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El Colegio de Abogados celebra asamblea para blindar sus finanzas

  • 26 junio 2015 /

Tegucigalpa, Honduras.

El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) celebra hoy una asamblea extraordinaria para la aprobación de los estatutos del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho.

Lo toral en esta discusión es que los abogados tendrán que acordar un estatuto que permita blindar las finanzas de este instituto y evitar el latrocinio del que ha sido víctima.

Pero el gremio está dividido. Por un lado hay togados que piden votar a favor del estatuto y por otro lado los que dicen que este documento no fue socializado con el gremio.

Según la abogada Maribel Espinoza, este día el gremio debe tener una discusión de altura para lograr un blindaje de las finanzas del instituto.

“Este estatuto tiene como esenciales propósitos establecer normas claras para deducir responsabilidad a sus administradores, el establecimiento de normas de transparencia, una prohibición expresa para disponer de las reservas del instituto para fines distintos a los establecidos en la ley, como se hizo en el reciente pasado”, explicó. La abogada informó que la discusión de estos estatutos se acordó en la asamblea del Colegio de Abogados el pasado 30 de abril, por lo que indicó que su discusión debe realizarse este sábado.

Recordó que lo sucedido en el CAH recientemente, “es un microcosmos de lo que está aconteciendo hoy en el país. Lo que usted puede apreciar ahora es que se libra una auténtica lucha en contra la corrupción en el Colegio de Abogados, al igual que en el país”.

Al consultarle si está en peligro la aprobación del Estatuto, dijo: “Asistiremos a la asamblea y estamos preparados para un debate de altura, fraterno.

Esperamos de los demás colegas realicen aportes enriquecedores; sin embargo, debo señalar que solo podrían estar en contra de su aprobación aquellos que no quieren que las antorchas de la transparencia y la decencia irradien en el Colegio de Abogados porque el proyecto solo trae beneficios, transparencia, protección de derechos para los afiliados, asegurar una mayor vigilancia sobre la administración del Instituto, en fin, una clara protección de nuestras pensiones”.

Por irregularidades en el manejo de las finanzas se habría ocasionado un saqueo de 400 millones del lempiras de ese instituto al que están afiliados más de 19 mil abogados.

Pruebas de este desfalco fueron presentadas al Ministerio Público en febrero.

La justicia también judicializó al abogado Josué Argeñal Cerrato, exgerente de ese instituto, a quien se acusó por la destrucción de documentos financieros.

Según el abogado Walter Pineda Paredes, antes de aprobarse estos estatutos se debieron hacer públicos los estados financieros.