Tegucigalpa, Honduras.
A criterio del canciller Arturo Corrales, la ley le permitió al exfiscal Roberto Ramírez Aldana dejar el país debido al nivel de riesgo contra su vida y la de su familia. El exjefe de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Público solicitó una licencia sin goce de sueldo por amenazas de muerte en su contra, supuestamente relacionadas con las investigaciones de la corrupción en el IHSS.
Corrales explicó que los cuerpos de inteligencia del Estado se encargan de definir los niveles de riesgo a los que está expuesto un funcionario. Detalló que hay varios grados de riesgo que se miden con base en los informes de inteligencia y estos van desde la protección interna hasta la protección mayor interna y, en casos extremos, la salida del país.
“Dentro de la ley aprobada para diferentes funcionarios que están en categoría de riesgo se contempla esa posibilidad (la salida del país)”, explicó Corrales.
“Le compete a la Fiscalía y a los órganos de inteligencia calificar los niveles de riesgo, que va desde protección interna, protección mayor interna hasta la necesidad que abandone el país cualquiera de los funcionarios”.
A criterio del canciller Arturo Corrales, la ley le permitió al exfiscal Roberto Ramírez Aldana dejar el país debido al nivel de riesgo contra su vida y la de su familia. El exjefe de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Público solicitó una licencia sin goce de sueldo por amenazas de muerte en su contra, supuestamente relacionadas con las investigaciones de la corrupción en el IHSS.
Corrales explicó que los cuerpos de inteligencia del Estado se encargan de definir los niveles de riesgo a los que está expuesto un funcionario. Detalló que hay varios grados de riesgo que se miden con base en los informes de inteligencia y estos van desde la protección interna hasta la protección mayor interna y, en casos extremos, la salida del país.
“Dentro de la ley aprobada para diferentes funcionarios que están en categoría de riesgo se contempla esa posibilidad (la salida del país)”, explicó Corrales.
“Le compete a la Fiscalía y a los órganos de inteligencia calificar los niveles de riesgo, que va desde protección interna, protección mayor interna hasta la necesidad que abandone el país cualquiera de los funcionarios”.
