Tegucigalpa, Honduras.
La lucha contra la corrupción en Honduras tiene cara de mujer. Se trata de Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una institución que antes de su llegada estuvo sumida en la politización.
Castellanos es una profesional sencilla, con amplios conocimientos en gestión pública. A raíz de las investigaciones que han publicado sobre el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), la cara del CNA cambió y se convirtió en un referente anticorrupción.
Depende de la voluntad del funcionario que la dirige. En algunos son respetuosos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la misma ley del CNA que nos faculta para acceder a los archivos. En otros casos se ha tenido que hacer uso de otros recursos que da la misma ley para obtener la información.
Sin duda que cada una de las investigaciones que hemos realizado tienen su grado de complejidad. Muchas veces las dificultades para investigar provienen de la misma institucionalidad del Estado, sobre todo de las instituciones investigadas que no contribuyen porque en la mayoría de casos los investigados son o fueron titulares de estas de las entidades públicas.
Nunca hemos dudado, el pueblo, la ciudadanía merece conocer la verdad producto de las investigaciones, es obligación del CNA ponerle rostro y nombre a los corruptos.
Lamentablemente se nos presenta como algo cotidiano. No solo afecta en lo social, político y económico, sino que también altera nuestros valores. Nuestro deber como ciudadanos es luchar contra la corrupción para lograr un estado fuerte y una justicia independiente.
No callar frente a actos corruptos, denunciarlos para evitar la impunidad y así revertir este flagelo que pone en peligro nuestra democracia.
Hasta ahora no y espero que nunca las haya.
Esa es una pregunta para los operadores de justicia que han conocido denuncias y han investigado actos de corrupción en las distintas administraciones. Lo que se ha podido evidenciar en los últimos años es que la corrupción no ha estado encerrada en mandos intermedios del Gobierno, sino que ha sido de conocimiento de las máximas autoridades, quienes la han permitido y tolerado y eso sin duda los hace co-responsables.
En Honduras, en el daño que la corrupción le causa, en los ciudadanos que somos víctimas de esa corrupción, en las medicinas que se dejaron de comprar, en las atenciones médicas que se dejaron de dar, en las escuelas que se dejaron de construir y en las inversiones sociales que se dejaron de realizar.
No, y espero que en el desempeño de mis funciones nunca lo hagan.
Sin duda que la libertad de expresión y sobre todo la libertad de prensa ha enfrentado un marcado deterioro en los últimos años, debido a ciertos mecanismos de censura y ataques físicos o amedrentamiento a periodistas o líderes de opinión pública. Sí hay libertad de expresión pero no es absoluta, debido a que está condicionada por diversos factores sociales, económicos y políticos.
Sí, y es por eso que he tenido que hacerme acompañar de un equipo de personas que me brindan seguridad. El impacto social que genera la labor del CNA es de efecto intenso, en virtud de los casos de corrupción que investigamos, señalamos y denunciamos.
Si cotizo y como todos los ciudadanos del país, que no toleramos la corrupción, siento frustración, rabia, indignación, y sobre todo un dolor enorme al saber que muchos ciudadanos perdieron la vida por falta de insumos médicos, o por la mala calidad de los tratamientos, producto de este saqueo monstruoso de las finanzas del IHSS.
Sumido en un lamentable deterioro institucional debido a la politización del que fue objeto, sin legitimidad, sin reconocimiento social, y sin resultados concretos en la lucha contra la corrupción. Hoy el CNA tiene un nuevo liderazgo y recurso humano calificado para producir cambios sustantivos en la lucha frontal contra la corrupción.
Solo ellos pueden responder. Los operadores de justicia necesitan fortalecerse, ser independientes y despolitizarse. Esto será posible solo con la voluntad política de los gobernantes.
La primera es un avance sustancial en el cumplimiento del derecho constitucional y humano de acceso a la información pública. La segunda se contrapone a los principios y objetivos de la Ley de Transparencia. Es innecesaria.
Ante todo soy humana. Sueño con las manos, creo firmemente en este proyecto, en ese proceso posible en el que cada uno de nosotros podemos aportar para construir a un país realmente democrático que garantice calidad de vida a todos sus habitantes.