Tegucigalpa, Honduras.
La impunidad sigue siendo el talón de Aquiles de los operadores de justicia en Honduras y se ha constituido en la principal deuda del Estado con una sociedad hambrienta y sedienta de justicia que demanda castigo para los corruptos y criminales.
El tema ha vuelto a cobrar vigencia con el repudiable asesinato de las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio, acribilladas por un grupo de sicarios el pasado viernes en la ciudad de San Pedro Sula.
La muerte violenta de ambas operadoras de justicia, con una intachable trayectoria, se viene a sumar a otros asesinatos de fiscales y profesionales del derecho, así como de periodistas y defensores de derechos humanos en los últimos años.
La mayoría de estos hechos violentos siguen en la completa impunidad y sus autores materiales e intelectuales continúan libres en las calles.
El exfiscal Luis Alberto Rubí, en una comparecencia en el Congreso Nacional, reconoció que los órganos de investigación no tienen capacidad para dar respuesta a los cientos de homicidios que se registran en el país, pues solo puede investigar un 20% de los casos y el 80% restante quedan impunes.
Casos emblemáticos como los asesinatos del director de la Lucha contra el Narcotráfico, Julián Arístides González; el jefe de la Unidad de Lavado de Activos del Ministerio Público, Orlan Arturo Chávez, conocido como “el fiscal de oro”, y el exdirector del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico, Alfredo Landaverde, siguen sin castigo.
El estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) puso como ejemplo que la ola de inseguridad y violencia, solo en el gremio de los abogados, ha dejado un saldo de 83 víctimas en los últimos 57 meses.
De ellos, cinco eran fiscales del Ministerio Público que perdieron la vida violentamente desde el año 2010.
Únicamente el caso del fiscal Raúl Enrique Reyes Carbajal, coordinador del Ministerio Público en Puerto Cortés, fue objeto de sentencia al condenar a 30 años de prisión al exdetective de la DNIC Mauricio Alexander Mejía Figueroa por su asesinato.
Un alto a la impunidad
Matías Funes, exmiembro de Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, coincide en que la impunidad se ha constituido en un problema que ha profundizado sus raíces en la sociedad hondureña y es la principal causa de la galopante violencia que afecta a la nación.
“Este flagelo no solo ha contribuido a que se mantenga el alto nivel delictivo en el país, sino también la corrupción porque la impunidad es la otra cara de esas monedas”, opinó.
Comentó que en el caso de la muerte violenta de las fiscales Marlen Banegas y Olga Eufragio, lo que se espera es una investigación pronta que permita capturar a los responsables y castigarlos con todo el peso de la ley.
Manifestó que Banegas, como coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, investigaba casos difíciles y de alto impacto, como el asesinato de abogados, periodistas y defensores de derechos humanos que ya suman una cantidad bastante considerable.
Al respecto, Yuri Sabas, diputado del Congreso Nacional, opinó que la impunidad es el problema más grande en Honduras que queda en evidencia desde los hechos más pequeños y sencillos hasta los más álgidos.
“La impunidad puede verse desde un ciudadano que no tiene temor de botar la basura en la calle hasta el criminal que no tiene temor de quitarle la vida a otra persona porque en Honduras no se le castiga y no se le deducen responsabilidades”, apuntó.
Roberto Herrera Cáceres, titular del Conadeh, señaló que la impunidad es importante combatirla porque solo atendiendo y haciendo las investigaciones precisas sobre cada caso se van a determinar las causas y se va a dar con el o los responsables.
La impunidad sigue siendo el talón de Aquiles de los operadores de justicia en Honduras y se ha constituido en la principal deuda del Estado con una sociedad hambrienta y sedienta de justicia que demanda castigo para los corruptos y criminales.
El tema ha vuelto a cobrar vigencia con el repudiable asesinato de las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio, acribilladas por un grupo de sicarios el pasado viernes en la ciudad de San Pedro Sula.
La muerte violenta de ambas operadoras de justicia, con una intachable trayectoria, se viene a sumar a otros asesinatos de fiscales y profesionales del derecho, así como de periodistas y defensores de derechos humanos en los últimos años.
La mayoría de estos hechos violentos siguen en la completa impunidad y sus autores materiales e intelectuales continúan libres en las calles.
El exfiscal Luis Alberto Rubí, en una comparecencia en el Congreso Nacional, reconoció que los órganos de investigación no tienen capacidad para dar respuesta a los cientos de homicidios que se registran en el país, pues solo puede investigar un 20% de los casos y el 80% restante quedan impunes.
Casos emblemáticos como los asesinatos del director de la Lucha contra el Narcotráfico, Julián Arístides González; el jefe de la Unidad de Lavado de Activos del Ministerio Público, Orlan Arturo Chávez, conocido como “el fiscal de oro”, y el exdirector del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico, Alfredo Landaverde, siguen sin castigo.
El estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) puso como ejemplo que la ola de inseguridad y violencia, solo en el gremio de los abogados, ha dejado un saldo de 83 víctimas en los últimos 57 meses.
De ellos, cinco eran fiscales del Ministerio Público que perdieron la vida violentamente desde el año 2010.
Únicamente el caso del fiscal Raúl Enrique Reyes Carbajal, coordinador del Ministerio Público en Puerto Cortés, fue objeto de sentencia al condenar a 30 años de prisión al exdetective de la DNIC Mauricio Alexander Mejía Figueroa por su asesinato.
Un alto a la impunidad
Matías Funes, exmiembro de Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, coincide en que la impunidad se ha constituido en un problema que ha profundizado sus raíces en la sociedad hondureña y es la principal causa de la galopante violencia que afecta a la nación.
“Este flagelo no solo ha contribuido a que se mantenga el alto nivel delictivo en el país, sino también la corrupción porque la impunidad es la otra cara de esas monedas”, opinó.
Comentó que en el caso de la muerte violenta de las fiscales Marlen Banegas y Olga Eufragio, lo que se espera es una investigación pronta que permita capturar a los responsables y castigarlos con todo el peso de la ley.
Manifestó que Banegas, como coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, investigaba casos difíciles y de alto impacto, como el asesinato de abogados, periodistas y defensores de derechos humanos que ya suman una cantidad bastante considerable.
Al respecto, Yuri Sabas, diputado del Congreso Nacional, opinó que la impunidad es el problema más grande en Honduras que queda en evidencia desde los hechos más pequeños y sencillos hasta los más álgidos.
“La impunidad puede verse desde un ciudadano que no tiene temor de botar la basura en la calle hasta el criminal que no tiene temor de quitarle la vida a otra persona porque en Honduras no se le castiga y no se le deducen responsabilidades”, apuntó.
Roberto Herrera Cáceres, titular del Conadeh, señaló que la impunidad es importante combatirla porque solo atendiendo y haciendo las investigaciones precisas sobre cada caso se van a determinar las causas y se va a dar con el o los responsables.
