Una comisión del Congreso Nacional entregará hoy un informe preliminar para que el plenario resuelva si acepta el plan del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para superar la crisis política en el país.
El Acuerdo de San José que para Arias “sigue vivo” contempla, entre otras medidas, restituir en el poder a Manuel Zelaya, otorgar una amnistía para los delitos políticos cometidos antes y después del 28 de junio y adelantar las elecciones, punto desestimado por el Tribunal Supremo Electoral, TSE.
La comisión trabaja a marcha forzada, pero aún no encuentra el respaldo de la sociedad. El rechazo es contundente. La comisión está integrada por Ricardo Rodríguez, Toribio Aguilera, Enrique Rodríguez Buchard, Rodolfo Irías Navas, Ramón Velásquez Názar, Donaldo Reyes y Emilio Cabrera.
Los diputados parten del principio que la amnistía sería para los violadores de la Constitución, en este caso el ex Presidente y sus seguidores, y que un poco probable perdón está desvinculado de una remota posibilidad del retorno a la Presidencia.
Sostienen que en la remota posiblidad de que la sociedad decida perdonarle los delitos políticos y acepten su restitución, advirtieron que las investigaciones por delitos comunes siguen en el Ministerio Público, por lo que más tardaría en retornar a la Presidencia que en ir a prisión por actos de corrupción y violación a los deberes de los funcionarios.
Ramón Velásquez Názar, vicepresidente del CN y miembro de la comisión, dijo que el Acuerdo de San José habla de amnistía por delitos políticos y no incluye nada más. Los delitos comunes estarían excluidos de esa gracia y al final, el Congreso decidirá qué tipo de amnistía dará, si hay necesidad o no de incorporar los delitos conexos, es decir si el ex Presidente enfrenta otros delitos comunes deberá ir a los tribunales, eso no significa que el Congreso dará la amnistía, porque es una decisión que propondrá la comisión en la resolución y que será aprobada o no por el dictamen.
Agregó que el Congreso dará a conocer una opinión, pero si se firmara el Acuerdo habría que elaborar una ley que establezca las condiciones de esa amnistía.
“La comisión no tiene una posición definida sino un compromiso de estudiar a fondo el asunto, hacer una consulta amplia porque involucra a la hondureñidad porque si el diálogo es la mejor solución no tenemos por qué agotar el tiempo”.
“No hay realmente una voluntad de darle amnistía al ex Presidente, la población está en contra, nuestra obligación ahora es desarrollar una actividad pedagógica para que el pueblo entienda que una cosa es la amnistía y otra el indulto”.
Mel sólo tiene delitos comunes en la orden de captura, “lo que debemos saber es que la investigación del Ministerio Público no está agotada”. “La amnistía no pasa por la restitución de Zelaya, es un aspecto separado, el Acuerdo plantea la restitución, pero es obvio que la mayoría no estaría de acuerdo”. Velásquez conoce la posición de la CSJ que debe regresar, pero a someterse a la justicia; el Ejecutivo dijo que es inaceptable.
“La restitución no le corresponde al Congreso, éste fijará su posición en la amnistía, pero se ve difícil que el informe sea favorable. Hasta este momento la opinión de las organizaciones ha sido en contra, como la Unión Cívica Democrática y el Poder Judicial”, dijo.
Juan Ángel Rivera señaló que la amnistía sería después del acuerdo de paz, los términos de cómo se redactaría serían otra cosa.
Ricardo Rodríguez, presidente de la comisión, dijo que “invitamos a los diferentes sectores y nos dieron valiosa información, más otra de los magistrados”.
No al adelanto de elecciones
El Tribunal Supremo Electoral se pronunció en contra de adelantar los comicios, señalando que “la modificación de la fecha de las elecciones afecta dramáticamente todo el cronograma electoral”.
Por lo tanto, obstaculizar su desarrollo sería un “delito electoral”.
“La ejecución del proceso electoral está diseñado de forma que, sus plazos están directamente vinculados con la fecha de la práctica de las elecciones generales (29 de noviembre del 2009) iniciando por su convocatoria, la que se realizará seis (6) meses antes y concatenados de tal manera, que la modificación de la fecha de las elecciones, afecta dramáticamente todo el cronograma electoral”, dice en respuesta al Acuerdo de San José.
El Acuerdo pide celebrar las elecciones el 28 de octubre y el primero de agosto iniciar la campaña. “Este tema es tan sensitivo, que incluso la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas en su Artículo #212, numeral 19) tipifica como delito electoral el obstaculizar el desarrollo del Cronograma Electoral”.
