TEGUCIGALPA.
Un convenio de cooperación se les autoriza suscribir a la Secretaría de Salud (Sesal) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para ampliar la cobertura de vacunación contra el covid-19 de familiares de asegurados y otros grupos poblacionales específicos en el marco de la pandemia.
Así quedó estipulado en la reforma por adición al artículo cuatro del decreto legislativo 162-2020 contentivo de la Ley de Vacuna Gratuita para Todos contra el Covid-19, que subraya que “se autoriza a la Secretaría de Salud y al Instituto Hondureño de Seguridad Social en el marco de la pandemia a suscribir un convenio de cooperación que permita la ampliación y pronta cobertura de vacunación de familiares de asegurados y otros grupos poblacionales específicos”.
Lo anterior se llevará a cabo de acuerdo con los lineamientos incluidos en el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna Covid-19 emitido por Salud, se constató con base en el dictamen que se aprobó en la cuarta sesión virtual que celebró el Congreso Nacional el pasado sábado.
La disposición añade que “cualquiera de las instituciones públicas que adquieran vacunas contra el covid-19 debe garantizar que las primeras dosis serán para la atención de los trabajadores de la salud, sean privados o públicos”.
Por segunda ocasión, los diputados del órgano unicameral modificaron el articulado de esta normativa publicada en el diario oficial La Gaceta en fecha 7 de diciembre de 2020, ya que había sufrido cambios como parte de la Ley Especial para la Garantía de la Atención por Eventos Adversos Graves Atribuidos a la Aplicación o Uso de la Vacuna contra la Covid-19 y en su caso para la compensación sin culpa.
Las reformas se dan luego de que Costa Rica, Panamá y El Salvador comenzaran a inmunizar a sus poblaciones, mientras que Honduras sigue en incertidumbre, a la espera de donaciones del mecanismo Covax.
Compras directas
Aunque ya se había admitido en el Congreso que Salud queda facultada para comprar de forma directa, sin intermediarios y sin sujeción a las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado, se le adicionó que se podrán realizar las gestiones oportunas y pertinentes para las adquisiciones de vacunas anticovid, así como toda la cadena de logística, dispensaria y de suministro necesaria para la aplicación de las dosis, según la nueva redacción del artículo dos de la legislación.
“En dichos procesos deberá darse prioridad a la disponibilidad inmediata de la vacuna en el menor tiempo posible y su disponibilidad en cantidad suficiente para toda la población e incorporarla al esquema nacional de vacunación a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)”, se agregó a la disposición.
Si bien el artículo seis planteaba la garantía y transparencia en la compra de vacunas para combatir el coronavirus, fue suprimido de esa disposición que este proceso se haga solo con los fabricantes de las dosis de inmunización aprobadas por organismos internacionales, por lo que se quita el impedimento para obtener vacunas como la Sputnik V.
Se verificó que también se eliminó de ese artículo que tanto Salud como el Seguro Social deben asegurarse de la calidad de las vacunas anticovid obtenidas al precio más justo.
En el artículo siete del instrumento jurídico vigente quedó establecido que las empresas farmacéuticas y/o las personas jurídicas públicas proveedoras de vacunas que sean contratadas deben contar con una autorización de uso de emergencia emitida por la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), garantizando la normalización basada en evidencia científica.
