Tegucigalpa, Honduras.
La reducción de la criminalidad y la violencia en el transporte es un reto, porque la militarización es una acción que aún no ha logrado mayores resultados.
Un informe del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (Iudpas) revela que los grupos delincuenciales se han infiltrado de tal manera que evaden esa medida de seguridad.
“Las capturas a perpetradores de los diferentes crímenes son circunstanciales y los autores intelectuales permanecen fuera del radar de las autoridades”, destaca el informe. Usando como medio de intimidación la violencia para legitimar su poder y sometimiento, los grupos criminales extorsionan a miles de unidades de transporte y trabajadores.
En el documento se establece que uno de los factores que propicia los delitos es el desorden en que operan los transportistas, así como la ineficiencia del Estado a través de Transporte para ejercer un control. Los transportistas son los más golpeados económicamente con la extorsión, mientras que los operarios exponen la vida. Si las víctimas pagan, entonces el extorsionador le manda un cobrador, y si no, le envía un sicario o perpetrador.
De acuerdo con Arabeska Sánchez, profesional del derecho y especialista en balística forense y experta en el tema de la violencia, las extorsiones y los homicidios no pueden seguir tratándose con tanta imprecisión por parte del Estado. De forma recurrente “vemos en el reporte policial muchas capturas, pero estas se hacen solo a ejecutores materiales, pero nada se sabe sobre los autores intelectuales”.
Esto es inconcebible, pues la extorsión tiene dos características que no se pueden esconder: las muertes que se ven casi a diario y los millones de lempiras que genera anualmente.
“Si por un lado vemos las escenas del crimen en donde se hace levantamiento cadavérico a las víctimas, por el otro lado también deberíamos estar observando los informes del Estado sobre las cuentas bancarias (y sus propietarios) que son engrosadas cada mes con este dinero manchado de sangre.
Aquí la Fiscalía de Delitos Financieros y las unidades de estos delitos tendrán mucho que decir”, reflexionó Sánchez. Hasta ahora las tres tesis de perpetradores señalan a miembros de maras y pandillas, policías y expolicías y a la competencia desleal entre transportistas.
La cuestión es que si el país ha invertido tanto en el presupuesto de seguridad “y todos nosotros los ciudadanos hemos contribuido por otro lado a través de nuestros tributos a la tasa de seguridad, ¿cómo es posible que aún no se haya implementado una fuerte estrategia de inteligencia e investigación criminal para dar seguimiento a esos hechos?
Si a estas alturas la Policía está esperando que sean los mismos mareros y personas aprehendidas las que les digan quién está detrás de la extorsión en Honduras, está manejando muy mal esta línea investigativa; y la impunidad seguirá en incremento.
“En conclusión, a más de un año de la apertura de la Fuerza Nacional Antiextorsión, se espera más que mera labor policial de vigilancia y capturas a autores materiales: una tarea integral de investigación profesionalizada dirigida contra autores intelectuales (los cerebros millonarios de la extorsión)”, exigió Sánchez.
