Bajo Aguán, Honduras.
El Instituto Nacional Agrario (INA) señaló que un grupo de personas que recibe apoyo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca) destruyó parte de una finca en el Bajo Aguán, Colón.
Los labriegos, identificados como grupo Gregorio Chávez, cortaron plantaciones de palma africana y les prendieron fuego en la hacienda Paso Aguán días atrás, según hace constar en un correo electrónico Francisco Milla, jefe de Divulgación y Prensa del INA.
Este incidente sucede en medio de un reclamo formulado por el Muca para que el Gobierno readecue la deuda de más de 500 millones de lempiras que recibieron los miembros de ese movimiento para financiar el pago de fincas de palma africana que invadieron en predios del empresario Miguel Facussé, en el Bajo Aguán.
El gobierno y el Muca suscribieron un crédito de 526 millones de lempiras, bajo históricas condiciones preferenciales, para la compra formal de 3,900 hectáreas que los campesinos habían tomado a la fuerza en 2009.
El crédito, suscrito por medio del Banco Hondureño de Producción y Vivienda (Banhprovi), establece que los campesinos pagarían el mismo en 15 años, con tres años de gracia y con intereses del 2 al 6%. Pero dirigentes del Muca sostienen que, pese a las cláusulas preferentes que no se le otorgan a ninguna otra organización agrícola, ya no se puede honrar el préstamo y por eso piden que sea readecuado. La codirectora de la ONG Rights Action, Annie Bird, acusada de lanzar una campaña de desestabilización en el Bajo Aguán, publicó recientemente un artículo en el que señala que el jefe de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), coronel Germán Alfaro, paga sobornos a periodistas y testigos protegidos para que testificaran contra líderes campesinos.
Alfaro, según Bird, “comenzó un intenso esfuerzo para influir en la cobertura de la prensa” contra grupos campesinos y “según los informes ha establecido un constante diálogo con los periodistas, ofrecido sobornos, ha amenazado con reportar a los periodistas no amigables a la inteligencia militar”.
De igual manera, afirma Bird, como parte de su campaña en contra de Honduras, se “ha coordinado la capacitación para periodistas locales trayendo por vía aérea a periodistas colombianos en los aviones de la Corporación Dinant”.
“También se ha reportado ampliamente que en ese momento Alfaro ofreció entre $2,500 y $5,000 y visas al Brasil, Canadá o Estados Unidos para dar testimonio en contra de los líderes campesinos, en calidad de “testigos protegidos”, se acota en la nota.
El Instituto Nacional Agrario (INA) señaló que un grupo de personas que recibe apoyo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca) destruyó parte de una finca en el Bajo Aguán, Colón.
Los labriegos, identificados como grupo Gregorio Chávez, cortaron plantaciones de palma africana y les prendieron fuego en la hacienda Paso Aguán días atrás, según hace constar en un correo electrónico Francisco Milla, jefe de Divulgación y Prensa del INA.
Este incidente sucede en medio de un reclamo formulado por el Muca para que el Gobierno readecue la deuda de más de 500 millones de lempiras que recibieron los miembros de ese movimiento para financiar el pago de fincas de palma africana que invadieron en predios del empresario Miguel Facussé, en el Bajo Aguán.
El gobierno y el Muca suscribieron un crédito de 526 millones de lempiras, bajo históricas condiciones preferenciales, para la compra formal de 3,900 hectáreas que los campesinos habían tomado a la fuerza en 2009.
El crédito, suscrito por medio del Banco Hondureño de Producción y Vivienda (Banhprovi), establece que los campesinos pagarían el mismo en 15 años, con tres años de gracia y con intereses del 2 al 6%. Pero dirigentes del Muca sostienen que, pese a las cláusulas preferentes que no se le otorgan a ninguna otra organización agrícola, ya no se puede honrar el préstamo y por eso piden que sea readecuado. La codirectora de la ONG Rights Action, Annie Bird, acusada de lanzar una campaña de desestabilización en el Bajo Aguán, publicó recientemente un artículo en el que señala que el jefe de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), coronel Germán Alfaro, paga sobornos a periodistas y testigos protegidos para que testificaran contra líderes campesinos.
Alfaro, según Bird, “comenzó un intenso esfuerzo para influir en la cobertura de la prensa” contra grupos campesinos y “según los informes ha establecido un constante diálogo con los periodistas, ofrecido sobornos, ha amenazado con reportar a los periodistas no amigables a la inteligencia militar”.
De igual manera, afirma Bird, como parte de su campaña en contra de Honduras, se “ha coordinado la capacitación para periodistas locales trayendo por vía aérea a periodistas colombianos en los aviones de la Corporación Dinant”.
“También se ha reportado ampliamente que en ese momento Alfaro ofreció entre $2,500 y $5,000 y visas al Brasil, Canadá o Estados Unidos para dar testimonio en contra de los líderes campesinos, en calidad de “testigos protegidos”, se acota en la nota.
