Tegucigalpa, Honduras.
La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que se efectuará el 25 de enero de 2016, será el proceso más observado y escrutado desde que se instauró el vigente mecanismo de selección de los 15 magistrados que integran ese poder del Estado.
Esta vez se prevé un riguroso escrutinio público para evitar que los partidos políticos y los denominados poderes fácticos terminen repartiéndose el pastel como lamentablemente ha ocurrido en el pasado.
Los analistas coinciden en que la escogencia de los magistrados del alto tribunal de justicia se da justamente en una coyuntura sui géneris, cuando miles de hondureños indignados han salido a las calles a exigir al Gobierno un freno a los altos niveles de corrupción política e impunidad que imperan en Honduras y la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cici). Dentro de este contexto, la junta nominadora estará bajo la lupa de toda la sociedad hondureña y la comunidad internacional a fin de escoger a los 45 juristas con las más altas calificaciones y credenciales morales, éticas y profesionales, de modo que cualquier manoseo político será oportunamente denunciado. Esta lista debe estar antes del 23 de enero de 2016, fecha límite que tiene la junta para llevar al Congreso la nómina de 45 aspirantes, de los cuales el pleno de diputados elegirá a los 15 magistrados que formarán el Poder Judicial para el período 2016-2023.
La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que se efectuará el 25 de enero de 2016, será el proceso más observado y escrutado desde que se instauró el vigente mecanismo de selección de los 15 magistrados que integran ese poder del Estado.
Esta vez se prevé un riguroso escrutinio público para evitar que los partidos políticos y los denominados poderes fácticos terminen repartiéndose el pastel como lamentablemente ha ocurrido en el pasado.
Los analistas coinciden en que la escogencia de los magistrados del alto tribunal de justicia se da justamente en una coyuntura sui géneris, cuando miles de hondureños indignados han salido a las calles a exigir al Gobierno un freno a los altos niveles de corrupción política e impunidad que imperan en Honduras y la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cici). Dentro de este contexto, la junta nominadora estará bajo la lupa de toda la sociedad hondureña y la comunidad internacional a fin de escoger a los 45 juristas con las más altas calificaciones y credenciales morales, éticas y profesionales, de modo que cualquier manoseo político será oportunamente denunciado. Esta lista debe estar antes del 23 de enero de 2016, fecha límite que tiene la junta para llevar al Congreso la nómina de 45 aspirantes, de los cuales el pleno de diputados elegirá a los 15 magistrados que formarán el Poder Judicial para el período 2016-2023.
Veeduría
Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, destacó que la Corte Suprema de Justicia “debe quedar constituida, no con las personas que más les convengan a los políticos, sino al país y los hondureños”.
El líder religioso estimó que se debe dar oportunidad a la presentación de candidatos independientes que reúnan los requisitos y las calificaciones; además, que se implemente un mecanismo de veeduría social de principio a fin y fundamentalmente que la elección no se politice.
El analista Jorge Yllescas apuntó que la transparencia del proceso comenzará con la elección de los miembros de la junta nominadora.
“Lo preocupante es quiénes van integrar la junta nominadora, porque muchas de esas organizaciones están coaptadas por el Gobierno y entonces existe el gran riesgo que se nombre a personas afines a los intereses del Gobierno y no por su capacidad o trayectoria profesional , sino por razones estrictamente políticas y sectarias”, dijo.
Yllescas advirtió que se debe tener cuidado que los miembros de la junta nominadora propongan a los abogados que defienden los intereses de las organizaciones o instituciones que representan. “Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia debe nombrar un representante, y así como está ese poder del Estado que ha perdido toda la credibilidad, también la persona que nombren va a tener poca credibilidad”, apuntó.
Por otra parte, el analista considera que se avizora un panorama bastante complejo que podría derivar en una crisis en virtud de los intereses políticos que están en juego, incluso reveló que ya se habla entre los diputados de alargar el período de la actual Corte en caso que no haya acuerdos para elegir a los nuevos magistrados, lo cual sería ilegal e inconstitucional.
Ramón Custodio, excomisionado nacional de Derechos Humanos y exproponente, manifestó que esta elección es un desafío porque la junta nominadora tiene que superar el trabajo de los anteriores miembros proponentes para escoger a los mejores candidatos a magistrados.
“El país necesita un Poder Judicial independiente del cual depende que las personas que lo integran tengan una fortaleza de carácter de no dejarse seducir por el poder político o monetario de nadie”, puntualizó el exombudsman.
