La mañana de este martes comenzó la Operación Omega IV a través de inspecciones en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC) de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y en la Alcaldía del Distrito Central.
Fiscales investigan a la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento por una serie de delitos que van desde negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, malversación de caudales públicos, fraude y asociación ilícita, que involucra a 278 organizaciones no gubernamentales, diligencias que surgieron luego de presentar casos penales, entre ellos “Red de diputados” y “Arca abierta”.
En tanto, en la comuna capitalina se investiga un supuesto mal uso de un fideicomiso vinculado a los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos, lo que podría conllevar a responsabilidad penal contra actuales autoridades edilicias.
Por otra parte, en acciones de la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos se procederá a interponer un requerimiento fiscal contra 16 sospechosos del delito de contrabando y defraudación fiscal, entre ellos, empleados de la administración aduanera.
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Según la investigación dirigida por la Fiscalía Contra los Delitos Tributarios y gracias al ingreso de una denuncia anónima, se logró descubrir cómo los involucrados al parecer defraudaron al fisco nacional por alrededor de 20,000,000.00 millones de lempiras.
La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor hará inspecciones en clínicas, hospitales y empresas encargadas de venta de oxígeno para verificar precio y que no se aprovechen de la población que padece de covid-19.
De su lado, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia efectúa 12 inspecciones y decomisos en los departamentos de Choluteca y Valle, sur de Honduras, de los registros en postas policiales, militares y oficinas civiles, de lo que se espera obtener indicios y prueba científica tras hechos denunciados por activistas de derechos humanos.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), en el sur del país, llevarán a cabo inspecciones en libros de novedades, decomisos y recepción de información con relación a distintas denuncias, donde se investiga a funcionarios policiales, al tiempo que en San Pedro Sula se realizan toma de declaraciones y recepción de documentos, en torno a diferentes denuncias que se conocen en contra varios jueces y otros funcionarios judiciales.
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En la lucha contra el narcotráfico, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) mediante orden judicial incinerarán con las formalidades de prueba anticipada 2,392 kilos de clorhidrato de cocaína, resultado de ocho expedientes judiciales donde se ha producido el decomiso.
Fiscales además coordinarán múltiples allanamientos y capturas en contra de miembros de grupos criminales dedicados a la extorsión.
 En aldea Trinchera, colonia Armando Gale y sector López Arellano en Choloma, Cortés, ejecutan allanamientos en busca de armas, drogas y personas con orden de captura.
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Además, los fiscales del Medio Ambiente interpondrán 12 requerimientos fiscales por agravios cometidos en zonas protegidas en diferentes departamentos, así como inspecciones de campo por contaminación y daños forestales.
Otras áreas de acción comprenden los temas de niñez, derechos humanos, propiedad intelectual, delitos comunes y microtráfico de drogas, esto a nivel nacional bajo la coordinación de todas las fiscalías especiales, regionales y locales.
