Ricardo Rodríguez, subprocurador general de la República, confesó que ha consultado con varios expertos en derecho internacional sobre la denuncia del ex presidente Manuel Zelaya y seis ex funcionarios ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, y la respuesta ha sido que Honduras casi tiene perdido el caso.
“Los miembros de la CIDH (organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA, según sus principios) hablan como la OEA, piensan como la OEA, opinan como la OEA y redactan como la OEA cuando se refiere a Honduras”, explicó el funcionario.
Esta comisión el mismo 28 de junio de 2009, día en que el Congreso Nacional destituyó de la Presidencia a Zelaya, condenó al Estado de Honduras sin un informe preliminar.
“A pesar de que varios analistas nos han dicho que automáticamente nos estarían condenando, seguimos trabajando en la respuesta a manera de dejar sin efecto las peticiones de Zelaya”, señaló Rodríguez a LA PRENSA; él espera que la CIDH sí desestime el proceso al conocer los documentos que se están preparando.
El pasado 26 de enero, una semana después que Porfirio Lobo firmara el salvoconducto para que se fuera en calidad de “huésped” a República Dominicana, Zelaya denunció al Estado de Honduras ante la CIDH junto con seis de sus ex ministros debido a los hechos ocurridos en junio del año pasado.
En su denuncia, Zelaya pide a la CIDH, entre otras exigencias, convocar e instalar una Asamblea Nacional Constituyente “para volver al orden democrático”, la suspensión de las órdenes de captura y una indemnización económica.
La última visita de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Honduras en agosto de 2009. La delegación estuvo compuesta por la presidenta Luz Patricia Mejía Guerrero, el primer vicepresidente Víctor Abramovich, el segundo vicepresidente y relator para Honduras Felipe Gonzales, el comisionado Paolo Carozza, el secretario ejecutivo Santiago A. Cantón y la relatora especial para la libertad de expresión Catalina Botero.
En su informe, la CIDH dijo que confirmó la existencia del patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información, entre otras cosas.
Rigoberto Espinal Irías, asesor del Ministerio Público, ha declarado que es de alta preocupación el ingrediente político en los informes de la CIDH, ya que su presidenta es venezolana y otros miembros son de origen chileno y argentino.
“Esa denuncia no va a pegar porque hay mucha documentación que la CIDH no conoce”, advirtió Rodríguez. Después de que el Estado de Honduras responda mediante informe a la CIDH, ésta determinará si presenta o no la denuncia de Zelaya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta instancia determinará si la admite o no.
Honduras ha perdido seis de siete casos
Las autoridades de la Procuraduría General de la República están preocupadas. Hace unos días esta institución convocó a todos los abogados hondureños que llevan los casos más importantes en defensa del Estado. Una de las grandes preocupaciones de sus autoridades es que la mayoría de casos el país los pierde y a eso se debe la convocatoria.
En lo que respecta a las defensas del Estado en juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Honduras ha perdido seis casos de siete elevados a esa instancia.
“El Estado de Honduras sólo ha ganado un caso ante esta Corte, el de los costarricenses Francisco Fairén y Yolanda Solís Corrales, desaparecidos en 1981 cuando viajaban rumbo a México. En ese caso, Guatemala certificó que ambos salieron de Honduras por la aduana El Florido el 12 de diciembre de 1981.
En este momento, la CIDH pide revisión de cuentas por el secuestro y expatriación de Patricia Rodas”, dijo la fiscal de los Derechos Humanos, Sandra Ponce.
Hace unos días, Ponce interpuso su renuncia ante la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos que prepara la defensa del Estado por la denuncia de Zelaya y sus ex ministros. Ponce fue sustituida por el reconocido y veterano jurista Rigoberto Espinal Irías.
La Comisión vuelve a reunirse el martes 23 para consensuar la contestación a la CIDH y el informe especial que se entregará para que conozca de mano de los tres Poderes del Estado lo acontecido en torno al 28 de junio de 2009.
