Tegucigalpa, Honduras.
Las investigaciones patrimoniales de al menos 17 altos oficiales de la Policía Nacional que revelaron incongruencias por más de 240 millones de lempiras podrían pasar a engrosar los archivos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), debido a que las primeras indagaciones no han podido acreditar el delito de enriquecimiento ilícito, confiaron fuentes de esta institución.
Lo anterior indica que posiblemente los casos pasarán el cementerio de casos archivados y que los oficiales implicados no recibirán las sanciones que establece la ley.
Entre enero de 2013 y noviembre de 2014, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) remitió al organismo contralor 17 investigaciones patrimoniales de igual número de oficiales pertenecientes a las cuatro cúpulas policiales anteriores, entre ellos dos exdirectores generales.
En una reciente entrevista concedida a LA PRENSA, Eduardo Villanueva, titular de la Diecp, confirmó que esas 17 investigaciones patrimoniales indicaron incongruencias por más de 240 millones de lempiras, es decir, bienes y dinero que no calza con los ingresos regulares de los investigados.
Actualmente, la Diecp investiga a 162 miembros de la Policía Nacional por presuntas inconsistencias de ingresos y se espera que a principios de 2015 se envíen 27 nuevos expedientes al TSC para que tipifique la existencia del delito de enriquecimiento ilícito.
No obstante, una fuente del TSC -que prefirió el anonimato por motivos de seguridad- informó a LA PRENSA que las primeras indagaciones han logrado determinar que la mayoría de los oficiales investigados poseen enormes fortunas en bancos, bienes, haciendas, vehículos y otros inmuebles; pero lamentablemente no ha sido posible sustentar su ilegal procedencia.
“Hasta ahora ellos han sabido justificar sus bienes y muchos aducen que tenían sus fortunas desde antes que ocuparan un alto cargo dentro de la Policía”, dijo la fuente, que confió que lo más seguro es que estas investigaciones no prosperarán.
Otras de las limitantes con las que se han encontrado los auditores es que la Ley Orgánica del TSC solo faculta a este organismo a investigar el patrimonio de los funcionarios públicos hasta diez años de haber ejercido el cargo, lo que impide ampliar la búsqueda de dineros ilícitos a un tiempo anterior a eso.
Capitales. Daysi de Anchecta, presidenta del TSC, afirmó que “el problema que tenemos con estos policías es que muchos de ellos ya venían con sus capitales desde 1970, o sea, que cuando llegaron a ser funcionarios ya los llevaban”.
En ese sentido, apuntó que es muy difícil comprobar la presunción de enriquecimiento si ya contaban con los capitales y bienes cuando fungieron en sus cargos, además que el Tribunal como entidad contralora nació en 2002.
“Cómo entonces el TSC puede decir si este (policía) se enriqueció ilícitamente, si nos está comprobando el sistema financiero nacional que esas personas ya tenían cuentas desde esos años que estoy diciendo, así que es muy difícil”, apuntó.
No obstante, comentó que las investigaciones siguen su curso, porque todavía están en la recolección de más documentos; pero “de lo que hemos visto a grosso modo de la documentación que nos ha suministrado el sistema financiero, esa gente viene con cuentas desde mucho tiempo atrás”.
Confirmó que se trata de 17 investigaciones remitidas por la Diecp, de las cuales tres están por concluirse.
Sustentadas. Al respecto, Eduardo Villanueva, director de la Diecp, se abstuvo de hacer comentarios, pero dijo que las investigaciones realizadas por ellos están muy bien sustentadas con documentación de respaldo y refrendada por peritos expertos en la materia.
“ Nosotros encontramos incongruencias entre patrimonio e ingresos, son cantidades sustanciales; pero lógicamente donde tiene que hacerse toda la continuidad de acciones es en el Tribunal”, apuntó.
Villanueva insistió en que las investigaciones de la Diecp están apegadas a las normas propias de este tipo y fueron hechas por analistas financieros y patrimoniales.
