Tegucigalpa, Honduras.
Cada vez que el Congreso Nacional aprueba un nuevo paquete fiscal que golpea los escuálidos bolsillos de la población pide sacrificio a los hondureños, pero en la práctica los diputados no predican con el ejemplo y derrochan los fondos públicos en jugosas asesorías.
Al menos eso es lo que queda plasmado en una investigación realizada por LA PRENSA sobre la contratación de asesores o consultores nacionales y extranjeros en el aparato estatal.
En una búsqueda y cotejamiento de datos realizada en los portales de transparencia del Congreso Nacional, la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia se pudo constatar la existencia de una gran cantidad de profesionales que bajo esta figura están incorporados en las planillas de estos tres poderes del Estado.
Cabe mencionar que aquí no están contemplados los que prestan sus servicios en las diferentes secretarías de Estado e instituciones autónomas y semiautónomas.
Planilla
De las tres instituciones analizadas en este ejercicio sorprende que el Poder Legislativo tiene el mayor número de “consejeros” contratados de forma permanente y por contrato, con salarios que van desde los 15,000 a los 80,000 lempiras mensuales.
En la búsqueda de información se pudo cotejar que el Legislativo ha incorporado a su planilla un total de 114 asesores que consumen un presupuesto estimado en alrededor de 42 millones de lempiras anuales.
Se constató que hay asesores que devengan salarios entre los 60,000 y 80,000 lempiras mensuales, es decir, mucho mayor a los que reciben los parlamentarios propietarios, suplentes y algunos miembros de la junta directiva.
Un congresista propietario devenga un salario bruto de 55,000 lempiras, más gastos de representación a aquellos que provienen del interior del país. Por su lado, un suplente recibe 20,000 al momento de ser incorporado.
De los 114 asesores que prestan sus servicios en el Legislativo, 57 de ellos lo hacen de forma permanente y 54 por contrato, mientras otros tres lo hacen como “empleados por consultoría”.
En el pago de estos empleados, el Congreso eroga un estimado de 3 millones de lempiras mensuales, que al año representan unos 42 millones en concepto de salarios y otros beneficios como décimo tercer y décimo cuarto mes.
Cada vez que el Congreso Nacional aprueba un nuevo paquete fiscal que golpea los escuálidos bolsillos de la población pide sacrificio a los hondureños, pero en la práctica los diputados no predican con el ejemplo y derrochan los fondos públicos en jugosas asesorías.
Al menos eso es lo que queda plasmado en una investigación realizada por LA PRENSA sobre la contratación de asesores o consultores nacionales y extranjeros en el aparato estatal.
En una búsqueda y cotejamiento de datos realizada en los portales de transparencia del Congreso Nacional, la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia se pudo constatar la existencia de una gran cantidad de profesionales que bajo esta figura están incorporados en las planillas de estos tres poderes del Estado.
Cabe mencionar que aquí no están contemplados los que prestan sus servicios en las diferentes secretarías de Estado e instituciones autónomas y semiautónomas.
Planilla
De las tres instituciones analizadas en este ejercicio sorprende que el Poder Legislativo tiene el mayor número de “consejeros” contratados de forma permanente y por contrato, con salarios que van desde los 15,000 a los 80,000 lempiras mensuales.
En la búsqueda de información se pudo cotejar que el Legislativo ha incorporado a su planilla un total de 114 asesores que consumen un presupuesto estimado en alrededor de 42 millones de lempiras anuales.
Se constató que hay asesores que devengan salarios entre los 60,000 y 80,000 lempiras mensuales, es decir, mucho mayor a los que reciben los parlamentarios propietarios, suplentes y algunos miembros de la junta directiva.
Un congresista propietario devenga un salario bruto de 55,000 lempiras, más gastos de representación a aquellos que provienen del interior del país. Por su lado, un suplente recibe 20,000 al momento de ser incorporado.
De los 114 asesores que prestan sus servicios en el Legislativo, 57 de ellos lo hacen de forma permanente y 54 por contrato, mientras otros tres lo hacen como “empleados por consultoría”.
En el pago de estos empleados, el Congreso eroga un estimado de 3 millones de lempiras mensuales, que al año representan unos 42 millones en concepto de salarios y otros beneficios como décimo tercer y décimo cuarto mes.
Por su lado, el Poder Judicial reporta un total de 10 asesores técnicos y jurídicos contratados, los cuales engullen más de 341,901 lempiras mensuales, unos 4.8 millones al año.
La Presidencia registra un solo asesor en su planilla mensual de 70 empleados con un estipendio de 80,000 lempiras; sin embargo, se maneja que el número es mucho mayor.
Las disposiciones generales del presupuesto de 2015 establecen ciertas limitaciones a los titulares de las instituciones públicas en la contratación de este tipo de personal.
El artículo 72 señala que la contratación de servicios técnicos y profesionales (consultores), “se realizará bajo la responsabilidad del titular de
cada institución, siempre y cuando exista disponibilidad en la asignación presupuestaria del ejercicio fiscal vigente”.
Se prohíbe terminantemente hacer ampliaciones o modificaciones presupuestarias para este tipo de gasto.
