Tegucigalpa. Elevar las penas por delitos relacionados con actos de corrupción sería una medida factible para obtener resultados en la prevención y combate del flagelo.
Así lo considera el fiscal especial contra la Corrupción, Ricardo Matute. En algunos casos sí es conveniente que se incrementen las penas por delitos relacionados con la corrupción, expresó.
Específicamente, dijo que se justifica elevar las penas a delitos que actualmente son sancionados con hasta seis años de reclusión. Entre ellos el abuso de autoridad, la violación de deberes de los funcionarios, que son sancionados de 3 a 6 años de prisión. “Es una pena relativamente baja para los estándares que actualmente tiene el Código Penal. Son penas que debieran de aumentar”, dijo.
Otros delitos relacionados son la falsificación de sellos oficiales y la estafa, entre otros.
En la sociedad existe la sensación de impunidad, al no remitir a prisión a los acusados por actos de corrupción. En su mayoría los jueces les permiten defenderse en libertad o en los casos de condena el responsable puede conmutar la pena.
Sin embargo, el fiscal considera que primero debe prevalecer un trabajo en conjunto entre las distintas instituciones del Estado para realizar de manera más eficiente el trabajo. Esto incluye la coordinación entre entidades como la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General y organismos de la sociedad civil afines al asunto. “Eso es primario, antes del aumento de penas”, aclaró Matute. A su criterio, de nada serviría elevar las penas si no se condena a nadie.
En torno al tema, el Ministerio Público instruyó empezar un proceso para reestructurar la Fiscalía contra la Corrupción, para obtener mejores resultados.
“A nosotros solo nos corresponde acatar las instrucciones y los cambios que nuestros superiores así lo establezcan necesario para el mejor trabajo y desempeño de esta Fiscalía”.