Las investigaciones patrimoniales de al menos 17 altos oficiales de la Policía Nacional que revelaron incongruencias por más de 240 millones de lempiras podrían pasar a engrosar los archivos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), debido a que las primeras indagaciones no han podido acreditar el delito de enriquecimiento ilícito, confiaron fuentes de esta institución.
Lo anterior indica que posiblemente los casos pasarán el cementerio de casos archivados y que los oficiales implicados no recibirán las sanciones que establece la ley.
Entre enero de 2013 y noviembre de 2014, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) remitió al organismo contralor 17 investigaciones patrimoniales de igual número de oficiales pertenecientes a las cuatro cúpulas policiales anteriores, entre ellos dos exdirectores generales.
En una reciente entrevista concedida a LA PRENSA, Eduardo Villanueva, titular de la Diecp, confirmó que esas 17 investigaciones patrimoniales indicaron incongruencias por más de 240 millones de lempiras, es decir, bienes y dinero que no calza con los ingresos regulares de los investigados.
Actualmente, la Diecp investiga a 162 miembros de la Policía Nacional por presuntas inconsistencias de ingresos y se espera que a principios de 2015 se envíen 27 nuevos expedientes al TSC para que tipifique la existencia del delito de enriquecimiento ilícito.
No obstante, una fuente del TSC -que prefirió el anonimato por motivos de seguridad- informó a LA PRENSA que las primeras indagaciones han logrado determinar que la mayoría de los oficiales investigados poseen enormes fortunas en bancos, bienes, haciendas, vehículos y otros inmuebles; pero lamentablemente no ha sido posible sustentar su ilegal procedencia.
“Hasta ahora ellos han sabido justificar sus bienes y muchos aducen que tenían sus fortunas desde antes que ocuparan un alto cargo dentro de la Policía”, dijo la fuente, que confió que lo más seguro es que estas investigaciones no prosperarán.
Otras de las limitantes con las que se han encontrado los auditores es que la Ley Orgánica del TSC solo faculta a este organismo a investigar el patrimonio de los funcionarios públicos hasta diez años de haber ejercido el cargo, lo que impide ampliar la búsqueda de dineros ilícitos a un tiempo anterior a eso.
Capitales. Daysi de Anchecta, presidenta del TSC, afirmó que “el problema que tenemos con estos policías es que muchos de ellos ya venían con sus capitales desde 1970, o sea, que cuando llegaron a ser funcionarios ya los llevaban”.
En ese sentido, apuntó que es muy difícil comprobar la presunción de enriquecimiento si ya contaban con los capitales y bienes cuando fungieron en sus cargos, además que el Tribunal como entidad contralora nació en 2002.
“Cómo entonces el TSC puede decir si este (policía) se enriqueció ilícitamente, si nos está comprobando el sistema financiero nacional que esas personas ya tenían cuentas desde esos años que estoy diciendo, así que es muy difícil”, apuntó.
No obstante, comentó que las investigaciones siguen su curso, porque todavía están en la recolección de más documentos; pero “de lo que hemos visto a grosso modo de la documentación que nos ha suministrado el sistema financiero, esa gente viene con cuentas desde mucho tiempo atrás”.
Confirmó que se trata de 17 investigaciones remitidas por la Diecp, de las cuales tres están por concluirse.
Sustentadas. Al respecto, Eduardo Villanueva, director de la Diecp, se abstuvo de hacer comentarios, pero dijo que las investigaciones realizadas por ellos están muy bien sustentadas con documentación de respaldo y refrendada por peritos expertos en la materia.
“ Nosotros encontramos incongruencias entre patrimonio e ingresos, son cantidades sustanciales; pero lógicamente donde tiene que hacerse toda la continuidad de acciones es en el Tribunal”, apuntó.
Villanueva insistió en que las investigaciones de la Diecp están apegadas a las normas propias de este tipo y fueron hechas por analistas financieros y patrimoniales.
