Tegucigalpa, Honduras.
Los presuntos estudiantes que obligaron al cierre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) entregaron las instalaciones sin oponer ninguna resistencia.
A casi una semana de la toma no fue necesaria la intervención de la Policía Nacional.
De esa forma se acató el fallo del Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, que ordenó la desocupación de la Ciudad Universitaria a más tardar a las seis de la mañana de ayer so pena de que las fuerzas del orden los sacaran.
La resolución es parte de las acciones dictadas por esa judicatura en el proceso que por usurpación se interpuso en contra de tres alumnos de la alma máter que conforman la denominada Mesa Amplia de Estudiantes Indignados que se tomó la Unah.
El operativo policial se montó desde las 3:00 am con el despliegue de 390 elementos que se dividieron en cuatro grupos para apostarse en las cuatro entradas del recinto.
Los ocupantes nombraron a representantes de organismos de derechos humanos para que les notificaran, al filo de las 5:30 am, a los policías que desalojarían de forma pacífica a la hora fijada por el juzgado.
Mientras pasaba el tiempo, los invasores entonaban cantos en contra del Gobierno y de la rectora Julieta Castellanos.
A las 6:00 am, la jueza titular de la causa, Wendy Rivera, se acercó al portón principal de la Unah para leerles a los ocupantes la resolución que ordenaba el desalojo, y entregó copia de la misma a uno de ellos.
Rivera les dijo que les iba a dar 30 minutos más para que salieron del lugar.
Pero cinco minutos después, unas 70 personas salieron tomadas de la mano en medio de una valla humana formada por adeptos que los alababan con aplausos y vivas. Rápidamente se montaron en 16 carros que los esperaban con las puertas abiertas y luego salieron en caravana.
La toma del campus de Tegucigalpa comenzó el 13 de julio, dejando sin clases a más de 40,000 estudiantes.
La rectora Julieta Castellanos dijo que hoy se normalizan las actividades académicas y administrativas.
Los presuntos estudiantes que obligaron al cierre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) entregaron las instalaciones sin oponer ninguna resistencia.
A casi una semana de la toma no fue necesaria la intervención de la Policía Nacional.
De esa forma se acató el fallo del Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, que ordenó la desocupación de la Ciudad Universitaria a más tardar a las seis de la mañana de ayer so pena de que las fuerzas del orden los sacaran.
La resolución es parte de las acciones dictadas por esa judicatura en el proceso que por usurpación se interpuso en contra de tres alumnos de la alma máter que conforman la denominada Mesa Amplia de Estudiantes Indignados que se tomó la Unah.
El operativo policial se montó desde las 3:00 am con el despliegue de 390 elementos que se dividieron en cuatro grupos para apostarse en las cuatro entradas del recinto.
Los ocupantes nombraron a representantes de organismos de derechos humanos para que les notificaran, al filo de las 5:30 am, a los policías que desalojarían de forma pacífica a la hora fijada por el juzgado.
Mientras pasaba el tiempo, los invasores entonaban cantos en contra del Gobierno y de la rectora Julieta Castellanos.
A las 6:00 am, la jueza titular de la causa, Wendy Rivera, se acercó al portón principal de la Unah para leerles a los ocupantes la resolución que ordenaba el desalojo, y entregó copia de la misma a uno de ellos.
Rivera les dijo que les iba a dar 30 minutos más para que salieron del lugar.
Pero cinco minutos después, unas 70 personas salieron tomadas de la mano en medio de una valla humana formada por adeptos que los alababan con aplausos y vivas. Rápidamente se montaron en 16 carros que los esperaban con las puertas abiertas y luego salieron en caravana.
La toma del campus de Tegucigalpa comenzó el 13 de julio, dejando sin clases a más de 40,000 estudiantes.
La rectora Julieta Castellanos dijo que hoy se normalizan las actividades académicas y administrativas.
 Una vez concluido el desalojo, a las 6:37 am, la jueza Rivera en compañía de policías, fiscales, defensores de derechos humanos y otros cuatro jueces ejecutores realizaron una inspección de los edificios que duró 29 minutos.
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