Tegucigalpa, Honduras.
La aplicación de un medicamento para parturientas cuyas propiedades químicas habían caducado y perdido su efecto clínico provocó la muerte de al menos 13 mujeres en diferentes hospitales del país, según se desprende de una denuncia en poder del Ministerio Público.
Indagaciones realizadas por Diario LA PRENSA establecieron que dicho componente químico estaba vencido y también fue inadecuadamente manipulado por el personal de la Secretaría de Salud, lo que motivó que perdiera su efectividad medicinal y al momento de aplicárselo a varias mujeres parturientas les indujo complicaciones mortíferas.
Se trata de un fármaco conocido como oxitocina, una hormona natural secretada por la glándula hipófisis que tiene la propiedad de provocar contracciones uterinas y estimular la subida de la leche en las mujeres.
También se prepara farmacológicamente para ser administrada por inyección intramuscular o intravenosa con el fin de inducir el parto, aumentar la fuerza de las contracciones en el parto y controlar la hemorragia posparto.
Fuentes oficiales confiaron que las investigaciones para deducir responsabilidades a los supuestos implicados de este hecho criminal se encuentran apenas en etapa preliminar en el Ministerio Público.
La denuncia
Este caso cobró notoriedad a principios de junio pasado cuando el diputado de la Democracia Cristiana, Augusto Cruz Asensio, miembro de la comisión multipartidaria del Congreso Nacional, denunció que unas 11 mujeres habían muerto en el sistema sanitario público por haber utilizado “óvulos adulterados con harina”.
Según el legislador, los óvulos fueron vendidos por una de las empresas que suministraban medicamentos al sistema de atención pública de salud del país. No obstante, la información recabada por LA PRENSA permitió determinar que la muerte de estas mujeres no resultó de la aplicación propiamente de los óvulos en mención, sino del medicamento oxitocina, que debido a su inefectividad e inocuidad no logró atenuar las hemorragias posparto de las pacientes y al final les causaron su deceso.
Se conoció que de este hecho existe un informe pormenorizado en la Secretaría de Salud, pero el mismo ha sido manejado en el más estricto secreto. El caso fue abordado por la comisión multipartidaria en las reuniones que sostuvo con el fiscal general, óscar Fernando Chinchilla.
Varios miembros de esta instancia, entre ellos la diputada pinuista Doris Gutiérrez, exigieron al Ministerio Público que se ahondara sobre el caso y se llegara hasta los responsables, en vista que se trató de un caso combinado de negligencia y corrupción pública que cobró preciadas vidas humanas.
Esta denuncia está contenida en la lista de casos no judicializados proporcionada por la Fiscalía y que se refieren a la adquisición irregular de medicinas para distintos hospitales públicos por parte de la Secretaría de Salud.
De estos casos se desprenden 24 líneas de investigación levantadas en distintos departamentos del país adonde se logró determinar la existencia de diversas irregularidades, entre ellas compras fraccionadas y adquisiciones de productos vencidos y de mala calidad que “pudieron haber causado la muerte de entre 11 y 13 mujeres por óvulos en mal estado”.
La aplicación de un medicamento para parturientas cuyas propiedades químicas habían caducado y perdido su efecto clínico provocó la muerte de al menos 13 mujeres en diferentes hospitales del país, según se desprende de una denuncia en poder del Ministerio Público.
Indagaciones realizadas por Diario LA PRENSA establecieron que dicho componente químico estaba vencido y también fue inadecuadamente manipulado por el personal de la Secretaría de Salud, lo que motivó que perdiera su efectividad medicinal y al momento de aplicárselo a varias mujeres parturientas les indujo complicaciones mortíferas.
Se trata de un fármaco conocido como oxitocina, una hormona natural secretada por la glándula hipófisis que tiene la propiedad de provocar contracciones uterinas y estimular la subida de la leche en las mujeres.
