Tegucigalpa, Honduras.
Nada de lo que está deteriorando la gobernabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) hubiese sucedido si la Corte Suprema de Justicia no inhabilita las sanciones internas aplicadas por el centro universitario a los estudiantes que promovieron la primera toma de instalaciones el año pasado, asegura a LA PRENSA la vicerrectora académica, Rutilia Calderón.
Lamenta la debilidad con que trabaja el Estado, lo que ha causado que ahora el conflicto esté en manos del Ministerio Público, el que decidirá qué acciones tomar con la protesta y los manifestantes que durante 25 días han mantenido en zozobra el centro regional universitario.
Nada de lo que está deteriorando la gobernabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) hubiese sucedido si la Corte Suprema de Justicia no inhabilita las sanciones internas aplicadas por el centro universitario a los estudiantes que promovieron la primera toma de instalaciones el año pasado, asegura a LA PRENSA la vicerrectora académica, Rutilia Calderón.
Lamenta la debilidad con que trabaja el Estado, lo que ha causado que ahora el conflicto esté en manos del Ministerio Público, el que decidirá qué acciones tomar con la protesta y los manifestantes que durante 25 días han mantenido en zozobra el centro regional universitario.
¿Por qué no se toman acciones más certeras contra los estudiantes que mantienen tomada la Unah-vs?
La universidad es una institución del Estado hondureño y por principio y convicción creemos en el Estado de Derecho.
Por eso es que cuando se presenta este tipo de situación donde ya no son estudiantes, sino encapuchados los que están liderando estas tomas, incluso ya con acciones de vandalismo como se ha presentado en varios de los campus universitarios, dañando puertas, vidrios, entre otros, acudimos al Estado, que es lo que corresponde.
¿No se puede sancionar internamente entonces?
La universidad tiene un reglamento de estudiantes y, por supuesto, cuando usted identifica quiénes son estos, inicia el proceso donde está garantizada la defensa, la argumentación y luego el régimen sancionatorio; pero en este caso que son encapuchados no se puede identificar si son alumnos. Ahí ya compete a otros órganos del Estado. Por eso es que la universidad ya acude a lo que la ley establece, que es la denuncia ante el Ministerio Público.
Luego esta entidad califica si hay delito. Es ahí donde actúa y decide desalojo o no, y luego a la Policía, de tal manera que no somos un órgano con atribuciones penales, sino que actuamos en el ámbito académico.
¿Pesó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inhabilitara el castigo para los estudiantes que organizaron la protesta el año anterior?
La crisis tiene varios factores, pero sin duda que debilitó la acción institucional el hecho que una Corte Suprema de Justicia, sin ni siquiera haber pedido a la universidad los expedientes, o por lo menos haber llamado para informarse adecuadamente de la sanción, tomara una decisión. Llama la atención que los mismos sancionados son los líderes de las tomas y que ahora están requeridos.
La debilidad de la institucionalidad pública no le ayudó a la Unah a mantener la gobernabilidad que había logrado.
No es que se perdió, pero sí se lesionó, más cuando una Corte toma una decisión de un campo académico que no le corresponde.
¿Alguna entidad del Gobierno les ha ofrecido apoyo?
No, y tenemos información de que con el casi “secuestro” de las autoridades y funcionarios esta semana por parte de 15 encapuchados en Ciudad Universitaria, el que se aproximó fue el Conadeh, aunque tampoco en el papel que se esperaba porque en este caso se está hablando de funcionarios y autoridades retenidos en contra de su voluntad.
La pregunta es ¿quién está violentado sus derechos a quién entonces? (...) Hasta donde tengo información se tomó como que ambas partes se están violentando los derechos, y en este caso son las autoridades que están encerradas en su oficina bajo amenaza que si salen serían golpeadas.
