Puerto Cortés, Honduras.
La extensión de doble título de cerca de mil manzanas de tierra en este municipio y Choloma por parte de dos entidades del Estado ha causado un enfrentamiento verbal y legal entre varios grupos campesinos y dos empresas de la zona.
La disputa de tierras se da en las comunidades de Kilómetro Seis, Pantano, Nola, La Junta, Guanacastales, Remolino, Ticamaya, en el sector de El Pantano, y El Ramal de Lima.
El pleito se presenta después de que el Instituto de la Propiedad (IP) extendiera en los últimos años varios títulos a las empresas, denominándolos como legítimos propietarios de los predios que son reclamados también como suyos por varios grupos campesinos y productores independientes que tienen títulos del Instituto Nacional Agrario (INA).
A mediados de mayo, un juzgado de San Pedro Sula ordenó el desalojo de esos agricultores. Eso llevó a que el martes pasado se reunirán con las autoridades municipales para que les ayuden a aclarar la situación y que se les restituyan los bienes que han trabajado por más de 50 años.
La mayoría de estas tierras fue obtenida de herencias familiares.
Detalles
Allan Ramos, alcalde de Puerto Cortés, dijo que este día se reúne nuevamente con el cuerpo de abogados de la comuna y los defensores de las familias afectadas.
El encuentro es a las 3:00 pm en la alcaldía local para analizar la situación e iniciar las acciones ante el IP y el INA para presentar la queja y solicitar que se haga justicia.
“Los pobladores tenían ocupadas esas tierras desde hace muchas décadas. Con el desalojo se está afectando a cerca de 100 familias y al ambiente y bordos de contención que protegen de las inundaciones esos lugares.
Haremos los reclamos que en derecho correspondan por los daños ocasionados por esas empresas”, manifestó.
Ramos indicó que los campesinos que cultivan palma y granos básicos tienen sus títulos otorgados por el INA, pagan sus impuestos y están registrados en el catastro del municipio.
Rubén Solano Parada, apoderado legal de las familias afectadas, afirmó que sus defendidos cuentan con la documentación legal que los acredita como legítimos dueños.
“Esperamos que la jueza Clarisa Jiménez, quien ordenó el desalojo, rectifique, pues creemos que ha sido sorprendida”, apuntó. LA PRENSA trató de ubicar a los representantes de las empresas en mención para conocer su versión, pero no fue posible.
La extensión de doble título de cerca de mil manzanas de tierra en este municipio y Choloma por parte de dos entidades del Estado ha causado un enfrentamiento verbal y legal entre varios grupos campesinos y dos empresas de la zona.
La disputa de tierras se da en las comunidades de Kilómetro Seis, Pantano, Nola, La Junta, Guanacastales, Remolino, Ticamaya, en el sector de El Pantano, y El Ramal de Lima.
El pleito se presenta después de que el Instituto de la Propiedad (IP) extendiera en los últimos años varios títulos a las empresas, denominándolos como legítimos propietarios de los predios que son reclamados también como suyos por varios grupos campesinos y productores independientes que tienen títulos del Instituto Nacional Agrario (INA).
A mediados de mayo, un juzgado de San Pedro Sula ordenó el desalojo de esos agricultores. Eso llevó a que el martes pasado se reunirán con las autoridades municipales para que les ayuden a aclarar la situación y que se les restituyan los bienes que han trabajado por más de 50 años.
La mayoría de estas tierras fue obtenida de herencias familiares.
 En los sectores en conflicto cultivan palma y granos básicos. Campesinos esperan una resolución a favor.
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Allan Ramos, alcalde de Puerto Cortés, dijo que este día se reúne nuevamente con el cuerpo de abogados de la comuna y los defensores de las familias afectadas.
El encuentro es a las 3:00 pm en la alcaldía local para analizar la situación e iniciar las acciones ante el IP y el INA para presentar la queja y solicitar que se haga justicia.
“Los pobladores tenían ocupadas esas tierras desde hace muchas décadas. Con el desalojo se está afectando a cerca de 100 familias y al ambiente y bordos de contención que protegen de las inundaciones esos lugares.
Haremos los reclamos que en derecho correspondan por los daños ocasionados por esas empresas”, manifestó.
Ramos indicó que los campesinos que cultivan palma y granos básicos tienen sus títulos otorgados por el INA, pagan sus impuestos y están registrados en el catastro del municipio.
Rubén Solano Parada, apoderado legal de las familias afectadas, afirmó que sus defendidos cuentan con la documentación legal que los acredita como legítimos dueños.
“Esperamos que la jueza Clarisa Jiménez, quien ordenó el desalojo, rectifique, pues creemos que ha sido sorprendida”, apuntó. LA PRENSA trató de ubicar a los representantes de las empresas en mención para conocer su versión, pero no fue posible.
