Tegucigalpa, Honduras.
Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) deploró que las acusaciones en contra de los presuntos responsables del despilfarro y la corrupción en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) se encuentren estancadas.
En un diálogo con LA PRENSA, Castellanos dijo que el CNA ha presentado al Ministerio Público varios informes de hechos irregulares en el Injupemp suficientemente sustentados solo para que ente acusador presente los requerimientos fiscales.
Comentó que esta semana se reunirán con los titulares de la Fiscalía de la Corrupción para ver el avance de las indagaciones y las acciones por realizar.
El CNA logró sustentar la compra irregular de bonos por 250 millones de lempiras y la contratación de abogados externos que causaron un perjuicio económico al Injupemp de más de 95.5 millones de lempiras.
Positivo el relojazo
Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) deploró que las acusaciones en contra de los presuntos responsables del despilfarro y la corrupción en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) se encuentren estancadas.
En un diálogo con LA PRENSA, Castellanos dijo que el CNA ha presentado al Ministerio Público varios informes de hechos irregulares en el Injupemp suficientemente sustentados solo para que ente acusador presente los requerimientos fiscales.
Comentó que esta semana se reunirán con los titulares de la Fiscalía de la Corrupción para ver el avance de las indagaciones y las acciones por realizar.
El CNA logró sustentar la compra irregular de bonos por 250 millones de lempiras y la contratación de abogados externos que causaron un perjuicio económico al Injupemp de más de 95.5 millones de lempiras.
Positivo el relojazo
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó la irregular compra de nueve relojes de lujo marca Bulova con fondos del Injupemp que fueron obsequiados como regalo navideño a los miembros de la anterior junta directiva en diciembre de 2011.
La adquisición de los suntuosos objetos provocó un perjuicio económico al Injupemp de 69,841.59 lempiras y motivó la formulación de las correspondientes responsabilidades civiles y administrativas en contra del exdirector de la institución Andrés Torres Rodríguez.
La investigación efectuada por el organismo contralor partió de un artículo investigativo de Diario LA PRENSA que reveló la adquisición anómala de las finas prendas con las aportaciones de los empleados públicos que cotizan mensualmente a esa institución.
La auditoría se realizó en el período comprendido entre el 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014 bajo la denuncia número 0801-14-208.
LA PRENSA tuvo acceso al informe final elaborado por un equipo de auditores en el que se hace una cronología de la forma en la que se adquirieron los relojes y los funcionarios que intervinieron en este acto.
A raíz del reportaje publicado, el Ministerio Público también abrió una investigación de oficio a efecto de determinar posibles responsabilidades penales. Actualmente el MP da seguimiento a varias líneas de investigación en el Injupemp.
Violó la ley
EL TSC determinó que las autoridades violentaron lo establecido en el artículo 60 de la Ley General de Administración Pública que literalmente expresa: “Será prohibido para las instituciones autónomas, hacer erogaciones o acordar cualquier beneficio de carácter económico a favor de un miembro de su Junta Directiva, propietario o suplente…”.
En ese sentido, los auditores del Tribunal Superior de Cuentas establecieron que hubo un uso indebido de los recursos de la institución por parte de su director ejecutivo.
Los relojes fueron entregados a los directivos Carlos Montes Rodríguez, viceministro de Trabajo; Pastor Aguilar, representante de la secretaría del Interior; Héctor Alfredo Coello de la Secretaría de Finanzas; Miguel Ángel Murillo, Doris Martina Flamenco y Pedro González delegados de la Asociación de Empleados Públicos y Arturo Matute González de la Asociación de Jubilados.
Se hace constar que uno de los relojes fue adjudicado a la entonces directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Dulce María Zavala, pero por presiones de los miembros de ese organismo la funcionaria devolvió el regalo, por lo que el mismo fue entregado a la encargada de aseo de la junta directiva por sus 22 años de servicios.
Hallazgos
En la relación de hechos el informe detalla que el 14 de diciembre de 2011, Torres Rodríguez, giró instrucciones al jefe de la División Administrativa, Aníbal Bendezu, para que ordenara la compra de 10 relojes para ser obsequiados a la junta directiva.
El 19 de diciembre del mismo año, Torres emitió el memorando 1221-2011-DE, donde informaba al jefe de la División Administrativa que la compra ya no se realizaría por la cantidad inicial, ordenando solo una compra de ocho relojes.
Dos meses antes, es decir, el 16 de septiembre de 2011 Bendezu ordenó una disponibilidad presupuestaria de 81,000 lempiras para atender las instrucciones del director ejecutivo.
La División Técnica de Planificación y Presupuesto, emitió la autorización de disponibilidad presupuestaría número 766-DTPP-2011 anotando en las observaciones que “no existía ningún inconveniente para realizar la compra descrita, ya que existía la disponibilidad presupuestaría”.
Tras un rápido proceso se adjudicó la compra del lote de relojes a la empresa Kilates S.A. que presentó la mejor oferta y el 19 de diciembre se emitió el cheque número 89564, por 61,009.59, más el 12% de Impuesto Sobre Venta por 6,536.74.
No obstante, el 21 de diciembre de 2011, Torres ordenó la compra de un reloj adicional por un valor 8,832.00 más del 12% del ISV, el cual fue entregado al abogado Álvaro Raúl Cerrato, representante de la Anjuppeh.
