La terminal de Omoa es inversión privada, no concesión estatal

El contrato de concesión de servicios para la terminal marítima portuaria de cruceros, buques mercantes y cabotaje en Omoa establece que la Empresa Nacional Portuaria (ENP) percibirá un canon de las tarifas por servicios de carga prestados por parte del concesionario.

De acuerdo al contrato que se encuentra en el portal de transparencia de la Empresa Nacional Portuaria, el consorcio conformado por las sociedades mercantiles Inversiones Estratégicas Portuarias S.A. y Servicios Consolidados de Honduras S. de R.L. construirá con inversión privada una “nueva facilidad marítima que permita promover el desarrollo económico a través de la generación de empleo”.

A la vez, que la terminal marítima “cuente con instalaciones modernas y eficientes para asegurar un servicio de calidad, continua y confiable y a un costo competitivo para el usuario”.

Confusión

El presidente de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), Leo Castellón, explicó que la terminal no es una concesión como tal, sino una inversión privada.

“Esta (la de Omoa) no es una concesión, sino un proyecto privado y ahí está la confusión, pues cuando se habla de concesión es cuando se aprobó a principios de este año, creo que fue el decreto 170-2020 que declaró el proyecto de interés nacional”, indicó el funcionario.

Según Castellón, el proyecto “se mandó a la ENP a hacer un contrato de servicios marítimos”.
Añadió que lo que se aprobó recientemente en el Congreso Nacional “fue un contrato de servicios que usualmente se le llama concesión”.

Además de la aprobación del contrato entre la ENP y el consorcio, el Legislativo aprobó el 20 de julio pasado la exoneración del pago de impuestos, tasas y contribuciones de diferente índole.

Cabe señalar que la declaratoria del proyecto de la terminal de Omoa fue publicado el 22 de enero de 2021 en el diario oficial La Gaceta, bajo el decreto ejecutivo número PCM-039-2020.

“Interés nacional”.

Por su lado, el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), a través de su portal web, ha difundido información sobre el proyecto, el cual hizo la recomendación para que fuera declarado de interés nacional.

Esta categoría “significa que el inversionista podrá operar sin la necesidad de las licencias o permisos vigentes que se encuentren al momento de su construcción, el beneficio solo es operar anticipadamente”, explicó Raquel Aguilar, asesora legal del CNI, quien recordó a su vez que la función de la institución es apoyar a los inversionistas en cuanto a los trámites, procedimientos y asesorarlos con información relevante sobre el marco jurídico, brindando asesoría económico-financiera y acompañándolos en los procesos de inversión.

En declaraciones a medios de comunicación de la capital, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, refirió que “a simple vista tener otro puerto para el país es algo positivo, el hecho que exista competencia es algo positivo, el hecho que exista la inversión también es algo positivo”.

“Desde ese ángulo vemos con alegría que van a haber más opciones de las que existen para el usuario portuario”, añadió Facussé.

No obstante, el empresario es del criterio que este proyecto debe ser debidamente socializado con toda la población para aclarar sus alcances.