Tegucigalpa, Honduras.
Las millonarias cotizaciones que realizan los funcionarios al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) han servido en parte para que su exdirector Andrés Torres regalara a los miembros de la junta directiva de 2011 relojes valorados en L81,000.
La denuncia de LA PRENSA alertó a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ya que las regalías se han hecho con fondos públicos, lo que da pie a una investigación. La secretaria general del organismo contralor, Alva Rivera, confirmó la investigación.
“La denuncia ya está interpuesta y también la tomamos de oficio por lo publicado en LA PRENSA ayer. Vamos a analizar qué tipo de irregularidades se cometieron en estas regalías”, manifestó Rivera.
El TSC investiga si el entonces director tenía autorización para hacerlo o, en su defecto, si había partida presupuestaria para este tipo de asuntos. “Casi nunca se este tipo de cosas. No debería existir una partida para regalías, ya que los miembros de las juntas directivas tienen prebendas, como el pago de dietas”, agregó Rivera.
Sustentos
Para la funcionaria del TSC, cuentan con suficientes sustentos para investigar y analizar qué es lo que pasó con los obsequios. “La compra existe y para algunos L80,000 puede ser poco, pero hay que analizar si esto es una práctica que se ha hecho antes. Las instituciones públicas no están en condiciones para hacer este tipo de regalos, ni siquiera para altos funcionarios”, expresó.
Sin importar el valor de lo relojes, el TSC le dará seguimiento a la denuncia. “El papel de los servidores públicos es fundamental, no puede haber prebendas cuando la situación del país es tan dramática. Esta investigación no llevará mucho tiempo porque hay varios elementos ya publicados, como el listado de los directivos que recibieron la regalía”, anunció la funcionaria.
La funcionara agregó que es primordial investigar este tipo de prácticas que el TSC y la sociedad condenan.
Para la Navidad de 2011, como director ejecutivo Andrés Torres autorizó la onerosa cantidad para la compra de 10 relojes marca Bulova. Los obsequios se otorgaron a los directivos Pastor Aguilar, Carlos Montes, Héctor Coello, Miguel Murillo, Doris Flamenco, Pedro Gonzales, Dulce María Zavala (lo devolvió) y Arturo Matute.
Hay una subpartida
Para Martha Doblado, actual directora de Injupemp, los relojes obsequiados a miembros de junta directiva de esta entidad fue un acto normal a falta de un reglamento para este tipo de regalos.
“Se supo de la entrega de esos relojes que se enmarca dentro de una subpartida presupuestaria que se llama Ceremonial y Protocolo que está en el manual de clasificación presupuestaria del Sistema Integrado de Administración Financiera (Siafi) de la Secretaría de Finanzas”, explicó Doblado, la que aseguró que la partida se utiliza para objeto de gasto en todas las instituciones y los regalos pueden ser premios, cenas, entre otros.
“El problema de esa partida es que no tiene prohibiciones que establezcan específicamente para qué deben ser utilizados estos fondos. Hay que poner frenos porque cuando no se ponen límites, las personas se disparan, por lo que debería haber un reglamento, por ejemplo que diga que se prohíbe que de esa partida se compren regalos para funcionarios o empleados del mismo Gobierno”, exhortó.
Hábito
Según Doblado, de la misma partida denominada Ceremonial y Protocolo se compran regalos en cualquier institución del Estado. “El problema es que no hay una norma porque no todas las personas son iguales para limitarse”, dijo.
Reconoció que el presupuesto de la institución proviene de tres fuentes, que son las cotizaciones, aportaciones y rendimiento de las inversiones, de las cuales se conforma esa partida que permite dar los regalos.
Sobre la devolución del reloj que hizo Zavala, la directora del Injupemp explicó que fue devuelto porque ella consideró que no podía aceptarlo siendo titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
“Ella vino a una reunión de junta directiva y dijo que lo devolvía porque en su condición de directora del CNA no podía recibir esos regalos y pidió que ese retorno se hiciera constar en el acta de ese día”, aclaró. Por tal razón, el reloj fue donado a Alba Gloria Montoya, encargada de aseo de la junta directiva, como estímulo a su trabajo que ha realizado por más de 22 años, manifestó Doblado.
Exdirectivos callan
LA PRENSA trató de obtener las opiniones de las personas que recibieronlos relojes, pero los resultados fueron infructuosos. Los miembros de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados de Honduras (Anjuppeh) se encontraban en una reunión, por lo que no fue posible que atendieran las preguntas.
Asimismo, se solicitó una entrevista con Dulce María Zavala, presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph) y exdirectora del CNA, quien no quiso dar declaraciones respecto al regalo, al igual que otros miembros de la agrupación. De igual forma, se trató de contactar a Doris Flamenco, pero se informó que ella ya falleció a causa de una enfermedad terminal.
