Tegucigalpa, Honduras.
Luego que empresarios de la zona norte del país denunciaran que la Ley de Protección Social fue trastocada, diversos sectores anunciaron que pedirán al Congreso Nacional que se revisen las inconsistencias detectadas.
Según Pedro Barquero, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), no hay similitud en algunos artículos debatidos con lo publicado en el diario oficial La Gaceta.
Uno de los hallazgos principales está en el artículo 19, que al ser discutido se dejó con un límite del 7% de su patrimonio para inversiones a los institutos de previsión social, pero en la publicación de La Gaceta no aparece este porcentaje.
También se agregó un párrafo al artículo 13 referente al pilar complementario de cuentas individuales.
Luego que empresarios de la zona norte del país denunciaran que la Ley de Protección Social fue trastocada, diversos sectores anunciaron que pedirán al Congreso Nacional que se revisen las inconsistencias detectadas.
Según Pedro Barquero, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), no hay similitud en algunos artículos debatidos con lo publicado en el diario oficial La Gaceta.
Uno de los hallazgos principales está en el artículo 19, que al ser discutido se dejó con un límite del 7% de su patrimonio para inversiones a los institutos de previsión social, pero en la publicación de La Gaceta no aparece este porcentaje.
También se agregó un párrafo al artículo 13 referente al pilar complementario de cuentas individuales.
LEA: Lo que tiene que saber de la nueva Ley de Protección Social
De igual manera, en este artículo se cambió la forma de redacción que se refiere a la tasa total de la contribución patronal del 6.5%. Ante esto, los empresarios han pedido que se corrijan los errores que se cometieron en esta ley.
Revisión
José Luis Baquedano, secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), afirmó que pedirán la revisión de la ley de acuerdo con las grabaciones del Congreso Nacional.
“Lo que vamos a pedir es que haya una revisión de esa ley y que se hagan las rectificaciones de las inconsistencias que se hayan dado porque tiene que estar lo que se discutió”, exteriorizó.
Agregó que la finalidad de la organización es velar por los intereses de la clase obrera del país. A la vez, apuntó que en la ley hay varias confusiones en algunos puntos establecidos, por ejemplo, el artículo 13.
Jimmy Daccarett, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) expresó que también están analizando la ley.
Declaró que la Andi está estudiando lo que se aprobó y lo que está publicado respecto a la ley y por otro lado calculando las obligaciones que tendrán los empleados con la nueva legislación para que haya mejor entendimiento.
Anunció que en la próxima semana los directivos de la Andi tendrán una reunión en la cual establecerán las acciones que tomarán al respecto.
Sin embargo, catalogó que “esta ley al aplicarla como está habrá muchas empresas que no tendrán la capacidad de poder cumplir”.
Esto traerá consecuencias, como elevar la inflación porque los negocios tendrán que aumentar el precio a los productos y servicios.
Además, otra medida más “drástica” a la que podrían optar es la reducción del personal, lo que aumentará las tasas de desempleo en el país.
Resaltó que antes una empresa que cerraba operaciones y no tenía la capacidad de pagar las prestaciones a sus empleados podía llegar a un entendimiento con los trabajadores. Ahora ya no se puede acordar lo anterior porque la ley estipula que hay que liquidar dentro de una planilla de carácter obligatorio; y si no se hace de esa manera, trae recargos para la empresa. “Estas son las cosas que de repente están preocupando más: de la capacidad o no de la empresa en poder cumplir con la normativa”, finalizó.