También se prepara farmacológicamente para ser administrada por inyección intramuscular o intravenosa con el fin de inducir el parto, aumentar la fuerza de las contracciones en el parto y controlar la hemorragia posparto.
Fuentes oficiales confiaron que las investigaciones para deducir responsabilidades a los supuestos implicados de este hecho criminal se encuentran apenas en etapa preliminar en el Ministerio Público.
La denuncia
Este caso cobró notoriedad a principios de junio pasado cuando el diputado de la Democracia Cristiana, Augusto Cruz Asensio, miembro de la comisión multipartidaria del Congreso Nacional, denunció que unas 11 mujeres habían muerto en el sistema sanitario público por haber utilizado “óvulos adulterados con harina”.
Según el legislador, los óvulos fueron vendidos por una de las empresas que suministraban medicamentos al sistema de atención pública de salud del país. No obstante, la información recabada por LA PRENSA permitió determinar que la muerte de estas mujeres no resultó de la aplicación propiamente de los óvulos en mención, sino del medicamento oxitocina, que debido a su inefectividad e inocuidad no logró atenuar las hemorragias posparto de las pacientes y al final les causaron su deceso.
Se conoció que de este hecho existe un informe pormenorizado en la Secretaría de Salud, pero el mismo ha sido manejado en el más estricto secreto. El caso fue abordado por la comisión multipartidaria en las reuniones que sostuvo con el fiscal general, óscar Fernando Chinchilla.
Varios miembros de esta instancia, entre ellos la diputada pinuista Doris Gutiérrez, exigieron al Ministerio Público que se ahondara sobre el caso y se llegara hasta los responsables, en vista que se trató de un caso combinado de negligencia y corrupción pública que cobró preciadas vidas humanas.
Esta denuncia está contenida en la lista de casos no judicializados proporcionada por la Fiscalía y que se refieren a la adquisición irregular de medicinas para distintos hospitales públicos por parte de la Secretaría de Salud.
De estos casos se desprenden 24 líneas de investigación levantadas en distintos departamentos del país adonde se logró determinar la existencia de diversas irregularidades, entre ellas compras fraccionadas y adquisiciones de productos vencidos y de mala calidad que “pudieron haber causado la muerte de entre 11 y 13 mujeres por óvulos en mal estado”.
La diputada Doris Gutiérrez informó que en este caso el Ministerio Público abrió un expediente con información preliminar; pero los fiscales no proporcionaron mayores detalles porque estaban en etapa investigativa; aunque mencionaron que había una testigo de la muerte de una de las parturientas que estaba recluida en la cárcel de mujeres de Támara.
Sin embargo, este testimonio no podían tomarlo como prueba del hecho en vista de la situación legal de esta persona. “Lo que pasa es que en estos casos no judicializados, los fiscales fueron muy herméticos porque no podían señalar nombres de personas o empresas por sus implicaciones jurídicas”, dijo.
Confirmó que en la información que proporcionó el Ministerio Público se menciona la muerte de al menos 13 mujeres; sin embargo, sus autoridades insistieron en que no podían ofrecer más detalles porque estaban en el proceso de levantamiento de los datos.
La parlamentaria dijo que su voto particular en ese momento fue que se debía profundizar en las investigaciones para acreditar este hecho y resarcir los daños a las parientes e hijos de estas mujeres que murieron por esta irregularidad. “Nosotros pedimos que se profundice en este caso porque se trata de la vida de 13 mujeres que dejaron niños huérfanos y familias sin hogar, y que no es posible que el Estado que es responsable por la vida y la salud de las personas haya permitido esto en un hospital público por una situación de negligencia, fraude o un caso de corrupción”, apuntó.
LA PRENSA intentó llevar la reacción de la ministra de Salud, Yolani Batres, pero no respondió las llamadas ni los mensajes de texto. Tampoco respondió a una solicitud de entrevista formulada a su oficina de Relaciones Públicas.
