La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y equipo biomédico del Ministerio Público (MP) inspeccionaron este jueves el hospital móvil de Santa Rosa de Copán.
La inspección se deriva de las diligencias que se siguen en el denominado caso “Hospitales móviles” y debido a que supo que los contenedores hospitalarios instalados en el occidente del país comenzaron a funcionar el 26 de junio pasado, casi siete meses después de su llegada a la ciudad de Santa Rosa (31 de diciembre de 2020).
Los fiscales, personal biomédico y agentes de los departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública y Patrimonial y de Procesamiento de Escena del Crimen de la Atic, verificaron que hasta el momento se están utilizando las áreas de triaje y emergencia para pacientes ambulatorios con covid-19 y que en las salas UCI de hombres y mujeres hay una excesiva carga de pacientes que dificulta el acceso y atención.
Puede leer: Vacunarán contra el covid-19 a más de 20,600 reos hondureños
Además, se constató que los ventiladores mecánicos presentan fallas y que las áreas de laboratorio, farmacia, lavandería y cocina están sirviendo de bodegas. De igual manera se informó no funciona la morgue ni la planta desechos sólidos.
|
Compra fallida y capturados
Como se recordará, fueron siete unidades de atención médica para pacientes con covid-19 que se compraron en los primeros meses de la pandemia a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), a un costo de más de 47 millones de dólares.También: Fondo Ruso anuncia que enviará las segundas dosis de la Sputnik este mes
Por el caso “Hospitales móviles”, el Ministerio Público acusó a Marco Antonio Bográn Corrales y a Alex Alberto Moraes Girón, altos exdirectivos de Invest-H, señalados por dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude, por lo que guardan prisión.
Por esta causa también se imputó a Axel Gamaliel López Guzmán por dos delitos de fraude y contra quien el Ministerio Público logró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ordenara el aseguramiento de L101,777,602, que equivalen a más de cuatro millones de dólares de las cuentas de la empresa Elmed Medical Systems, propiedad del guatemalteco.
