San Pedro Sula, Honduras.
La seguridad versus la libre movilidad vuelve a la palestra pública en San Pedro Sula con la acción municipal que derribó portones que protegían a la colonia Universidad.
Roberto Romero Luna, gerente de Seguridad y Transporte, admite que no hay un inventario de cuántas colonias en la ciudad poseen trancas o portones y dicen que se trabaja en ello, así como en un reglamento que permitirá poner las condiciones para cercar un sitio.
Pero, mientras unos pocos vecinos reclaman a las autoridades la libre locomoción en algunos sectores, que la ley manda, y que los hace actuar en otras zonas, los pobladores que se han visto obligados a tomar estas medidas alegan que la inseguridad los ha llevado a encerrarse y dan su testimonio cómo desde que instalaron los dispositivos duermen con más tranquilidad y han dejado de ser testigos de asaltos y violencia frente a sus viviendas.
Al recorrer la ciudad, por todos lados se observan colonias y barrios cercados, donde solo hay una entrada. Pagan entre L400 a L500 por casa por tener su seguridad y se han organizado.
Edwin Sandoval, miembro del comité de seguridad de la colonia Del Valle, dice que ellos tienen un año y dos meses de tener los portones y piden a las autoridades municipales que antes de tomar decisiones de derribarlos revisen las estadísticas en las colonias y se darán cuenta que el esfuerzo comunitario ha tenido resultado.
En muchas colonias han buscado orientación de la Policía Nacional para poder ejecutar estos proyectos.
María Elena Osorto, de la colonia Satélite, atiende una pulpería y expresa que los robos han bajado desde que tomaron acciones, por lo que cada mes pagan por tener trancas y personal para que atienda a los visitantes y residentes. “Comprendemos lo de la libre locomoción, pero nos deben entender. Hacemos un trabajo que le corresponde al Gobierno o a la Municipalidad”, refirió.
Samuel Madrid, comisionado de Seguridad, indica que la situación deberá discutirse en sesión corporativa porque si van a quitar estructuras en una colonia, hay que hacerlo en todas. “No hay un reglamento que establezca los requisitos y muchas colonias que tienen esas medidas es porque obtuvieron los permisos en otras administraciones y se debe proceder a revisar, no dejarse guiar por una simple denuncia”, dijo.
La seguridad versus la libre movilidad vuelve a la palestra pública en San Pedro Sula con la acción municipal que derribó portones que protegían a la colonia Universidad.
Roberto Romero Luna, gerente de Seguridad y Transporte, admite que no hay un inventario de cuántas colonias en la ciudad poseen trancas o portones y dicen que se trabaja en ello, así como en un reglamento que permitirá poner las condiciones para cercar un sitio.
Pero, mientras unos pocos vecinos reclaman a las autoridades la libre locomoción en algunos sectores, que la ley manda, y que los hace actuar en otras zonas, los pobladores que se han visto obligados a tomar estas medidas alegan que la inseguridad los ha llevado a encerrarse y dan su testimonio cómo desde que instalaron los dispositivos duermen con más tranquilidad y han dejado de ser testigos de asaltos y violencia frente a sus viviendas.
Al recorrer la ciudad, por todos lados se observan colonias y barrios cercados, donde solo hay una entrada. Pagan entre L400 a L500 por casa por tener su seguridad y se han organizado.
 En la Del Valle, en el sector sureste, las trancas también son utilizadas para “blindarse”.
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En muchas colonias han buscado orientación de la Policía Nacional para poder ejecutar estos proyectos.
María Elena Osorto, de la colonia Satélite, atiende una pulpería y expresa que los robos han bajado desde que tomaron acciones, por lo que cada mes pagan por tener trancas y personal para que atienda a los visitantes y residentes. “Comprendemos lo de la libre locomoción, pero nos deben entender. Hacemos un trabajo que le corresponde al Gobierno o a la Municipalidad”, refirió.
Samuel Madrid, comisionado de Seguridad, indica que la situación deberá discutirse en sesión corporativa porque si van a quitar estructuras en una colonia, hay que hacerlo en todas. “No hay un reglamento que establezca los requisitos y muchas colonias que tienen esas medidas es porque obtuvieron los permisos en otras administraciones y se debe proceder a revisar, no dejarse guiar por una simple denuncia”, dijo.
 En la colonia El Roble, en el sector noreste, los portones resguardan a los habitantes. |
