San Pedro Sula, Honduras.
Los jueces del Tribunal de Sentencia ya se pronunciaron contra las injerencias del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). Ahora esperan el apoyo del Consejo de la Judicatura.
Los 20 juzgadores de la referida judicatura emitieron un pronunciamiento condenando que el pasado 4 de septiembre la Fiscalía y los agentes de la Atic irrumpieron en el Palacio Judicial y se apostaron en la secretaría del Tribunal de Sentencia para inspeccionar el expediente 625-14 que corresponde al caso de la exjueza Wendy Vanessa Caballero y su hermano Wilmer Geovany Caballero, acusados de prevaricato, abuso de autoridad y cohecho.
Blanca López, coordinadora del Tribunal de Sentencia, no está en desacuerdo con el Ministerio Público con respecto a sus investigaciones, pues al parecer se denunció que había irregularidades en el expediente judicial.
“Con lo que no estamos de acuerdo todo el Tribunal de Sentencia y los jueces es con el procedimiento que utilizaron. Al hacer el ingreso al Poder Judicial se presentaron con personas de la Atic fuertemente armadas. Lo sentimos como un acto intimidatorio para los jueces”.
Los jueces de la sala quinta Edín de la O, Paula Chávez y Wendy Lakeman fueron recusados, ya que la Fiscalía los denunció.
Hasta el momento lo que tiene que ver con la causa judicial está en suspenso, debido a que la Corte de Apelaciones determinará si hay fundamento legal para recusar a los jueces. “Como parte fundamental en el proceso acusatorio tienen el derecho de poder solicitar sus expedientes; sin embargo, el día 4 de septiembre venían a hacer una inspección, no una intimidación”, manifestó López.
La profesional del derecho señaló que los jueces de la sala quinta son personas capaces, con mucho conocimiento, imparciales, profesionales independientes.
“No es justo que vengan a hacer este tipo de acciones y menos contra el Tribunal de Sentencia”, expresó.
Indicó que la investigación no debió iniciarse de la manera como lo hizo la Fiscalía.
“El pronunciamiento se remitió a la Sala Constitucional y al Consejo de la Judicatura”.
Los jueces del Tribunal de Sentencia ya se pronunciaron contra las injerencias del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). Ahora esperan el apoyo del Consejo de la Judicatura.
Los 20 juzgadores de la referida judicatura emitieron un pronunciamiento condenando que el pasado 4 de septiembre la Fiscalía y los agentes de la Atic irrumpieron en el Palacio Judicial y se apostaron en la secretaría del Tribunal de Sentencia para inspeccionar el expediente 625-14 que corresponde al caso de la exjueza Wendy Vanessa Caballero y su hermano Wilmer Geovany Caballero, acusados de prevaricato, abuso de autoridad y cohecho.
Blanca López, coordinadora del Tribunal de Sentencia, no está en desacuerdo con el Ministerio Público con respecto a sus investigaciones, pues al parecer se denunció que había irregularidades en el expediente judicial.
“Con lo que no estamos de acuerdo todo el Tribunal de Sentencia y los jueces es con el procedimiento que utilizaron. Al hacer el ingreso al Poder Judicial se presentaron con personas de la Atic fuertemente armadas. Lo sentimos como un acto intimidatorio para los jueces”.
Los jueces de la sala quinta Edín de la O, Paula Chávez y Wendy Lakeman fueron recusados, ya que la Fiscalía los denunció.
Hasta el momento lo que tiene que ver con la causa judicial está en suspenso, debido a que la Corte de Apelaciones determinará si hay fundamento legal para recusar a los jueces. “Como parte fundamental en el proceso acusatorio tienen el derecho de poder solicitar sus expedientes; sin embargo, el día 4 de septiembre venían a hacer una inspección, no una intimidación”, manifestó López.
La profesional del derecho señaló que los jueces de la sala quinta son personas capaces, con mucho conocimiento, imparciales, profesionales independientes.
“No es justo que vengan a hacer este tipo de acciones y menos contra el Tribunal de Sentencia”, expresó.
Indicó que la investigación no debió iniciarse de la manera como lo hizo la Fiscalía.
“El pronunciamiento se remitió a la Sala Constitucional y al Consejo de la Judicatura”.