Tegucigalpa, Honduras.
El anterior y este nuevo embargo ya ocasionan un enorme perjuicio económico a las arcas de la institución educativa en vista de que esos fondos están destinados a pagos de planillas, proyectos y el
plan de reforma universitaria, entre otros.
Agotado el trámite administrativo, el representante legal del sindicato acudió en amparo ante la
Sala Constitucional de la CSJ, cuyos miembros por unanimidad de votos otorgaron el recurso de amparo al sindicato y ordenó a la rectora Julieta Castellanos proceder al reconocimiento del Sidunah, la integración e inscripción de su junta directiva y que se proceda al traslado de las cantidades que corresponden a las retenciones sindicales por cuotas ordinarias y extraordinarias
deducidas desde abril de 2013 a la fecha.
La resolución de un juez ejecutor ha puesto en precario la continuidad de la reforma universitaria, el cumplimiento de compromisos salariales, el pago de contratos y la ejecución de proyectos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), luego que decretara, al margen de lo consignado en un fallo de la Sala Constitucional, el embargo de las cuentas de la máxima casa de estudios en el Banco Central de Honduras (BCH) por 80 millones de lempiras.
La retención de los fondos se deriva originalmente de un reclamo formulado en abril de 2013 por el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sidunah) para que las autoridades universitarias reconocieran la existencia del referido sindicato y procedieran a trasladar a sus cuentas las retenciones sindicales de los más de 164 afiliados a esa organización gremial.
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Inexplicablemente, el embargo abarca las retenciones de los 2,650 docentes que laboran para la Universidad, la mayoría de los cuales ya pagan el 1% de cuota sindical al Sitraunah y con el agravante que el 93.2% no están afiliados al Sidunah.
Embargo
Como resultado de este prolongado litigio que derivó en julio de 2015 en un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor del Sidunah, el 10 de diciembre del año pasado, el juez ejecutor German Ubaldo Flores Enamorado, designado por ese poder del Estado, ordenó el embargo de 39.3 millones de lempiras de las cuentas de la Unah en el Banco Central de Honduras por concepto de cuotas sindicales dejadas de pagar.Aunado a eso en noviembre de 2020, el mismo juez ordenó a las autoridades universitarias el pago de la cantidad de 41.3 millones de lempiras por ese mismo concepto, el cual se ejecutará también mediante el mismo procedimiento de embargo de las cuentas en el BCH.
| Fechas a tomar en cuenta
1. Creación del Sidunah, el 28
de mayo de 2012, la Secretaría de Trabajo reconoce la personalidad jurídica del Sindicato de Docentes de la Unah (Sidunah) y lo inscribe.
2. Solicitud de inscripción El 5
de marzo de 2013, el apoderado legal del Sidunah solicita a la Unah su reconocimiento y la retención y traslado a sus cuentas de las cuotas sindicales.
3. Recurre en amparo
El 13 de marzo de 2013, el sindicato presenta amparo ante la Sala Constitucional solicitando su reconocimiento legal y el traslado de cuotas.
4. Fallo de la sala
El 28 de julio de 2015, la Sala Constitucional emite sentencia y ordena a Unah reconocer al Sidunah y ordena que se trasladen cuotas sindicales.
2. Primer embargo
El 10 de diciembre de 2019, el juez ejecutor emite oficio al BCH ordenando embargar cuenta de la Unah por un monto de L39.3 millones.
3. Segundo embargo
El 9 de noviembre de 2020, el juez ejecutor comunica al apoderado legal de la Unah oficio ordenando el pago de 41.3 millones de lempiras al Sidunah.
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La unidad de investigación y datos de Diario LA PRENSA tuvo acceso exclusivo al voluminoso expediente del caso que se remonta al año 2013, cuando se crea el Sidunah, durante la gestión de la entonces rectora Julieta Castellanos Ruiz.
