad cometidos durante su gestión al frente de la oficina regional de la Oabi en la ciudad de San Pedro Sula.
Una exhaustiva investigación realizada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en coordinación con la Oabi permitió determinar una serie de malos manejos en los bienes que estaban bajo su responsabilidad, lo que causó un perjuicio económico al Estado de alrededor de 13.2 millones de lempiras.
Durante su gestión, Salgado contaba con una flotilla de vehículos para uso personal y de su familia. Además se detectó el saqueo del menaje y objetos de valor de varias residencias incautadas a grupos criminales y del narcotráfico que operaban en el norte y occidente del país.
Gabriela Castellanos, directora del CNA, confirmó que la labor del Ministerio Público está bien avanzada y que hay más de una persona involucrada de forma directa en este caso.
