San Pedro Sula, Honduras.
Por tercera vez se suspende el juicio oral y público contra el exalcalde de San Pedro Sula Rodolfo Padilla Sunseri.
En esta ocasión fue porque el abogado defensor de Serapio Umanzor Díaz, uno de los imputados enjuiciado inicialmente por uso de documentos públicos falsos, pidió la suspensión argumentando que la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública amplió la acusación a su defendido por malversación de caudales públicos.
Para reforzar tal acusación, la Fiscalía presentó una prueba que consiste en un oficio con las planillas de pago que reflejan que el salario que devengaba el ahora enjuiciado cuando fungía como director de Estrategias y Comunicaciones no concuerdan con sumas de dinero que depositaba en las cuentas bancarias.
Ante esa prueba, el defensor de Umanzor Díaz pidió a la terna de jueces que el debate se reprogramara, ya que en el Tribunal Superior de Cuentas y en la Municipalidad de San Pedro Sula debía hacer unas diligencias a favor de su cliente y la atención no es inmediata.
La postura del Ministerio Público fue el rechazo de dicha petición, ya que según lo manifestado por los fiscales, esa es una prueba que se ha venido proponiendo en las audiencias antes del juicio.
Por unanimidad de votos, el tribunal falló a favor del acusado, programando la audiencia de juicio oral y público para el 1 y 2 de julio a las 8:00 am.
Antecedentes
La acusación contra Padilla Sunseri, Umanzor Díaz, Luis Alonso López Euceda y Marco Antonio Bermúdez Wills se deriva de la elaboración de varios contratos a nombre de otras personas para la limpieza vial de la ciudad.
Para pagar dichos contratos se extendieron siete cheques, cinco emitidos a Bermúdez Wills por sumas desde 399,500 hasta 649,750 lempiras. De estos cheques, dos fueron girados a Umanzor Díaz.
El requerimiento cita que el auditor interno, quien además era catedrático en una universidad privada, consiguió varias cédulas de identidad de sus compañeros docentes como soporte de los contratos. La Fiscalía pide que se dicte una sentencia condenatoria.
Por tercera vez se suspende el juicio oral y público contra el exalcalde de San Pedro Sula Rodolfo Padilla Sunseri.
En esta ocasión fue porque el abogado defensor de Serapio Umanzor Díaz, uno de los imputados enjuiciado inicialmente por uso de documentos públicos falsos, pidió la suspensión argumentando que la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública amplió la acusación a su defendido por malversación de caudales públicos.
Para reforzar tal acusación, la Fiscalía presentó una prueba que consiste en un oficio con las planillas de pago que reflejan que el salario que devengaba el ahora enjuiciado cuando fungía como director de Estrategias y Comunicaciones no concuerdan con sumas de dinero que depositaba en las cuentas bancarias.
Ante esa prueba, el defensor de Umanzor Díaz pidió a la terna de jueces que el debate se reprogramara, ya que en el Tribunal Superior de Cuentas y en la Municipalidad de San Pedro Sula debía hacer unas diligencias a favor de su cliente y la atención no es inmediata.
La postura del Ministerio Público fue el rechazo de dicha petición, ya que según lo manifestado por los fiscales, esa es una prueba que se ha venido proponiendo en las audiencias antes del juicio.
Por unanimidad de votos, el tribunal falló a favor del acusado, programando la audiencia de juicio oral y público para el 1 y 2 de julio a las 8:00 am.
Antecedentes
La acusación contra Padilla Sunseri, Umanzor Díaz, Luis Alonso López Euceda y Marco Antonio Bermúdez Wills se deriva de la elaboración de varios contratos a nombre de otras personas para la limpieza vial de la ciudad.
Para pagar dichos contratos se extendieron siete cheques, cinco emitidos a Bermúdez Wills por sumas desde 399,500 hasta 649,750 lempiras. De estos cheques, dos fueron girados a Umanzor Díaz.
El requerimiento cita que el auditor interno, quien además era catedrático en una universidad privada, consiguió varias cédulas de identidad de sus compañeros docentes como soporte de los contratos. La Fiscalía pide que se dicte una sentencia condenatoria.
