Tegucigalpa, Honduras.
A pesar de los avances en la impartición de justicia aún hay retos que enfrentar, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
El funcionario dijo que el trabajo conjunto entre los poderes del Estado y su independencia para enfrentar la criminalidad común y organizada fue uno de los puntos destacados del informe del presidente de la Corte.
Mencionó que es imperativo que se apruebe la Ley de Extradición, que propone una reforma al precepto 102 constitucional.
En 2014 a los hondureños extraditados se les tuvo que aplicar un auto acordado para viabilizar y concretar la reforma del precepto 102 constitucional, que autoriza excepcionalmente la extradición de hondureños.
Rivera Avilés -quien acudió ayer por última vez en su condición de presidente de la Corte porque este año cesa en su cargo- expresó que han sido seis años en los que se han enfrentado crisis que “han dejado lesiones, pero también lecciones aprendidas”.
En el informe -leído a los diputados que asistieron a la instalación de esta segunda legislatura, al cuerpo diplomático e invitados especiales- se destaca la extradición de siete hondureños solicitados por Estados Unidos por suponerlos responsables de tráfico drogas.
Mencionó además que en total se libraron diez órdenes de captura contra igual número de hondureños extraditables y que hay algunas que están pendientes de ejecución por los órganos correspondientes. Destacó además la instalación de la figura del juez natural con jurisdicción nacional que conoció 354 casos, de los que resolvió 182.
Mencionó además que se creó el juez penal con jurisdicción nacional de Delitos Tributarios que conoció 41 casos y resolvió 30.
El Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional conoció 224 casos y resolvió 172. En torno a la implementación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, el resultado es positivo, aseguró.
Eso se evidencia en el hecho que se ha reducido la carga procesal en casos penales; para el caso, en San Pedro Sula en 2014 ingresaron 16 y fueron resueltos los 16 casos. Informó que en mayo se reinaugurará la sede de esta entidad en San Pedro Sula. Rivera Avilés reconoció el importante apoyo que recibió la Corte a través de las transferencias de la tasa de seguridad que han servido para garantizar la integridad de los jueces que arriesgan sus vidas en pro de una plena impartición de justicia y para adquirir equipo que ha servido para la lucha frontal contra la impunidad.
A pesar de los avances en la impartición de justicia aún hay retos que enfrentar, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
El funcionario dijo que el trabajo conjunto entre los poderes del Estado y su independencia para enfrentar la criminalidad común y organizada fue uno de los puntos destacados del informe del presidente de la Corte.
Mencionó que es imperativo que se apruebe la Ley de Extradición, que propone una reforma al precepto 102 constitucional.
En 2014 a los hondureños extraditados se les tuvo que aplicar un auto acordado para viabilizar y concretar la reforma del precepto 102 constitucional, que autoriza excepcionalmente la extradición de hondureños.
Rivera Avilés -quien acudió ayer por última vez en su condición de presidente de la Corte porque este año cesa en su cargo- expresó que han sido seis años en los que se han enfrentado crisis que “han dejado lesiones, pero también lecciones aprendidas”.
En el informe -leído a los diputados que asistieron a la instalación de esta segunda legislatura, al cuerpo diplomático e invitados especiales- se destaca la extradición de siete hondureños solicitados por Estados Unidos por suponerlos responsables de tráfico drogas.
Mencionó además que en total se libraron diez órdenes de captura contra igual número de hondureños extraditables y que hay algunas que están pendientes de ejecución por los órganos correspondientes. Destacó además la instalación de la figura del juez natural con jurisdicción nacional que conoció 354 casos, de los que resolvió 182.
Mencionó además que se creó el juez penal con jurisdicción nacional de Delitos Tributarios que conoció 41 casos y resolvió 30.
El Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional conoció 224 casos y resolvió 172. En torno a la implementación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, el resultado es positivo, aseguró.
Eso se evidencia en el hecho que se ha reducido la carga procesal en casos penales; para el caso, en San Pedro Sula en 2014 ingresaron 16 y fueron resueltos los 16 casos. Informó que en mayo se reinaugurará la sede de esta entidad en San Pedro Sula. Rivera Avilés reconoció el importante apoyo que recibió la Corte a través de las transferencias de la tasa de seguridad que han servido para garantizar la integridad de los jueces que arriesgan sus vidas en pro de una plena impartición de justicia y para adquirir equipo que ha servido para la lucha frontal contra la impunidad.