Carlos Montes, exsubsecretario de Trabajo, también obtuvo el presente, pero él está detenido por actos de corrupción del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS). Otros de los entonces funcionarios que recibieron los presentes son Pastor Aguilar, de la Secretaría del Interior, y Héctor Coello, de Finanzas, pero de ellos tampoco hubo respuesta.
Abogados privados
Por otra parte, el TSC tendrá listo en menos de un mes el informe sobre la contratación privada de abogados que se dio en el Injupemp, aun contando con equipo legal dentro de la institución.
Según la investigación de LA PRENSA, se calcula que en la administración de Andrés Torres se dilapidaron unos L23 millones en pagos a abogados privados, cuyos trabajos no se materializaron, lo que dañó las finanzas de la institución.
“Manejamos dos investigaciones en el TSC sobre los abogados privados, que son básicamente la contratación de abogados para llevar casos especiales, demandas del Injupemp y de los cuales está por tarde emitirse los informes especiales en menos de un mes”, aseguró Alva Rivera.
La contratación de los abogados privados es una de las 13 líneas de investigación que el Ministerio Público y el CNA llevan a cabo sobre las irregularidades registradas en la administración de Torres.
“Estamos analizando si dentro de las disposiciones del presupuesto se apegaron estas contrataciones. Investigamos cuánto se ha pagado producto de esos contratos y qué resultados tuvo el Injupemp. Hay que conocer si se ganaron las demandas o se perdieron. Es necesario investigar sobre el daño patrimonial que se le pudo hacer a la institución”, expresó Rivera.
Contratos millonarios
Entre los contratos, avalados por la junta directiva que investiga el TSC, está el de L8.4 millones a abogados privados para recuperar un predio en el sector de El Trébol, en el sur de la capital. También investigan el contrato de L24 millones adjudicado a un litigante por los servicios para recuperar una de las propiedades de la institución.
Cabe señalar que el TSC todavía no investiga el contrato de L90 millones, también otorgado a abogados privados para recuperar el proyecto de Las Tapias I y Las Tapias II.
“Entraron dos denuncias, puedo hablar de la de 8.4 y la de 24 millones de lempiras. La de los L90 millones no la tenemos y el TSC está en capacidad de valorarla si hay suficientes insumos para investigar”, reveló Rivera.
La secretaria general del TSC agregó que la junta directiva que aprobó estos contratos millonarios a abogados privados quedan sujetos a investigación, ya que en la toma de decisiones los directores ponen las propuestas y es la junta directiva la que lo determina.
Las millonarias cotizaciones que realizan los funcionarios al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) han servido en parte para que su exdirector Andrés Torres regalara a los miembros de la junta directiva de 2011 relojes valorados en L81,000.
La denuncia de LA PRENSA alertó a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ya que las regalías se han hecho con fondos públicos, lo que da pie a una investigación. La secretaria general del organismo contralor, Alva Rivera, confirmó la investigación.
“La denuncia ya está interpuesta y también la tomamos de oficio por lo publicado en LA PRENSA ayer. Vamos a analizar qué tipo de irregularidades se cometieron en estas regalías”, manifestó Rivera.
El TSC investiga si el entonces director tenía autorización para hacerlo o, en su defecto, si había partida presupuestaria para este tipo de asuntos. “Casi nunca se este tipo de cosas. No debería existir una partida para regalías, ya que los miembros de las juntas directivas tienen prebendas, como el pago de dietas”, agregó Rivera.
Sustentos
Para la funcionaria del TSC, cuentan con suficientes sustentos para investigar y analizar qué es lo que pasó con los obsequios. “La compra existe y para algunos L80,000 puede ser poco, pero hay que analizar si esto es una práctica que se ha hecho antes. Las instituciones públicas no están en condiciones para hacer este tipo de regalos, ni siquiera para altos funcionarios”, expresó.
Sin importar el valor de lo relojes, el TSC le dará seguimiento a la denuncia. “El papel de los servidores públicos es fundamental, no puede haber prebendas cuando la situación del país es tan dramática. Esta investigación no llevará mucho tiempo porque hay varios elementos ya publicados, como el listado de los directivos que recibieron la regalía”, anunció la funcionaria.
La funcionara agregó que es primordial investigar este tipo de prácticas que el TSC y la sociedad condenan.
Para la Navidad de 2011, como director ejecutivo Andrés Torres autorizó la onerosa cantidad para la compra de 10 relojes marca Bulova. Los obsequios se otorgaron a los directivos Pastor Aguilar, Carlos Montes, Héctor Coello, Miguel Murillo, Doris Flamenco, Pedro Gonzales, Dulce María Zavala (lo devolvió) y Arturo Matute.
Hay una subpartida
Para Martha Doblado, actual directora de Injupemp, los relojes obsequiados a miembros de junta directiva de esta entidad fue un acto normal a falta de un reglamento para este tipo de regalos.
