Ciudad de México, México.
Ropa interior usada, gusanos en la comida, temperaturas muy frías y extensas jornadas de trabajo a cambio de una lata de refresco o bolsa de papas.
Así viven los migrantes en los centros de detención en Estados Unidos, denuncian organizaciones civiles.
La situación empeoró desde que la administración del presidente Donald Trump le dio la total libertad para gestionar esos recintos a empresas privadas como GEO Group o CoreCivic, con millonarios contratos que hacen de la detención de los sin papeles “un negocio perfecto”, aseguran defensores de los migrantes.
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Este año, esas compañías aportaron la mayor cantidad de fondos en la historia a la campaña del republicano de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Estas empresas, que reciben del Gobierno federal hasta 140 dólares al día por cada migrante recluido, “gastan lo mínimo” para la atención de los indocumentados, acusa Maru Mora, fundadora de La Resistencia, un grupo promigrantes en el estado de Washington.
“El pensar que los derechos existen dentro de estos centros es algo erróneo. No tienen ningún interés de tratar a la gente como seres humanos”, señala Rey Wences, miembro de Comunidades Organizadas contra las Deportaciones, en Illinois.
De acuerdo con las activistas, los detenidos han organizado huelgas de hambre, enviado cartas en masa y han organizado otras acciones, algunos han llegado al suicidio, con la esperanza de llamar la atención sobre un sistema que consideran está basado en la deshumanización.
“Hay mucha gente que ya ha estado presa (...) y que cuando van al centro de detención nos dicen una y otra vez: ‘yo prefiero la prisión, la prisión es mejor’”, agrega Mora.
Alrededor del 65% de los más de 200 centros de detención de migrantes están en manos de empresas privadas que reciben contratos del Gobierno federal para gestionar estos centros. Entre más detenidos, mayores son los fondos que perciben.