“El adelantamiento de la fecha de las Elecciones Generales al 28 de octubre del corriente año, tal como lo establece la Propuesta de San José, que a nuestro juicio en todo caso, debe recaer en un día domingo y no miércoles como está propuesto, conlleva, dice el TSE, varias implicaciones”.
Entre ellas plantea las “jurídicas-administrativas” porque se violentaría el artículo 45 de la Constitución de la República, que establece: “Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país”.
“No hay duda”, dice el ente colegiado, “que el adelantamiento en la fecha, limita la participación de los nuevos ciudadanos, al dar por vencido anticipadamente el plazo para obtener su tarjeta de identidad”.
“Se violentaría igualmente el artículo 64 de la Constitución que establece que no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan y en concreto, el adelantamiento de las Elecciones, restringiría los derechos de los ciudadanos establecidos en la Ley Electoral”.
La Ley fija plazos para obtener la tarjeta de identidad, actualizar su domicilio electoral, el derecho a presentar reclamos al padrón electoral y garantizar derecho a ejercer el sufragio. Si se adelantan las elecciones estos plazos “se darían por vencidos anticipadamente, impidiéndoselos o restringiéndoselos, según sea el caso”.
Sobre el adelanto de la campaña plantea que generaría “condiciones desiguales para unas organizaciones políticas respecto a otras”.
Para adelantar las elecciones y la campaña se deberán hacer reformas a la Ley Electoral y de las Organizacones Políticas, dice el ente.
Sobre la idea, ya establecida en la Constitución, de poner las FFAA a la orden del TSE un mes antes de las elecciones, el TSE dice: “Para el cumplimiento de esta responsabilidad, el Tribunal Supremo Electoral requiere de la disponibilidad de casi la totalidad de la logística y personal de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Es esencial, que las FFAA estén en este período dedicadas casi exclusivamente a la función arriba encomendada, sin tener que distraer sus esfuerzos en tareas que conlleven el uso de sus recursos en otras acciones ajenas al proceso electoral”.
Honduras domina Cumbre
El tema central de la Cumbre de Tuxtla de presidentes de Centroamérica, México y Colombia quedó rezagado ayer ante la crisis hondureña y el nuevo conflicto entre Venezuela y Colombia.
El presidente Óscar Arias pidió ayer no dejar morir su propuesta. “Hoy les pido que no desistamos en este esfuerzo. No bajemos los brazos en la lucha por lograr una solución pacífica al conflicto hondureño”.
“El Acuerdo de San José sigue vivo (…) es una semilla sin germinar”, agregó Arias y destacó que”la democracia es un sistema incompatible con el descanso” y que “aquello que se construye con mucho ahínco puede destruirse en poco tiempo”, como lo demuestra la situación en Honduras, que debe servir “para no cometer los mismos errores”.
Instó a sus colegas a apoyar y facilitar una salida dialogada. “Más de siete millones de hondureños nos piden que tengamos, al menos, la sabiduría de no cometer los mismos errores. Así es que hagamos de Honduras el cristal con que miremos los temas de esta Cumbre”, expresó.
TSE: Magistrados en Costa Rica
Tegucigalpa. Dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, TSE, salieron ayer hacia Costa Rica donde expondrán su posición sobre el Acuerdo de San José y el papel que está desempeñando el organismo en el proceso electoral.
David Matamoros y Enrique Ortez Sequeira representarán al Tribunal Supremo Electoral en la “23 Conferencia de Organismos Electorales de CA y el Caribe” que reunirá a 23 países.
Cada país expondrá sobre la situación político-electoral y el caso de Honduras los magistrados van listos para contestar todas las inquietudes que surjan de la crisis política que vive el país, dijo el magistrado Matamoros.
“Vamos preparados porque sentimos que habrá bastantes preguntas sobre lo que sucede en Honduras”, dijo el magistrado.
OEA se reúne el viernes
EUA. La Organización de Estados Americanos, OEA, tendrá dos reuniones mañana para tratar la crisis política.
Los representantes de los 33 países activos se reunirán primero en privado la mañana y luego en la tarde en una sesión abierta a la prensa. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pidió ayer a Manuel Zelaya no dar “excusas” al Gobierno de facto, que tildó de “dictadura”, para rechazar una salida negociada a la crisis.
Insulza declaró que la insistencia de Zelaya de entrar a Honduras por la frontera con Nicaragua contribuye a exacerbar la crisis.
“Quisiéramos de parte de él que también contribuya a la negociación no creando con eso una exacerbación de las cosas que permita a gente de la dictadura crear excusas para no avanzar en la solución del problema”, afirmó.