“Se supo de la entrega de esos relojes que se enmarca dentro de una subpartida presupuestaria que se llama Ceremonial y Protocolo que está en el manual de clasificación presupuestaria del Sistema Integrado de Administración Financiera (Siafi) de la Secretaría de Finanzas”, explicó Doblado, la que aseguró que la partida se utiliza para objeto de gasto en todas las instituciones y los regalos pueden ser premios, cenas, entre otros.
“El problema de esa partida es que no tiene prohibiciones que establezcan específicamente para qué deben ser utilizados estos fondos. Hay que poner frenos porque cuando no se ponen límites, las personas se disparan, por lo que debería haber un reglamento, por ejemplo que diga que se prohíbe que de esa partida se compren regalos para funcionarios o empleados del mismo Gobierno”, exhortó.
Hábito
Según Doblado, de la misma partida denominada Ceremonial y Protocolo se compran regalos en cualquier institución del Estado. “El problema es que no hay una norma porque no todas las personas son iguales para limitarse”, dijo.
Reconoció que el presupuesto de la institución proviene de tres fuentes, que son las cotizaciones, aportaciones y rendimiento de las inversiones, de las cuales se conforma esa partida que permite dar los regalos.
Sobre la devolución del reloj que hizo Zavala, la directora del Injupemp explicó que fue devuelto porque ella consideró que no podía aceptarlo siendo titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
“Ella vino a una reunión de junta directiva y dijo que lo devolvía porque en su condición de directora del CNA no podía recibir esos regalos y pidió que ese retorno se hiciera constar en el acta de ese día”, aclaró. Por tal razón, el reloj fue donado a Alba Gloria Montoya, encargada de aseo de la junta directiva, como estímulo a su trabajo que ha realizado por más de 22 años, manifestó Doblado.
Exdirectivos callan
LA PRENSA trató de obtener las opiniones de las personas que recibieronlos relojes, pero los resultados fueron infructuosos. Los miembros de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados de Honduras (Anjuppeh) se encontraban en una reunión, por lo que no fue posible que atendieran las preguntas.
Asimismo, se solicitó una entrevista con Dulce María Zavala, presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph) y exdirectora del CNA, quien no quiso dar declaraciones respecto al regalo, al igual que otros miembros de la agrupación. De igual forma, se trató de contactar a Doris Flamenco, pero se informó que ella ya falleció a causa de una enfermedad terminal.
Carlos Montes, exsubsecretario de Trabajo, también obtuvo el presente, pero él está detenido por actos de corrupción del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS). Otros de los entonces funcionarios que recibieron los presentes son Pastor Aguilar, de la Secretaría del Interior, y Héctor Coello, de Finanzas, pero de ellos tampoco hubo respuesta.
Abogados privados
Por otra parte, el TSC tendrá listo en menos de un mes el informe sobre la contratación privada de abogados que se dio en el Injupemp, aun contando con equipo legal dentro de la institución.
Según la investigación de LA PRENSA, se calcula que en la administración de Andrés Torres se dilapidaron unos L23 millones en pagos a abogados privados, cuyos trabajos no se materializaron, lo que dañó las finanzas de la institución.
“Manejamos dos investigaciones en el TSC sobre los abogados privados, que son básicamente la contratación de abogados para llevar casos especiales, demandas del Injupemp y de los cuales está por tarde emitirse los informes especiales en menos de un mes”, aseguró Alva Rivera.
La contratación de los abogados privados es una de las 13 líneas de investigación que el Ministerio Público y el CNA llevan a cabo sobre las irregularidades registradas en la administración de Torres.
“Estamos analizando si dentro de las disposiciones del presupuesto se apegaron estas contrataciones. Investigamos cuánto se ha pagado producto de esos contratos y qué resultados tuvo el Injupemp. Hay que conocer si se ganaron las demandas o se perdieron. Es necesario investigar sobre el daño patrimonial que se le pudo hacer a la institución”, expresó Rivera.
Contratos millonarios
Entre los contratos, avalados por la junta directiva que investiga el TSC, está el de L8.4 millones a abogados privados para recuperar un predio en el sector de El Trébol, en el sur de la capital. También investigan el contrato de L24 millones adjudicado a un litigante por los servicios para recuperar una de las propiedades de la institución.
Cabe señalar que el TSC todavía no investiga el contrato de L90 millones, también otorgado a abogados privados para recuperar el proyecto de Las Tapias I y Las Tapias II.
“Entraron dos denuncias, puedo hablar de la de 8.4 y la de 24 millones de lempiras. La de los L90 millones no la tenemos y el TSC está en capacidad de valorarla si hay suficientes insumos para investigar”, reveló Rivera.
La secretaria general del TSC agregó que la junta directiva que aprobó estos contratos millonarios a abogados privados quedan sujetos a investigación, ya que en la toma de decisiones los directores ponen las propuestas y es la junta directiva la que lo determina.
