Tegucigalpa, Honduras.
Corría el año 2012 cuando “Fátima”, una hondureña dedicada a la alta costura en la capital de Honduras, decidió abandonar el país por amenazas a muerte.
La hondureña tuvo un matrimonio de 20 años en el que procreó tres hijos. A finales de 2011, un grupo de mareros llegó al taller de costura improvisado en su vivienda en una colonia de clase media en Comayagüela.
“ Las maras nos pidieron 2,500 lempiras semanales por impuesto de guerra. Nos preocupamos con mi esposo porque apenas teníamos para comer. La casa la adquirimos cuando yo trabajé en el Gobierno y saqué un préstamo. Mi esposo trabajaba de conductor en una empresa”, relató Fátima, refugiada con su familia en un país de Centroamérica.
La familia logró juntar los dos primeros meses de “renta”. Pagaron cerca de 20,000 lempiras después de que vendieron cosas y hasta pidieron prestado. Cuando dejaron de pagar, los extorsionadores asesinaron a sangre fría a su esposo.
Fátima agarró a sus hijos, todos menores de 18 años, y pidió ayuda al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para salir del país. Entre el miedo, el horror, la pérdida de su esposo, su casa y negocio abandonó Honduras a mediados de 2012. Su refugio es Costa Rica, país que ha acogido a miles de hondureños víctimas de la violencia como Fátima.
La hondureña puso en venta su casa y jamás regresó al país por amenazas a muerte. Ella y sus hijos forman parte de los 317,000 hondureños desplazados forzosamente y de las 8,000 familias refugiadas, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) desde 2010 hasta la fecha.
Corría el año 2012 cuando “Fátima”, una hondureña dedicada a la alta costura en la capital de Honduras, decidió abandonar el país por amenazas a muerte.
La hondureña tuvo un matrimonio de 20 años en el que procreó tres hijos. A finales de 2011, un grupo de mareros llegó al taller de costura improvisado en su vivienda en una colonia de clase media en Comayagüela.
“ Las maras nos pidieron 2,500 lempiras semanales por impuesto de guerra. Nos preocupamos con mi esposo porque apenas teníamos para comer. La casa la adquirimos cuando yo trabajé en el Gobierno y saqué un préstamo. Mi esposo trabajaba de conductor en una empresa”, relató Fátima, refugiada con su familia en un país de Centroamérica.
La familia logró juntar los dos primeros meses de “renta”. Pagaron cerca de 20,000 lempiras después de que vendieron cosas y hasta pidieron prestado. Cuando dejaron de pagar, los extorsionadores asesinaron a sangre fría a su esposo.
Fátima agarró a sus hijos, todos menores de 18 años, y pidió ayuda al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para salir del país. Entre el miedo, el horror, la pérdida de su esposo, su casa y negocio abandonó Honduras a mediados de 2012. Su refugio es Costa Rica, país que ha acogido a miles de hondureños víctimas de la violencia como Fátima.
La hondureña puso en venta su casa y jamás regresó al país por amenazas a muerte. Ella y sus hijos forman parte de los 317,000 hondureños desplazados forzosamente y de las 8,000 familias refugiadas, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) desde 2010 hasta la fecha.
Obligados a huir
Ni el Conadeh ni la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) manejan estadísticas oficiales de los desplazamientos de hondureños a lo interno o externo por el delito de extorsión, mucho menos el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Sin embargo, la Acnur calcula que más del 44% de los refugiados hondureños salieron por amenazas del crimen organizado.
El temor a la denuncia es el principal elemento para que en Honduras no se conozcan las cifras reales de los ciudadanos que están abandonando sus casas y negocios, de acuerdo con Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio.
“En la actualidad se están conociendo algunas capturas por el delito de extorsión, que son pocos porque la magnitud del problema es enorme. Tampoco se están conociendo los autores intelectuales de este delito, los que se benefician de la extorsión. Con ese dinero que le están quitando a la gente trabajadora se están comprando casas, carros y llevando una vida lujosa”, manifestó Ayestas.
La experta indicó que las autoridades hondureñas deben tomar con mucha preocupación el éxodo de familias por el delito de extorsión. “Deben hacer una campaña que invite al ciudadano a denunciar la extorsión. Estamos seguros de que muchos están siendo víctimas de esto y por temor se quedan callados. Hay que investigar las verdaderas causas estructurales de la violencia misma”, afirmó.
En algunas colonias de Comayagüela, pese a tener circuitos cerrados y vigilancia privada, los grupos criminales se han introducido a las pulperías y mercaditos para cobrar la extorsión.
“Puse cámaras y de nada sirvió. Me dio temor ir a poner la denuncia a la Policía porque ellos conocen a los que cobran el dinero. Primero mandaron a un joven menor de edad a decir que tenía que entregar 10,000 lempiras semanales. No les pagué nunca, lo que hice fue cerrar el negocio y cambiarme de colonia”, expresó Douglas, un capitalino víctima del flagelo.
El comisionado de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, afirmó que el ciclo de migración forzada debe cesar progresivamente, avanzando en el pleno goce de los derechos.
