Tegucigalpa, Honduras.
Producto de las acciones adoptadas por el Estado de Honduras para golpear las finanzas del crimen organizado y debilitar las estructuras y el poder económico de los principales cabecillas del narcotráfico que operan en el país, en los últimos 21 meses se logró una histórica incautación de bienes y dinero proveniente de diversas actividades ilícitas.
En este inventario se incluyen los 34 inmuebles y otros productos financieros incautados a los principales implicados en el brutal desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), sin contar las propiedades que se encuentran aseguradas en Estados Unidos, Chile y Panamá.
En su más reciente informe, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), reportó un registro histórico de 1,232 bienes inmuebles incautados, de los cuales hay 47 aeronaves, 964 vehículos, 213 embarcaciones, 17 apartamentos, 267 residencias, 42 haciendas, 18 locales comerciales, 28 edificios, 47 empresas y un zoológico, entre otros.
Gran parte de estas propiedades se encuentran en alquiler y otras bajo las figuras de uso provisional, comodato o han sido trasladados a instituciones del Estado o centros de beneficencia.
La Oabi a través de su Unidad de Gestión Empresarial administra dos empresas de cable, un canal de televisión, tres hoteles, cuatro centros comerciales y una tienda de electrodomésticos relacionados con los casos de los hermanos Valle Valle, Juan Gómez y Yuquita.
También tiene en su poder una radioemisora (caso Marcelo Chimirri), dos edificios y el zoológico de Joya Grande
(casos Handal y Los Cachiros), una funeraria ( caso José Mejía), una industria de bordado (caso Levis Martínez) y un hospital (caso Pinto) .
Claudia Solórzano, portavoz de la Oabi, explicó que en teoría el número de empresas trasladadas a la Oabi por el Ministerio Público asciende a 47 en total, pero en algunos casos se trata de sociedades fantasmas que en la práctica no existen y solo eran utilizadas para el lavado de dinero por los criminales.
Por otro lado, la Oabi cuenta en este momento con alrededor de 101 propiedades en arrendamiento, entre fincas, haciendas, apartamentos, locales comerciales, terrenos, y viviendas en todo el país, por las cuales recibe al mes ingresos por cerca de un millón de lempiras en moneda nacional y 61,012 dólares.
Solo por el zoológico de Joya Grande recibe un arriendo de 175 mil lempiras mensuales; por finca Las Piedras, 40 mil; por hotel Prado, 20 mil; por hacienda 6 de Mayo, 266,60 anuales, por el alquiler de un terreno en El Riñón, 114,320 anuales y por la hacienda Las Piñuelas, 25 mil dólares anuales.
La mayor parte de estas sociedades e inmuebles fueron decomisados el año anterior y en los primeros meses de 2015 a las organizaciones criminales conformadas por los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, los hermanos Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera, cabecillas de Los Cachiros y Carlos Arnoldo “El Negro” Lobo.
Producto de las acciones adoptadas por el Estado de Honduras para golpear las finanzas del crimen organizado y debilitar las estructuras y el poder económico de los principales cabecillas del narcotráfico que operan en el país, en los últimos 21 meses se logró una histórica incautación de bienes y dinero proveniente de diversas actividades ilícitas.
En este inventario se incluyen los 34 inmuebles y otros productos financieros incautados a los principales implicados en el brutal desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), sin contar las propiedades que se encuentran aseguradas en Estados Unidos, Chile y Panamá.
En su más reciente informe, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), reportó un registro histórico de 1,232 bienes inmuebles incautados, de los cuales hay 47 aeronaves, 964 vehículos, 213 embarcaciones, 17 apartamentos, 267 residencias, 42 haciendas, 18 locales comerciales, 28 edificios, 47 empresas y un zoológico, entre otros.
Gran parte de estas propiedades se encuentran en alquiler y otras bajo las figuras de uso provisional, comodato o han sido trasladados a instituciones del Estado o centros de beneficencia.
La Oabi a través de su Unidad de Gestión Empresarial administra dos empresas de cable, un canal de televisión, tres hoteles, cuatro centros comerciales y una tienda de electrodomésticos relacionados con los casos de los hermanos Valle Valle, Juan Gómez y Yuquita.
 Los Valle, Los Cachiros y otros poderosos hacían gala de mansiones y carros último modelo.
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Claudia Solórzano, portavoz de la Oabi, explicó que en teoría el número de empresas trasladadas a la Oabi por el Ministerio Público asciende a 47 en total, pero en algunos casos se trata de sociedades fantasmas que en la práctica no existen y solo eran utilizadas para el lavado de dinero por los criminales.
Por otro lado, la Oabi cuenta en este momento con alrededor de 101 propiedades en arrendamiento, entre fincas, haciendas, apartamentos, locales comerciales, terrenos, y viviendas en todo el país, por las cuales recibe al mes ingresos por cerca de un millón de lempiras en moneda nacional y 61,012 dólares.
Solo por el zoológico de Joya Grande recibe un arriendo de 175 mil lempiras mensuales; por finca Las Piedras, 40 mil; por hotel Prado, 20 mil; por hacienda 6 de Mayo, 266,60 anuales, por el alquiler de un terreno en El Riñón, 114,320 anuales y por la hacienda Las Piñuelas, 25 mil dólares anuales.
La mayor parte de estas sociedades e inmuebles fueron decomisados el año anterior y en los primeros meses de 2015 a las organizaciones criminales conformadas por los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, los hermanos Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera, cabecillas de Los Cachiros y Carlos Arnoldo “El Negro” Lobo.
Estrategia
Una fuente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), que pidió el anonimato, confió que la actual estrategia del Gobierno es debilitar el poder económico de los cabecillas del crimen organizado y narcotráfico y luego proceder contra ellos por el delito de lavado de activos. Por esta razón, el año anterior y lo que va de este se realizaron importantes incautaciones a las bandas de Los Valle Valle, Los Cachiros, “El Negro” Lobo y Héctor Emilio Fernández, alias “Don H”, entre otros.
“Nos hemos dedicado prácticamente a perseguir el patrimonio de los grupos que se ha tenido información son de origen ilícito y también de aquellos que se tiene sospecha que provienen de dineros del narcotráfico y el crimen organizado”, precisó la fuente de la DLCN.
Enfatizó que la estrategia del Estado hondureño ha proporcionado importantes resultados, ya que por otras vías ha sido difícil poder atacar a los criminales.
Francisco Zavala, director de la Oabi, resaltó que muchas de estas propiedades se encuentran bajo administración del Estado, es decir, que todavía se está esperando la decisión judicial de mérito para declarar su comiso.
Agregó que desde 2010, cuando entró en vigor la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se ha dado el mayor número de incautaciones y comisos de bienes al crimen organizado y a los narcotraficantes.