Según la documentación del litigio, en aquel momento el Sidunah a través de su apoderado legal Jesús Antonio Ferrera solicitó a las autoridades universitarias su reconocimiento como organización sindical representante de los docentes universitarios y a la vez pidió que se comenzará a deducir la aportación sindical del 1% a sus 164 miembros y se trasladara a sus cuentas.
En repuesta, la Unah solicitó al sindicato que antes de continuar con el trámite de reconocimiento tenía que subsanar varios aspectos de la solicitud, entre ellas, acreditar la afiliación de los docentes a la organización debidamente firmadas por cada uno de ellos, el punto de acta aprobado en la asamblea para que se hicieran las deducciones y la autorización firmada por cada uno de los afiliados.
Según consta en el dossier judicial, el Sidunah subsanó algunos de los puntos, pero no el relativo a la entrega de las solicitudes originales de afiliación firmadas por los docentes miembros de la organización, y en consecuencia la Unah ordenó archivar las diligencias con base en lo consignado en la ley.
El 15 de octubre de 2013, el apoderado legal del Sidunah apeló la decisión de la Unah y 16 días después el departamento legal emitió resolución definitiva del caso y remitió un informe al Consejo Universitario.
Posteriormente, el apoderado legal del Sidunah invocó la afirmativa ficta, pero la misma fue declarada improcedente por la Unah.
Amparo y fallo
Agotado el trámite administrativo, el representante legal del sindicato acudió en amparo ante la
Sala Constitucional de la CSJ, cuyos miembros por unanimidad de votos otorgaron el recurso de amparo al sindicato y ordenó a la rectora Julieta Castellanos proceder al reconocimiento del Sidunah, la integración e inscripción de su junta directiva y que se proceda al traslado de las cantidades que corresponden a las retenciones sindicales por cuotas ordinarias y extraordinarias
deducidas desde abril de 2013 a la fecha. Para la ejecución de la sentencia, la sala designó como juez ejecutor al togado German Ubaldo Flores Matamoros, quien ordenó el año pasado y este el embargo de las cuentas de la Unah en el BCH para resarcir los pagos de afiliación sindical.
En sus escritos, la Universidad argumenta que el embargo de sus cuentas es una medida “arbitraria y extralimitada” del juez ejecutor, por cuanto no está consignada en el contenido de la sentencia de la Sala Constitucional y ha violentado reiteradamente el derecho de defensa de la institución.
Además, la Unah alega que el juez ejecutor se excedió en sus atribuciones y en lo consignado de la sentencia al ordenar la integración del Sidunah en los órganos de gobierno de la Universidad, entre estos, al Consejo Universitario, el Consejo de la Carrera Docente, las comisiones de concurso, y en el alivio de la carga académica de los directivos del sindicato, lo cual no está consignado en la letra del fallo de la Sala Constitucional.
La junta directiva del Sidunah está siendo presidida por Carlos Lizardo, primo hermano del entonces magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema José Elmer Lizardo Carranza, quien falló a favor del sindicato.
Ante los reiterados y supuestos abusos del juez, la Unah presentó una denuncia formal contra Flores Matamoros en el Ministerio Público y la Inspectoría de Tribunales por el delito de prevaricato judicial, los cuales están en trámite.
El 11 de marzo de 2015, la Fiscalía de Defensa de la Constitución elaboró un amplio estudio del caso y recomendó a la Sala Constitucional denegar el recurso de amparo promovido por el Sidunah por no violentar preceptos constitucionales.
Fuentes de la Unah consultadas por LA PRENSA indicaron que la institución ha cumplido el fallo de la Corte en lo atinente al reconocimiento e inscripción del sindicato; pero no está facultada para hacer deducciones que no estén debidamente autorizadas por los docentes.
Además, el embargo de los 80 millones es improcedente por cuanto se hace sobre la base de todos los docentes que trabajan en la Universidad muchos de los cuales no pertenecen a ese sindicato, están jubilados, retirados o han muerto en los últimos años del litigio.
